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El Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT), a petición de Human Rights Watch, aseguró que las autoridades en Colombia están usando armas de fuego y que habrían causado la muerte de manifestantes. El grupo analizó fotografías enviadas por la ONG internacional, relacionadas con presuntas víctimas de homicidio durante las protestas por el Paro Nacional.
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Human Rights Watch presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que desde el pasado 8 de junio documenta las extralimitaciones policiales en las protestas. En su documento, la ONG incluyó la evaluación pericial de la IRCT, solicitada por el director para las Américas José Miguel Vivanco. “Se está utilizando munición real y ha causado la muerte de individuos, que tienen lesiones típicas o consistentes con heridas de bala”, fue una de las conclusiones.
Además, la IRCT respondió a Vivanco, tras analizar el material de prueba, que las armas de control de multitudes, como los proyectiles de gas lacrimógeno, se están utilizando indebidamente, causando muertes y lesiones graves de manifestantes. El grupo concluyó que, en algunos casos, se pudo evidenciar traumatismo en los ojos que provocan la perdida de visión, tras impactos con municiones redondas de 15 mm.
Entre los casos analizados por la IRCT está el de Kevin Antoni Agudelo, de 22 años, quien habría sido asesinado por miembros del Esmad el pasado 3 de mayo en Cali. A institución encontró que murió por una lesión en la parte superior del tórax, que corresponde a una herida típica de un disparo. “La bala probablemente entró en la cavidad torácica, dañando sus órganos torácicos”, añadió.
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Kevin Antoni Agudelo, además, registró lesiones en la parte superior del brazo izquierdo, que está relacionada con un disparo con arma de fuego. En otro de los casos, el grupo pericial encontró que Brayan Fernando Niño Araque murió tras recibir un impacto director de un proyectil de gas lacrimógeno, el pasado 1° de mayo en Madrid (Cundinamarca).
“Si bien la muerte no es típica, a menudo ocurre particularmente cuando los proyectiles son disparados directamente a la cabeza de los individuos. En estos casos, la muerte puede ocurrir por lesión cerebral por impacto y posibles partes de un cráneo fracturado. Hemos encontrado muchos ejemplos recientes de esto en otros países”, explicó la IRCT, la cual tiene presencia en 75 países.
Sobre la muerte de Santiago Murillo, posible homicidio perpetrado el pasado 1° de mayo en Ibagué, el grupo pericial confirmó el hallazgo de una herida de bala en el lado izquierdo del tórax, lo cual conduciría a pensar que el joven de 17 años murió por daños en el corazón, pulmones y vasos sanguíneos. La Justicia Penal Militar le sigue la pista al teniente Andrés Parra y al mayor Jorge Mario Molano, sin embargo, la Fiscalía y el abogado de la familia de Murillo solicitaron conflicto de competencias ante la Corte Constitucional.
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De acuerdo con el último informe de Temblores ONG, durante las manifestaciones en Colombia se han presentado 3.789 casos de violencia policial. Entre ellos, la organización tiene 45 denuncias por presuntas víctimas de “violencia homicida” a manos de la Policía. La institución de Fuerza Pública, por su parte, denuncia que han resultado heridos más de 1.200 uniformados y la muerte del capitán Jesús Alberto Solano, en Soacha, y del patrullero Juan Sebastián Briñez en Cali.