San Andrés: eslabón en una cadena de tráfico de migrantes y crimen transnacional
El archipiélago es un pasaje ilegal con costo VIP, donde es altamente probable morir ahogado en el mar. Descubrimos una empresa que, como si fuera agencia de viajes, traficaba con personas. El Tren de Aragua manipularía este atajo hacia el sueño americano.
Jhoan Sebastian Cote
jcote@elespectador.com / @SebasCote95
Luis* está a miles de kilómetros de su país, Venezuela, y lo único que tiene es una maleta, un botellón de agua y un par de panes envueltos en papel. A su lado está su hijo, tan pequeño que se puede cargar al hombro. La Armada los detuvo en Cayo Albuquerque, una isla ubicada al sur de San Andrés y a pocos minutos de Nicaragua en lancha. Luis se escondía en un cambuche de madera, acostado en un colchón viejo y roto, en donde no se puede hacer otra cosa que esperar. Una vez descubierto, y en solo minutos, el migrante perdió miles de dólares y los días invertidos en un añorado viaje a Estados Unidos. Al tiempo, una red de tráfico de migrantes que ofrece el “sueño americano” perdía a dos clientes. O más bien, a dos de sus víctimas.
En contexto: El llamado de urgencia de la Procuraduría por desaparición de migrantes en San Andrés
Todo en Cayo Albuquerque habla de lo que está pasando allí. Hay ropa abandonada de niños menores de 10 años, sandalias yacen cubiertas de arena, así como paquetes de alimentos no perecederos. Migrantes dejaron tiradas sus tarjetas de turismo, con las que entraron a San Andrés legalmente. Esa es la mirada en detalle. Pero a escala internacional son los elementos que prueban que el archipiélago es eslabón de una larga cadena de tráfico de migrantes. Una ruta que puede costar hasta US$5.000, para evitarse los peligros del tapón del Darién, y llegar al destino final. La ruta por San Andrés, sin embargo, a nadie le asegura no terminar ahogado en el mar Caribe. En los últimos 10 meses han desaparecido 59 migrantes.
San Andrés, un embudo de migrantes
El 98 % de los migrantes indocumentados que utilizan la ruta de San Andrés son venezolanos, según la Gobernación del archipiélago. Su Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), de hecho, sostiene que más de 15.000 pasajeros de esa nacionalidad circularon por la isla en 2022. Aunque esos datos preliminarmente podrían mostrar el angustioso afán de venezolanos por abandonar las condiciones de su país, la Armada tiene información que permite ampliar la mirada y entender que, en realidad, San Andrés es una ruta mundialmente conocida para llegar a Estados Unidos. Prueba de ello es haber sorprendido a migrantes de Ecuador, Perú, Chile, Cuba, China, Vietnam, Serbia, Nepal, Bielorrusia y Bosnia.
Rocío Urón, de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, sostuvo en diálogo con El Espectador que San Andrés podría ser el embudo donde confluyen los negocios de redes criminales de los países identificados: “Les dicen: ‘ustedes llegan a Colombia, después van a San Andrés como turistas y ahí continúan la ruta hacia el norte’. El problema no es solo de Colombia. Esto es delito transnacional y de criminalidad organizada. Puede que en la isla estén ejerciendo grupos delincuenciales colombianos, pero están asociados a una cadena que es mucho más grande. Hemos identificado que en cada país hay una parte que se encarga de cierta labor y que conecta con otras redes organizadas para poder hacer todo este movimiento de carácter transcontinental”.
Antecedentes: La peligrosa ruta en San Andrés por la que están emigrando a Estados Unidos
Venetours, camuflada en la legalidad
Hasta diciembre de 2022, en Colombia estaba activa en la Cámara de Comercio de La Guajira una empresa cuyo objeto social era el transporte de pasajeros: Venetours Uniendo Familias SAS. Su representante legal era Adel Enrique Torres Guerra, con cédula nacional y establecimiento ubicado en la carrera 11 con calle 15, en Maicao. Aunque la empresa daba apariencia de legalidad y estaba capitalizada, su negocio está prohibido por la ley. Como lo reconoce la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos, era prácticamente un local de comercio de tráfico de migrantes. Venetours ofrecía la ruta de San Andrés con destino a Estados Unidos como si se tratara de un plan turístico para latinoamericanos.
