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Casi 20 años tuvieron que pasar para que el sargento retirado el Ejército Jorge Arley Sánchez reconociera sus culpas por el asesinato a sangre fría del campesino Gerardo Contreras Román, un poblador de Lebrija (Santander), quien fue presentado como baja en cómbate en mayo de 2005. Sánchez no solo ofreció excusas por crimen, sino también devolvió la medalla que obtuvo en su momento como recompensa por aportarle sangre a una falsa lucha contra la insurgencia.
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El escenario fue la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia ante el cual Sánchez es compareciente y del que espera obtener beneficios, a cambio de contar lo que sabe del conflicto armado. Una esperanza para lo que queda de su vida, pues el sargento Sánchez en 2018 fue condenado, en la justicia ordinaria, a 35 años y 10 meses de cárcel por el crimen contra Contreras Román.
“Esto que hice no me hace digno de llevar esta medalla, quiero regresarla, con su permiso, señor magistrado, como muestra de arrepentimiento”, dijo Sánchez, dirigiéndose al magistrado Mauricio García Cadena. Así como el sargento retirado, otros cinco comparecientes reconocieron haber participado en la ejecución extrajudicial de Contreras Román, uno de los 6,402 casos registrados por la JEP entre 2002 y 2008.
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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, confirmada por el Juzgado Tercero Penal de Bucaramanga y reconocida por los militares, los victimarios llegaron a la casa del campesino en la madrugada del 17 de mayo de 2005 y se lo llevaron. A eso de las cinco de la mañana, el cuerpo de Contreras Román fue hallado sin vida en vía pública con impactos de bala. Fue presentado como miembro de un grupo criminal y, por esa muerte, los soldados que participaron en la falsa operación recibieron una medalla.
Los implicados pertenecían al Batallón de Infantería N. 4 Antonio Ricaurte. Se trata también de René Alberto Prada, Wilson Javier Plata Domínguez, Abimael López Gómez, y Jesús Rincón, quienes, se suponía, debían adelantar acciones estratégicas para contrarrestar la presencia de las FARC, el ELN y los paramilitares en zona cercana a Bucaramanga. En lugar de ello, como lo reconocieron, ejecutaron inocentes. De hecho, también reconocieron haber participado en el asesinato de otros dos hombres en el cerro La Aurora, en Lebrija, también en 2005. Un hecho del que la justicia no tenía conocimiento.
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“La entrega de la medalla, que entre las tropas del Ejército se le conoce como ‘La Gris’, será tomada en cuenta por la magistratura para valorar su sentido restaurativo y volverá a acudir a las víctimas para darles a conocer estas acciones, así como los reconocimientos de responsabilidad hechos por los comparecientes y preguntarles si desean sumarse al proceso”, explicó la JEP. Todos los militares tienen condenas superiores a los 30 años de cárcel y de su voluntad con la verdad dependerá el beneficio de la libertad condicional.
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