La Registraduría Nacional, por medio de una resolución, certificó que la iniciativa denominada “Referendo por la Vida” promovida por líderes de la Misión Carismática Internacional no prosperó. Según la entidad, este referendo no cumplía con los requisitos legales ni constitucionales para realizarse. Aproximadamente el 40% de las firmas que se presentaron terminaron anuladas, los datos no correspondían o eran registros duplicados, según el máximo órgano electoral.
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El “Referendo por la Vida”, que buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución que habla sobre el derecho a la salud de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), fue presentada por la exconcejal de Bogotá, Sara Castellanos. Esta iniciativa, desde su inicio, estuvo bajo la lupa de la Organización Causa Justa, quienes trabajaron en la sentencia C-055 de 2022, la cual despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia.
La organización había denunciado varias irregularidades, una de ellas cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) habría autorizado injustificadamente una prórroga de tres meses para recolección de firmas, argumentando malas condiciones climáticas para llevar a cabo la acción. También encontraron que la Registraduría Nacional tardó cinco meses en publicar en su sitio oficial la resolución bajo la cual autorizó la inscripción del comité promotor del mencionado referendo antiaborto. Argumentaban que la falta de transparencia en las decisiones adoptadas dificultó la veeduría ciudadana.
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Sobre la iniciativa y la reciente decisión de la Registraduría, la organización Causa Justa afirmó que “el uso de mecanismos de participación ciudadana para restringir derechos fundamentales, como la dignidad y el derecho a un aborto legal y seguro como componente de los derechos sexuales y reproductivos, es regresivo, pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres, hombres trans y personas no binarias y cuestiona su capacidad para decidir sobre su cuerpo con autonomía”.
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