El itinerario podía iniciar en Cali, Medellín, Bogotá o Cartagena. Incluía viaje a San Andrés, con hospedaje y comida en la isla y, luego, traslado en lancha hasta Corn Island, en Nicaragua. Justo allí, al cruzar la frontera marítima de ambos países, los viajeros pierden su estatus de migrantes regulares en Colombia y, aunque no están cometiendo delitos, no tienen los papeles para permanecer legalmente. Una vez en suelo nicaragüense eran transportados al municipio de BlueFields, para iniciar la travesía por Nicaragua, Honduras y Guatemala, “con traslado VIP y guías, incluido un chip para que siempre estén comunicados”, dice la publicidad de Venetours. El siguiente paso era México, en Ciudad Juárez, y, finalmente, en Estados Unidos.
Lea: Una crisis aérea y ahora una migratoria. Es muy verraco: gobernador de San Andrés
Denis* trabajó para Venetours hasta que el peso de su conciencia la sacó del negocio. “Me detuve cuando vi que empezaron a morir personas. En San Andrés se estaban ahogando. También ofrecíamos el viaje por el Darién y nos llegaron imágenes de las familias que llevaban tiempo muertas, con sus mascotas”, le dijo a El Espectador. Revela que los venezolanos llegan desde el estado de Zulia a Maicao. Allí se entrevistan con “el jefe”, que los manda a San Andrés en grupos de ocho, 10 o 15. Pagan la mitad en Colombia y el resto en Centroamérica. “Todo es por la familia. Se van con la plata, la maleta y un poquito de comida. Con la pura cédula se los llevan. No se les promete trabajo. Se les dice: ‘Te llevo y te dejo’”, concluye.
Una ruta criminal con precio VIP
El capitán de navío Carlos Solano, comandante de la Armada, es responsable por detener el tráfico de migrantes en San Andrés. Cientos de veces ha frenado botes pesqueros con decenas de personas y traficantes que hacen las veces de comandantes de embarcación. Entre 2022 y 2023, la Armada rescató a 805 migrantes en aguas fronterizas con Nicaragua. De ellos, 151 eran menores de edad. Asimismo, los operativos a la cabeza de Solano dieron como resultado la captura de 93 personas que ya fueron imputadas por el delito de tráfico de migrantes. El capitán ha sido testigo de las tragedias de familias extranjeras que pagan la mitad del viaje, les roban la otra mitad en San Andrés y los dejan abandonados en medio del mar.
“Migran en pequeñas embarcaciones, a veces sin chaleco salvavidas. Con exceso de cupo. Los motores en mal estado. Combustible en riesgo expuesto a los pasajeros. Sin sistemas de comunicación o dañados. En condiciones meteomarinas adversas. La vida de las personas y sus familias siempre está en riesgo”, agrega Solano. Evitarse una semana de viaje por el Darién vale, en esta ruta, entre US$1.000 y US$5.000. Y los llevan en al menos tres modalidades: Una, desde San Andrés, directamente a Nicaragua; dos, desde la isla hasta Cayo Albuquerque, y de ahí a Corn Island en Nicaragua, y tres, los migrantes son transportados a algún punto en mar abierto, donde otra embarcación los recoge y los lleva a Centroamérica.
Solano sostiene que detrás del tráfico de migrantes podrían estar grupos de delincuencia común. Sin embargo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le dijo a este diario que habría evidencia de estructuras criminales de carácter transnacional, como el Tren de Aragua. “El tráfico ilegal de migrantes constituye, actualmente, una expresión de violencia aún muy nebulosa en el departamento, que no permite su caracterización y, por tanto, una articulación institucional efectiva para hacerle frente”, explicó. Asimismo, en la última alerta temprana, la entidad agregó que hay presencia del Clan del Golfo, los Rastrojos y grupos de criminalidad organizada. “Hay fragilidad institucional para hacer frente a la situación”, advirtió Camargo.
En contexto: Así funciona el tráfico de migrantes en San Andrés, ruta “VIP” del sueño americano
En entrevista con este diario, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, les pidió a los migrantes que no hagan la ruta por la isla, dado que es peligrosa. “¿Qué puede hacer Migración si la gente llega con todas las autorizaciones para estar en el país? Es muy complicado tener a un policía o todo un servicio de inteligencia para saber quiénes son turistas o quiénes tienen intención de utilizar embarcaciones para transportar a migrantes”, dijo. La Fiscalía, por su parte, señaló que entre 2020 y 2023 ha llevado a juicio a 507 personas por tráfico de migrantes y tiene abiertas 603 investigaciones relacionadas. El Inpec, por su parte, tiene la custodia de 204 personas con detención domiciliaria y de 31 condenados en cárceles.
