Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En la mañana, Juan David Riveros, representante de Keralty SAS, grupo del que hace parte la EPS Sanitas, radicó una denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra Luis Carlos Leal, superintendente de Salud. Consideran que la intervención que se llevó a cabo a principios de abril en contra de la EPS es ilegal. Con esta y otro conjunto de medidas buscarán, según la denuncia, recuperar la administración de la entidad de salud y no afectar a los usuarios.
La denuncia presentada por el grupo en contra del superintendente es por el delito de prevaricato. Según exponen, en principio, el funcionario se encontraría impedido para tomar decisiones en este caso debido a opiniones que compartió en redes sociales sobre las EPS y en contra del actual sistema de salud colombiano. Por ello, ya lo recusó ante la misma Superintendencia. Aparte de ello, Riveros considera que la toma de posesión a Sanitas desconoció las normas que regulan las intervenciones, pues al separar la asamblea de accionistas de la entidad, le estarían vulnerando los derechos que tienen a la propiedad privada.
Así mismo, otras medidas mencionadas, que aún se encuentran diseñando, son la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acciones ante la Jurisdicción contencioso-administrativa y otras más de tipo constitucional y civil. Además, planean compartirle un informe sobre esta situación a la relatora del derecho a la salud física y mental de la ONU.
La Procuraduría ya había abierto una investigación en contra del superintendente de Salud por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la toma de posesión e intervención forzosa de la EPS. En este caso, el ente de control está indagando sobre los motivos para la intervención, como quejas, reclamaciones y tutela de usuarios y las deudas de la EPS contraídas con la red de prestadores y proveedores de servicios e insumos. Documentos que fueron solicitados por el Ministerio Público.
Según conoció El Espectador, esta queja disciplinaria contra la Superintendencia fue radicada por Juan Pablo Currea, representante legal de Keralty SAS. Desde el principio, este grupo ha manifestado su rechazo a la medida, pues consideran que no hay motivos para la intervención forzosa de la EPS por un año y que además es un completo error ordenar la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional. La decisión de la Superintendencia fue calificada por Keralty como improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria.
Esta confrontación entre el grupo Keralty y la Superintendencia comenzó el pasado 2 de abril cuando funcionarios de la entidad llegaron a la sede de Sanitas, una EPS con más de 5.7 millones de usuarios, y le pidieron a los empleados de dicha empresa que no tocaran nada mientras el Estado asumía el control de la EPS. Los motivos que se expusieron en ese momento para tomar esta medida fueron que la entidad no ha cumplido con el indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.