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El Tribunal Superior de Bogotá evalúa si ordena la prisión, detención domiciliaria o la libertad del actual gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, investigado e imputado por presuntamente tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln). La Fiscalía intenta que sea recluido, pues representaría un peligro para la sociedad y habría, en su concepto, altas probabilidades de que escape. El ente investigador tiene la teoría de que contratación pública del departamento, durante la última década, estuvo en beneficio de la guerrilla.
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En la diligencia pasada, la Fiscalía reveló interceptaciones con las que pidió que Castillo Cisneros fuera recluido en centro penitenciario mientras avanza el proceso en su contra. El representante del ente investigador explicó que hay evidencia contundente para considerar que el gobernador habría entregado los contratos del departamento a miembros del Eln, en los periodos (2012-2015 y 2020-actualidad). Según él, la guerrilla tenía voz, voto y beneficios durante la contratación y recibía los recursos de la Gobernación de Arauca.
La hipótesis del ente investigador es que Castillo Cisneros, al igual que su predecesor Ricardo Alvarado (2016-2020), estaría comprometido con la organización criminal del Eln. Los gobernadores y la guerrilla, sostiene la entidad, irían de la mano a través de intereses comunes. En la audiencia de imputación se habló de Castillo Cisneros como colaborador de mandos de la guerrilla, llamados cuchos, como Lenin, Bateman, Pablito, Culebro, Jorge, Sierra, Garganta, David, Piñata y, el más importante en la investigación, por ser presunto contratista estrella del departamento, Jhony Alexander Bello, alias El Gordo Giovanny.
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Para sustentar su solicitud, la Fiscalía se refirió a los declarantes que Castillo Cisneros tiene en contra: “los mismos testigos que han acudido y las declaraciones juradas que se han presentado en el curso de la investigación permiten inferir como el doctor Castillo Cisneros, como parte integrante de esta organización criminal, puede afectar gravemente la justicia”. Uno de ellos, por ejemplo, al parecer guerrillero, dijo ante el ente investigador que el gobernador tiene un poder “grande y peligroso”. “Uno como guerrilla toca a un man de esos y es hombre muerto”, referenció el fiscal.
El declarante explicó, según el texto citado por la Fiscalía, que los cuchos del Eln eran los únicos con el rango para hablar con Castillo Cisneros. “Nosotros no tenemos el permiso, ni la jerarquía para hablar de un político. Son los comandantes del frente (Domingo Laín Sáenz). Quien sapea a un político es un hombre muerto. Siento nervios por estar hablando de esto acá”, habría dicho el mismo declarante, cuyo nombre omite este diario por su seguridad.
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Y así, la Fiscalía citó posibles declaraciones de potenciales testigos, la mayoría de ellos al parecer miembros del Eln, quienes sentirían un temor por hablar en contra de Castillo Cisneros. Por tanto, el ente investigador explicó al juez la necesidad de llevar a la cárcel al gobernador. “Nos encontramos en una investigación en curso, donde hay otras evidencias testimoniales por obtener. Y el imputado se desempeña como gobernador, tiene vínculos y total manejo de los recursos del departamento. Tendrá la facilidad para obstaculizar la administración de justicia, al ostentar la relación con el Eln”, referenció la Fiscalía.
Por otro lado, el ente investigador argumentó que Castillo Cisneros representaría un peligro para la sociedad y, por tanto, debería permanecer en prisión mientras avanza el proceso en su contra. Al contratar con el Eln, como lo imputa la Fiscalía, habría lesionado la confianza de los ciudadanos que votaron por él. Además, se señaló que habría un inminente riesgo de escape, pues las supuestas reuniones entre el gobernador y los cuchos se dieron en su mayoría en territorio venezolano, país que tiene rotas sus relaciones con Colombia y donde la Fuerza Pública no puede ingresar. La defensa del gobernador solicitó una semana para preparar su defensa. Ante la petición, el magistrado del caso fijó audiencia para el próximo jueves 4 de noviembre.
La Fiscalía le imputó al actual gobernador por concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos. En la extensa imputación de la Fiscalía, Castillo quedó señalado por supuestamente reunirse con altos mandos del Eln en Arauca y Venezuela, favorecerlos a través de la contratación pública del departamento y hasta ser conocido como “terrateniente” del frente Domingo Laín Sáenz.
Para el ente investigador, los nexos de los mandatarios de Arauca con el Eln vienen desde los noventa. Por ejemplo, se refirieron al exgobernador José Vicente Lozano, cuyo periodo fue de 1995 a 1997 y fue condenado en 2010 por nexos con la guerrilla. Lo mismo sucedió, con el exmandatario Gustavo Carmelo Castellanos, jefe de Arauca entre 1998 y 2000. El ente investigador fue más allá, pues aseguró que el gobernador entre 2001 y 2003, Héctor Federico Gallardo, fue condenado en 2009 por ser miembro del Eln.
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