El viaje no es cómo lo pintan
San Andrés es solo un atajo en un trayecto que desemboca en Estados Unidos. Una vez en Centroamérica, los migrantes empatan con quienes cruzaron por el infierno del Darién y todos siguen su norte. Para Adam Isacson, de la organización WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos), estar cerca a Estados Unidos es también aproximarse a la bestialidad del narcotráfico. “Grupos como Los Zetas o el Cartel de Jalisco, los más violentos de México, paran buses para que los migrantes paguen su derecho de piso. Los sacan y los reclutan, y a las mujeres las usan como esclavas sexuales. Hacen que los hombres trabajen en laboratorios de droga. Los matan a veces cuando dejan de ser útiles”.
En México, según Isacson, es “epidémico” el secuestro de migrantes con fines extorsivos. Son decenas de miles de casos anualmente. El “sueño americano” queda reducido a un cuarto oscuro, desde donde las víctimas llaman a sus familiares en Estados Unidos, para que giren dinero por Western Union como rescate. “Las familias pagan mientras escuchan los gritos de sus seres queridos. Hay tantas historias de migrantes quienes han sido encerrados en bodegas donde son sistemáticamente violados. Les cortan dedos. Les hacen todo tipo de torturas frente a sus hijos, mientras demandan rescate. Todo esto dice mucho sobre el desgobierno y la falta de esperanza y arraigo de los migrantes por sus países”, concluye.
Otros migrantes van despojándose de lo que tienen, mientras son extorsionados por toda una maquinaria criminal. Oriana* cruzó a Estados Unidos desde México. Asegura que, en el aeropuerto de Culiacán, agentes estatales le pidieron US$ 100 de dólares para dejarla pasar a Mexicali, cerca de San Diego, California. Una vez allí, un bus le cobró US$ 150 dólares solo por llevarla a un hotel. “Ahí nos tocaron la puerta unas personas extrañas. Dicen que no toca abrirle a nadie porque secuestran gente. Al día siguiente nos llevaron a una casa en el desierto. Éramos alrededor de 50 personas. Caminamos dos horas y llegamos al muro. Las patrullas estadounidenses te llevan a un refugio, donde debes solicitar asilo político. Si no, te devuelven y no puedes volver”, recordó.
Una oportunidad
A la Procuraduría le parece grave que la Gobernación de San Andrés no adelante serios procesos de identificación de migrantes y que no haya, siquiera, solicitado ayuda internacional para ello. La Unodc explica que Colombia no está adherido al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que sí está vigente en Estados Unidos, y que permite la cooperación internacional para luchar contra la problemática. “Está cursando una iniciativa en el Senado para suscribirse. De seguro habrá donantes. Norteamérica mira hacia Suramérica y tiene toda una estructura legislativa para ayudar a estos países. Si se frena el tráfico ilícito de migrantes desde aquí, a ellos no les perjudica”, concluyó Rocío Urón.
El protocolo permite a los Estados miembros capacitar a los funcionarios de Inmigración en prevención de tráfico de migrantes y cooperación internacional para mejorar los procedimientos para detectar a las víctimas. Y contiene medidas judiciales, como penalizar a quienes creen documentos de viajes o identidad falsos y que habiliten fraudulentamente a extranjeros para permanecer en Colombia. Asimismo, como se establece en uno de los artículos, todo Estado parte, incluido Estados Unidos, estará habilitado para solicitarle a Colombia visitar y registrar embarcaciones en las que, probablemente, se esté llevando a cabo el tráfico de migrantes.
Según Adam Isacson, del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en América (WOLA), a Estados Unidos le conviene que Colombia esté en el radar de la cooperación internacional, entre otras cosas, porque sus oficinas de asilo están colmadas de solicitudes de extranjeros que cruzan la frontera y dicen no poder regresar a su país por motivos políticos o de seguridad. Según la ONU, solo en 2022 pasaron 250.000 migrantes por el Darién hacia Norteamérica. De San Andrés no hay datos exactos, pues hasta el momento las autoridades solo registran desapariciones, rescates y capturas. Y aunque criminales vendan la isla como una ruta VIP, lo único exclusivo es la probabilidad de una muerte por asfixia en medio del mar.
