Edison Pablo Zarate y tres personas más abrieron nuevamente el debate sobre la estadía del magistrado Alberto Rojas Ríos en la Corte Constitucional. Aunque este tema ya parecía zanjado tras una decisión del Consejo de Estado en la que le dio la razón a Rojas sobre su permanencia hasta febrero del año próximo, y no hasta mayo pasado, el caso vuelve a tener relevancia con la recusación que presentaron, en donde argumentan que el magistrado no debe deliberar a la par que sus compañeros.
“Que exista un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, no es una razón para que los demás magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional permitan la participación del señor Rojas en los procesos y tampoco para que la Procuradora rinda concepto en estos, porque se está permitiendo que una persona que no es juez complete las mayorías y disponga ordenes que carecen de validez”, dice el documento de cinco páginas allegado a la Corte.
Para Zarate y su equipo, cuando se permite que Rojas Ríos participe de los debates, de las sentencias y con su voto se adopte decisiones, se está incurriendo en una conducta contraria a derecho, debido a que, a su juicio, los magistrados toleran su presencia en la Sala Plena para beneficiarse de su voto. En ese orden de ideas, de acuerdo con el documento, salvo que el magistrado se retire de las discusiones, los demás miembros de la corporación estarían inmersos en un impedimento.
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De ahí que Zarate recuse a los magistrados en más de 63 procesos en los cuales el alto tribunal se prepara para debatir. Entre ellos, se encuentra precisamente, la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre la personería jurídica del Nuevo Liberalismo; así como el aborto; la cadena perpetua; el tiempo en vigor de la Comisión de la Verdad; el Código Electoral, y algunos más. Con este panorama los análisis que estaba programados para este jueves podrían postergarse debido a que primero deben resolver las recusaciones en su contra.
Entre otras cosas, los ciudadanos solicitaron información sobre “los resultados de la investigación en contra de Rojas respecto del escándalo de acoso a una funcionaria en una fiesta en el Cubo de Colsubsidio en el que se afirma estuvo inmiscuido, la insistencia de autorrollings y la selección del caso de Fidupetrol, problemas graves para que siga siendo juez Rojas en la actualidad”.
El magistrado que, finalmente, permanecerá en su cargo hasta febrero de 2022, tuvo tropiezos durante su elección. En junio de 2014, Rojas Ríos fue separado de su cargo durante nueve meses por una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que había anulado su llegada al alto tribunal. No obstante, esa decisión fue revocada, en mayo de 2015, por un fallo de tutela de la Sección Segunda de la misma corporación.
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En marzo pasado, la Sala de Consulta del Consejo de Estado le dio la razón y dijo que “debe entenderse que el periodo individual de ocho años para el que fue elegido como magistrado de la Corte Constitucional se suspende entre el día en que debió dejar el ejercicio del cargo y la fecha en la que se reintegró efectivamente a su posición”.
Así las cosas, lo que dijo el concepto es que desde que el magistrado se reintegró a su cargo “debe sumarse el tiempo que le faltaba para completar efectivamente su periodo individual de ocho años por el que fue elegido”. En febrero pasado, el magistrado Rojas allegó un documento al despacho de la consejera Marta Velásquez, actual presidenta del Consejo de Estado, en la que le solicitaba claridad sobre su periodo en el alto tribunal.