Durante el último fin de semana de enero de este año, fueron asesinados dos excombatientes de las Farc, convirtiéndose en los primeros desmovilizados en morir violentamente en 2022. Juvenal Ballén y Jhon Jairo Villar Vargas fueron las víctimas de estos homicidios, los cuales ocurrieron en Saravena (Arauca) y Santa Marta (Magdalena), respectivamente.
El cuerpo de Villar Vargas fue encontrado en la mañana del pasado 29 de enero en la vereda Matogiro, en la vía que comunica a Bonda con Las Tinajas, en la zona rural de Santa Marta. Las primeras versiones del hecho sostienen que el excombatiente fue encontrado en predios de la hacienda Tayrona, donde habría sido descubierto por los empleados del lugar. Según registró El Heraldo, junto al cuerpo fueron encontradas vainillas calibre 9 milímetros.
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Por su parte, el asesinato de Ballén fue denunciado por el partido Comunes mediante su cuenta de Twitter, en la que recalcaron que este hecho ocurrió en Saravena (Arauca), zona que actualmente está militarizada por el Gobierno. Según el Partido Comunes, representación política de las antiguas Farc, para evitar que asesinatos de desmovilizados sigan ocurriendo, no deben militarizar más el lugar, sino “implementar el Acuerdo de Paz”.
Una terrible noticia, el firmante de paz Juvenal Ballén Gómez fue asesinado en Saravena #Arauca. El primer exguerrillero asesinado en 2022 y ocurrió en el departamento más militarizado del país. Solución es implementar #AcuerdoDePaz, no militarizar el país. Que descanse en PAZ 😔 pic.twitter.com/APXI7Rdaz4
— COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) January 31, 2022
La muerte de Ballén ocurrió en el Hospital de Sarare en Saravena (Arauca), punto donde llegó con heridas en la cabeza, según dicen, como resultado de un ataque en su contra. Aunque el hecho se dio por la mañana, los médicos solo confirmaron su fallecimiento hasta la tarde del 30 de enero. Según la ONU, 303 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 27 de diciembre de 2021.
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Estos dos hechos se dan apenas un par de días después de que la Corte Constitucional determinara que el Estado no está protegiendo a cabalidad a los firmantes del Acuerdo de Paz, motivo por el cual declaró estado de cosas inconstitucional (ECI), es decir, una vulneración masiva y constante de derechos fundamentales sobre las garantías de seguridad que se les prometieron.
Con una votación de cinco contra cuatro magistrados, la Corte les dio la razón a los excombatientes de todo el país que interpusieron ocho tutelas separadas en las que alegaban una falta de garantías de seguridad en los territorios, entre otros incumplimientos al Acuerdo por parte del Estado. Según los togados, se deben adoptar órdenes encaminadas a garantizar la ejecución de los programas de protección y seguridad de los excombatientes, los miembros del partido Comunes y sus familias y líderes.
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