Luis* está a miles de kilómetros de su país, Venezuela, y lo único que tiene es una maleta, un botellón de agua y un par de panes envueltos en papel. A su lado está su hijo, tan pequeño que se puede cargar al hombro. La Armada los detuvo en Cayo Albuquerque, una isla ubicada al sur de San Andrés y a pocos minutos de Nicaragua en lancha. Luis se escondía en un cambuche de madera, acostado en un colchón viejo y roto, en donde no se puede hacer otra cosa que esperar. Una vez descubierto, y en solo minutos, el migrante perdió miles de dólares y los días invertidos en un añorado viaje a Estados Unidos. Al tiempo, una red de tráfico de migrantes que ofrece el “sueño americano” perdía a dos clientes. O más bien, a dos de sus víctimas.
En contexto: El llamado de urgencia de la Procuraduría por desaparición de migrantes en San Andrés
Todo en Cayo Albuquerque habla de lo que está pasando allí. Hay ropa abandonada de niños menores de 10 años, sandalias yacen cubiertas de arena, así como paquetes de alimentos no perecederos. Migrantes dejaron tiradas sus tarjetas de turismo, con las que entraron a San Andrés legalmente. Esa es la mirada en detalle. Pero a escala internacional son los elementos que prueban que el archipiélago es eslabón de una larga cadena de tráfico de migrantes. Una ruta que puede costar hasta US$5.000, para evitarse los peligros del tapón del Darién, y llegar al destino final. La ruta por San Andrés, sin embargo, a nadie le asegura no terminar ahogado en el mar Caribe. En los últimos 10 meses han desaparecido 59 migrantes.
San Andrés, un embudo de migrantes
El 98 % de los migrantes indocumentados que utilizan la ruta de San Andrés son venezolanos, según la Gobernación del archipiélago. Su Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre), de hecho, sostiene que más de 15.000 pasajeros de esa nacionalidad circularon por la isla en 2022. Aunque esos datos preliminarmente podrían mostrar el angustioso afán de venezolanos por abandonar las condiciones de su país, la Armada tiene información que permite ampliar la mirada y entender que, en realidad, San Andrés es una ruta mundialmente conocida para llegar a Estados Unidos. Prueba de ello es haber sorprendido a migrantes de Ecuador, Perú, Chile, Cuba, China, Vietnam, Serbia, Nepal, Bielorrusia y Bosnia.
Rocío Urón, de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, sostuvo en diálogo con El Espectador que San Andrés podría ser el embudo donde confluyen los negocios de redes criminales de los países identificados: “Les dicen: ‘ustedes llegan a Colombia, después van a San Andrés como turistas y ahí continúan la ruta hacia el norte’. El problema no es solo de Colombia. Esto es delito transnacional y de criminalidad organizada. Puede que en la isla estén ejerciendo grupos delincuenciales colombianos, pero están asociados a una cadena que es mucho más grande. Hemos identificado que en cada país hay una parte que se encarga de cierta labor y que conecta con otras redes organizadas para poder hacer todo este movimiento de carácter transcontinental”.
Antecedentes: La peligrosa ruta en San Andrés por la que están emigrando a Estados Unidos
Venetours, camuflada en la legalidad
Hasta diciembre de 2022, en Colombia estaba activa en la Cámara de Comercio de La Guajira una empresa cuyo objeto social era el transporte de pasajeros: Venetours Uniendo Familias SAS. Su representante legal era Adel Enrique Torres Guerra, con cédula nacional y establecimiento ubicado en la carrera 11 con calle 15, en Maicao. Aunque la empresa daba apariencia de legalidad y estaba capitalizada, su negocio está prohibido por la ley. Como lo reconoce la Procuraduría delegada para los Derechos Humanos, era prácticamente un local de comercio de tráfico de migrantes. Venetours ofrecía la ruta de San Andrés con destino a Estados Unidos como si se tratara de un plan turístico para latinoamericanos.
