Salvatore Mancuso es llamado a testificar contra Álvaro Uribe Vélez en juicio

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es la primera persona que ocupó el máximo cargo en el país y es llamado a juicio penal por parte de la Fiscalía en la historia de Colombia. Ayer 9 de abril, el ente investigador radicó el escrito de acusación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, con lo cual oficialmente se comprometió a condenarlo por una serie de eventos de presunta manipulación de testigos. El Espectador conoció el listado de testigos del juicio.

En total, son 34 los testigos llamados por la Fiscalía para intentar probar la hipótesis de que, en la década pasada, Uribe utilizó emisarios para lograr que personas conocedoras del paramilitarismo lo dejaran bien parado en otros procesos judiciales y, a la par, intentaran enlodar al senador Iván Cepeda. Entre el listado de testigos, que deberá ser aprobado o negado parcialmente por el juez 44 penal de Bogotá, está el exjefeparamilitar Salvatore Mancuso, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, tras regresar este año en extradición desde Estados Unidos.

En los próximos días, la Fiscalía deberá sustentar por qué considera necesaria la presencia de Mancuso en el juicio de Uribe, el cual iniciará el próximo 17 de mayo. Además de Mancuso, la Fiscalía solicitó se incorpore la prueba testimonial de las siguientes personas: el senador Iván Cepeda; el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; el sonado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve y su exesposa Deyanira Gómez; el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Mario de Jesús Uribe, primo del expresidente y político.

Además: el abogado sancionado Diego Cadena, quien también está en juicio por los mismos hechos; Juan José Salazar, su compañero de trabajo, también en juicio; la exparamilitar Euridice Cortés, alias Diana; el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos; el exparamilitar Carlos Eduardo López, alias Caliche; la exfiscal condenada Hilda Niño; el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo; y otras personas cuyo nombre omite este diario por su seguridad.

Todas las personas previamente mencionadas están vinculadas a los eventos por los cuales la Fiscalía considera que Uribe Vélez podría ser condenado. Por ejemplo, las visitas de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve a la cárcel La Picota, en febrero de 2018, en las que, al parecer, el exdefensor del líder político le ofreció beneficios a cambio de que ayudara a Uribe en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, está el capítulo acusado a Álvaro Hernán Prada, uno de los líderes del Centro Democrático, quien habría contactado al exparamilitar alias Caliche para que, a su vez, este contactara a Monsalve con el objetivo de lograr torcer al señalado testigo estrella. Otro de los capítulos, reseñados en la acusación, tiene que ver con el ofrecimiento de $200 millones por parte del abogado sancionado Cadena, en la cárcel de Palmira (Valle), al exparamilitar alias Víctor, para que hablara contra el senador Cepeda y controvirtiera a otro hombre que ha hablado contra el expresidente: Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.

De otro lado, entre los documentos y elementos materiales probatorios, la Fiscalía espera que el juez del caso tenga en cuenta la mismísima denuncia de Uribe Vélez, en 2012, contra Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Tras analizar esa denuncia, la Corte Suprema de Justicia, en 2019, encontró que realmente quien habría intentado torcer testigos era el expresidente, por lo cual ordenó su detención y lo llamó a indagatoria. Luego de ello, Uribe renunció al Congreso y con ello el caso quedó en manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa, la cual durante los últimos cuatro años intentó archivar el expediente.

Las demás son actas, minutas, manuscritos y registros fílmicos de las vistas de los presuntos emisarios de Uribe a cárceles de Colombia, en las cuales habría buscado testimonios que lo favorecieran en otros procesos judiciales. Asimismo, la Fiscalía solicitó que sea tenido en cuenta en juicio decenas de testimonios de 26 personas, entre ellas una de Salvatore Mancuso de 2016 ante una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y declaraciones juradas de Juan Guillermo Monsalve que van desde 2011 hasta 2020.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez es la primera persona que ocupó el máximo cargo en el país y es llamado a juicio penal por parte de la Fiscalía en la historia de Colombia. Ayer 9 de abril, el ente investigador radicó el escrito de acusación por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, con lo cual oficialmente se comprometió a condenarlo por una serie de eventos de presunta manipulación de testigos. El Espectador conoció el listado de testigos del juicio.

En total, son 34 los testigos llamados por la Fiscalía para intentar probar la hipótesis de que, en la década pasada, Uribe utilizó emisarios para lograr que personas conocedoras del paramilitarismo lo dejaran bien parado en otros procesos judiciales y, a la par, intentaran enlodar al senador Iván Cepeda. Entre el listado de testigos, que deberá ser aprobado o negado parcialmente por el juez 44 penal de Bogotá, está el exjefeparamilitar Salvatore Mancuso, preso en la cárcel La Picota de Bogotá, tras regresar este año en extradición desde Estados Unidos.

En los próximos días, la Fiscalía deberá sustentar por qué considera necesaria la presencia de Mancuso en el juicio de Uribe, el cual iniciará el próximo 17 de mayo. Además de Mancuso, la Fiscalía solicitó se incorpore la prueba testimonial de las siguientes personas: el senador Iván Cepeda; el exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; el sonado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve y su exesposa Deyanira Gómez; el exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Mario de Jesús Uribe, primo del expresidente y político.

Además: el abogado sancionado Diego Cadena, quien también está en juicio por los mismos hechos; Juan José Salazar, su compañero de trabajo, también en juicio; la exparamilitar Euridice Cortés, alias Diana; el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos; el exparamilitar Carlos Eduardo López, alias Caliche; la exfiscal condenada Hilda Niño; el exfiscal general Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo; y otras personas cuyo nombre omite este diario por su seguridad.

Todas las personas previamente mencionadas están vinculadas a los eventos por los cuales la Fiscalía considera que Uribe Vélez podría ser condenado. Por ejemplo, las visitas de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve a la cárcel La Picota, en febrero de 2018, en las que, al parecer, el exdefensor del líder político le ofreció beneficios a cambio de que ayudara a Uribe en un proceso ante la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, está el capítulo acusado a Álvaro Hernán Prada, uno de los líderes del Centro Democrático, quien habría contactado al exparamilitar alias Caliche para que, a su vez, este contactara a Monsalve con el objetivo de lograr torcer al señalado testigo estrella. Otro de los capítulos, reseñados en la acusación, tiene que ver con el ofrecimiento de $200 millones por parte del abogado sancionado Cadena, en la cárcel de Palmira (Valle), al exparamilitar alias Víctor, para que hablara contra el senador Cepeda y controvirtiera a otro hombre que ha hablado contra el expresidente: Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero.

De otro lado, entre los documentos y elementos materiales probatorios, la Fiscalía espera que el juez del caso tenga en cuenta la mismísima denuncia de Uribe Vélez, en 2012, contra Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Tras analizar esa denuncia, la Corte Suprema de Justicia, en 2019, encontró que realmente quien habría intentado torcer testigos era el expresidente, por lo cual ordenó su detención y lo llamó a indagatoria. Luego de ello, Uribe renunció al Congreso y con ello el caso quedó en manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa, la cual durante los últimos cuatro años intentó archivar el expediente.

Las demás son actas, minutas, manuscritos y registros fílmicos de las vistas de los presuntos emisarios de Uribe a cárceles de Colombia, en las cuales habría buscado testimonios que lo favorecieran en otros procesos judiciales. Asimismo, la Fiscalía solicitó que sea tenido en cuenta en juicio decenas de testimonios de 26 personas, entre ellas una de Salvatore Mancuso de 2016 ante una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia y declaraciones juradas de Juan Guillermo Monsalve que van desde 2011 hasta 2020.

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