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El Juzgado 55 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá declaró infundada la recusación presentada por Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, contra la jueza Sandra Heredia Aranda, quien dirige el juicio contra el expresidente por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.
El juicio contra el exmandatario fue suspendido el pasado 20 de marzo, luego de que la Corte Suprema de Justicia determinara que la recusación presentada por Granados, debía ser evaluada por un juez distinto al del caso. Al día siguiente, el recurso fue remitido a la jueza Laura Melo Cristancho, quien revisó los argumentos de la defensa y resolvió rechazar la recusación. En su fallo, ordenó que el expediente regresara a la jueza Heredia Aranda, quien podrá retomar el juicio.
La recusación de Granados contra Heredia fue interpuesta en febrero, en plena audiencia. Según el abogado defensor, la jueza no estaba actuando con imparcialidad y vulneraba los derechos de su cliente. No obstante, Heredia rechazó la recusación y decidió continuar con el proceso, lo que llevó a la defensa a radicar una tutela argumentando que un juez ajeno al expediente debía decidir sobre la solicitud.
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El 21 de febrero, el Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela en primera instancia. Posteriormente, el 26 de febrero, Granados impugnó esa decisión alegando que se fundamentó en premisas erróneas y que afectaba los derechos fundamentales de su representado. De acuerdo con la defensa, el Tribunal cometió un error al declarar improcedente la tutela mientras se pronunciaba sobre el fondo del asunto.
La Corte Suprema de Justicia revisó la impugnación y le dio la razón al abogado de Uribe, ordenando a la jueza Heredia suspender el juicio, hasta ahora que la recusación fue declarada infundada por la jueza Melo Cristancho.
¿Qué sigue en el juicio contra Uribe?
Se espera que las audiencias se retomen con las declaraciones del testigo número 18 de la Fiscalía: Fabián Rojas Puertas, abogado y exasesor en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente cuando era senador. Hasta el momento, han testificado 17 personas, entre ellas el senador Iván Cepeda, el exparamilitar Salvatore Mancuso, el testigo clave Juan Guillermo Monsalve, su esposa Deyanira Gómez, Enrique Pardo Hasche, Carlos Enrique Vélez, Carlos Eduardo López Callejas, el exministro Iván Velásquez y la exfiscal Hilda Niño Farfán.
Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Uribe habría utilizado a miembros de su UTL para realizar actividades ajenas a sus funciones en el Congreso, especialmente en la recolección de pruebas dentro de procesos judiciales. Se señala que algunos de sus asesores desempeñaron un papel clave en la búsqueda y aseguramiento de información y testigos, excediendo sus responsabilidades institucionales.
Entre los involucrados están Fabián Rojas Puertas, María Claudia Daza y Hernán Cadavid. Cadavid habría entregado una carta de un posible testigo dentro del expediente, mientras que Rojas ha sido llamado a declarar por una reunión que sostuvo años atrás con el entonces director de la cárcel La Picota, Rodrigo Ricaurte, y la abogada Ángela López. Ambos están en la lista de los testigos que siguen en el juicio.
Este encuentro habría sido el punto de partida de una serie de gestiones relacionadas con la obtención de declaraciones de tres reclusos en la cárcel de Cómbita. De acuerdo con la Corte, a través de estos miembros de la UTL se gestionaban poderes para abogados, se transmitían órdenes y se informaba a Uribe sobre los avances en la recolección de pruebas.
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Las acciones estarían ligadas a la denuncia que Uribe presentó contra Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos para implicarlo con grupos paramilitares. No obstante, en 2018 la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda. La Fiscalía sostiene que, por instrucción de Uribe, se enviaron intermediarios a diferentes cárceles para conseguir testimonios que lo desvincularan de la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El pasado 20 de marzo, Rojas admitió ante la Fiscalía que había asistido a la reunión en La Picota, mantenido contacto con Diego Cadena y colaborado en la obtención de cartas de paramilitares a favor de Uribe. La audiencia se suspendió cuando Juan Felipe Amaya, abogado suplente de Uribe, interrogaba al testigo.
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