El itinerario podía iniciar en Cali, Medellín, Bogotá o Cartagena. Incluía viaje a San Andrés, con hospedaje y comida en la isla y, luego, traslado en lancha hasta Corn Island, en Nicaragua. Justo allí, al cruzar la frontera marítima de ambos países, los viajeros pierden su estatus de migrantes regulares en Colombia y, aunque no están cometiendo delitos, no tienen los papeles para permanecer legalmente. Una vez en suelo nicaragüense eran transportados al municipio de BlueFields, para iniciar la travesía por Nicaragua, Honduras y Guatemala, “con traslado VIP y guías, incluido un chip para que siempre estén comunicados”, dice la publicidad de Venetours. El siguiente paso era México, en Ciudad Juárez, y, finalmente, en Estados Unidos.
Lea: Una crisis aérea y ahora una migratoria. Es muy verraco: gobernador de San Andrés
Denis* trabajó para Venetours hasta que el peso de su conciencia la sacó del negocio. “Me detuve cuando vi que empezaron a morir personas. En San Andrés se estaban ahogando. También ofrecíamos el viaje por el Darién y nos llegaron imágenes de las familias que llevaban tiempo muertas, con sus mascotas”, le dijo a El Espectador. Revela que los venezolanos llegan desde el estado de Zulia a Maicao. Allí se entrevistan con “el jefe”, que los manda a San Andrés en grupos de ocho, 10 o 15. Pagan la mitad en Colombia y el resto en Centroamérica. “Todo es por la familia. Se van con la plata, la maleta y un poquito de comida. Con la pura cédula se los llevan. No se les promete trabajo. Se les dice: ‘Te llevo y te dejo’”, concluye.
Una ruta criminal con precio VIP
El capitán de navío Carlos Solano, comandante de la Armada, es responsable por detener el tráfico de migrantes en San Andrés. Cientos de veces ha frenado botes pesqueros con decenas de personas y traficantes que hacen las veces de comandantes de embarcación. Entre 2022 y 2023, la Armada rescató a 805 migrantes en aguas fronterizas con Nicaragua. De ellos, 151 eran menores de edad. Asimismo, los operativos a la cabeza de Solano dieron como resultado la captura de 93 personas que ya fueron imputadas por el delito de tráfico de migrantes. El capitán ha sido testigo de las tragedias de familias extranjeras que pagan la mitad del viaje, les roban la otra mitad en San Andrés y los dejan abandonados en medio del mar.
“Migran en pequeñas embarcaciones, a veces sin chaleco salvavidas. Con exceso de cupo. Los motores en mal estado. Combustible en riesgo expuesto a los pasajeros. Sin sistemas de comunicación o dañados. En condiciones meteomarinas adversas. La vida de las personas y sus familias siempre está en riesgo”, agrega Solano. Evitarse una semana de viaje por el Darién vale, en esta ruta, entre US$1.000 y US$5.000. Y los llevan en al menos tres modalidades: Una, desde San Andrés, directamente a Nicaragua; dos, desde la isla hasta Cayo Albuquerque, y de ahí a Corn Island en Nicaragua, y tres, los migrantes son transportados a algún punto en mar abierto, donde otra embarcación los recoge y los lleva a Centroamérica.
Solano sostiene que detrás del tráfico de migrantes podrían estar grupos de delincuencia común. Sin embargo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le dijo a este diario que habría evidencia de estructuras criminales de carácter transnacional, como el Tren de Aragua. “El tráfico ilegal de migrantes constituye, actualmente, una expresión de violencia aún muy nebulosa en el departamento, que no permite su caracterización y, por tanto, una articulación institucional efectiva para hacerle frente”, explicó. Asimismo, en la última alerta temprana, la entidad agregó que hay presencia del Clan del Golfo, los Rastrojos y grupos de criminalidad organizada. “Hay fragilidad institucional para hacer frente a la situación”, advirtió Camargo.
En contexto: Así funciona el tráfico de migrantes en San Andrés, ruta “VIP” del sueño americano
En entrevista con este diario, el gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, les pidió a los migrantes que no hagan la ruta por la isla, dado que es peligrosa. “¿Qué puede hacer Migración si la gente llega con todas las autorizaciones para estar en el país? Es muy complicado tener a un policía o todo un servicio de inteligencia para saber quiénes son turistas o quiénes tienen intención de utilizar embarcaciones para transportar a migrantes”, dijo. La Fiscalía, por su parte, señaló que entre 2020 y 2023 ha llevado a juicio a 507 personas por tráfico de migrantes y tiene abiertas 603 investigaciones relacionadas. El Inpec, por su parte, tiene la custodia de 204 personas con detención domiciliaria y de 31 condenados en cárceles.
El viaje no es cómo lo pintan
San Andrés es solo un atajo en un trayecto que desemboca en Estados Unidos. Una vez en Centroamérica, los migrantes empatan con quienes cruzaron por el infierno del Darién y todos siguen su norte. Para Adam Isacson, de la organización WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos), estar cerca a Estados Unidos es también aproximarse a la bestialidad del narcotráfico. “Grupos como Los Zetas o el Cartel de Jalisco, los más violentos de México, paran buses para que los migrantes paguen su derecho de piso. Los sacan y los reclutan, y a las mujeres las usan como esclavas sexuales. Hacen que los hombres trabajen en laboratorios de droga. Los matan a veces cuando dejan de ser útiles”.
En México, según Isacson, es “epidémico” el secuestro de migrantes con fines extorsivos. Son decenas de miles de casos anualmente. El “sueño americano” queda reducido a un cuarto oscuro, desde donde las víctimas llaman a sus familiares en Estados Unidos, para que giren dinero por Western Union como rescate. “Las familias pagan mientras escuchan los gritos de sus seres queridos. Hay tantas historias de migrantes quienes han sido encerrados en bodegas donde son sistemáticamente violados. Les cortan dedos. Les hacen todo tipo de torturas frente a sus hijos, mientras demandan rescate. Todo esto dice mucho sobre el desgobierno y la falta de esperanza y arraigo de los migrantes por sus países”, concluye.
Otros migrantes van despojándose de lo que tienen, mientras son extorsionados por toda una maquinaria criminal. Oriana* cruzó a Estados Unidos desde México. Asegura que, en el aeropuerto de Culiacán, agentes estatales le pidieron US$ 100 de dólares para dejarla pasar a Mexicali, cerca de San Diego, California. Una vez allí, un bus le cobró US$ 150 dólares solo por llevarla a un hotel. “Ahí nos tocaron la puerta unas personas extrañas. Dicen que no toca abrirle a nadie porque secuestran gente. Al día siguiente nos llevaron a una casa en el desierto. Éramos alrededor de 50 personas. Caminamos dos horas y llegamos al muro. Las patrullas estadounidenses te llevan a un refugio, donde debes solicitar asilo político. Si no, te devuelven y no puedes volver”, recordó.
Una oportunidad
A la Procuraduría le parece grave que la Gobernación de San Andrés no adelante serios procesos de identificación de migrantes y que no haya, siquiera, solicitado ayuda internacional para ello. La Unodc explica que Colombia no está adherido al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que sí está vigente en Estados Unidos, y que permite la cooperación internacional para luchar contra la problemática. “Está cursando una iniciativa en el Senado para suscribirse. De seguro habrá donantes. Norteamérica mira hacia Suramérica y tiene toda una estructura legislativa para ayudar a estos países. Si se frena el tráfico ilícito de migrantes desde aquí, a ellos no les perjudica”, concluyó Rocío Urón.
El protocolo permite a los Estados miembros capacitar a los funcionarios de Inmigración en prevención de tráfico de migrantes y cooperación internacional para mejorar los procedimientos para detectar a las víctimas. Y contiene medidas judiciales, como penalizar a quienes creen documentos de viajes o identidad falsos y que habiliten fraudulentamente a extranjeros para permanecer en Colombia. Asimismo, como se establece en uno de los artículos, todo Estado parte, incluido Estados Unidos, estará habilitado para solicitarle a Colombia visitar y registrar embarcaciones en las que, probablemente, se esté llevando a cabo el tráfico de migrantes.
Según Adam Isacson, del Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en América (WOLA), a Estados Unidos le conviene que Colombia esté en el radar de la cooperación internacional, entre otras cosas, porque sus oficinas de asilo están colmadas de solicitudes de extranjeros que cruzan la frontera y dicen no poder regresar a su país por motivos políticos o de seguridad. Según la ONU, solo en 2022 pasaron 250.000 migrantes por el Darién hacia Norteamérica. De San Andrés no hay datos exactos, pues hasta el momento las autoridades solo registran desapariciones, rescates y capturas. Y aunque criminales vendan la isla como una ruta VIP, lo único exclusivo es la probabilidad de una muerte por asfixia en medio del mar.