Preguntas y cadenas: reviva la audiencia de perdón de las Farc por secuestro

Los máximos líderes de la exguerrilla de las Farc estarán desde este martes encarando a las víctimas del crimen por el que más se les acusa a esta organización: el secuestro. Las víctimas de secuestros extorsivos, con fines políticos y demás modalidades de este crimen, podrán increpar y reclamarle verdad a los exmiembros del secretariado. Con una mediación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los exFarc harán parte de esta audiencia de reconocimiento. Este evento es parecido a uno realizado en Ocaña (Norte de Santander), donde varios militares aceptaron su participación en los falsos positivos. Siga aquí el minuto a minuto.

(En contexto: Detalles del inédito careo de las Farc ante la JEP por más de 20.000 secuestros)

Rodrigo Londoño se refirió al gesto del policía secuestrado, Cesar Lasso, y a las imágenes de los denominados “campos de concentración”. Este afirmó: “cuando yo vi las imágenes me dio mucho dolor que esto estuviera sucediendo y pregunte que si era posible que no se hiciera. Yo no sé si en el Bloque en el que estábamos yo hubiera cumplido esa orden. Una cosa es hablar sentados acá y otra estar allá en la selva. A mí no me cabe en la cabeza ponerle cadenas a un ser humano”.

Además, pidió perdón por diferentes estrategias aplicadas durante el conflicto y reconoció a Ányela Sierra, hija del agente de la Policía Víctor Sierra. “Vestir con uniforme a un detenido es ponerlo en riesgo frente al enemigo. Esta guerra nos hizo perder sentido común. Es doloroso cuando uno va por la calle y alguien lo insulta, pero no se compara al dolor que se siente al escucharlos a ustedes. Le expreso mi sentimiento de admiración a Ányela Sierra, es mucha la valentía y coraje en su compromiso para encontrar a su padre. Al final hizo un llamado al Ejército y se comprometió en la búsqueda de desaparecidos. “Ya hemos adelantado cosas en ese sentido y necesitamos que el ejército nos dé las coordenadas donde hizo el asalto. Me comprometo a buscar a su padre”.

Durante su intervención, el exjefe guerrillero Joaquín Gómez pidió perdón a las víctimas del secuestro y se dirigió a la familias del teniente coronel Elkin Hernández. “Reconozco mi responsabilidad, como comandante del Bloque Sur del secuestro del coronel Elkin y de Yesid Duarte, que entre otras cosas estaban de civil. Como jefe debí haber tenido mucho más control y todo esto lo asumo con toda la responsabilidad del caso. Lamento que ustedes, los familiares del coronel, como consecuencia de esta política, hayan perdido un ser tan excepcional como era Elkin, lo digo porque yo lo conocí. Los trece años de secuestro de Elkin fueron ilógicos e innecesarios. A ninguna persona debimos haber arrancado de su hogar”.

Además, el excomandante se dirigió a la familia de Yesid Duarte. Este afirmó que “Reconozco que el destino de estos miembros de la Fuerza Pública hubiera sido diferente si para nosotros hubieran primado los intereses de estos seres humanos por encima de cualquier otra cosa. Debido al secuestro separamos a una familia que apenas se empezaba a constituir y que debía estar junta los años venideros. Yesid habría sido un padre ejemplar y que, a pesar de las terribles circunstancias impartidas por nosotros, fue capaz de impartir a su hija las enseñanzas que él quería brindarle”.

Durante su intervención, el exguerrillero Pastor Alape reconoció su responsabilidad como miembro del secretariado. “Reconocemos que hubo omisión en el control de la línea de mando por parte del secretariado. La norma definía que al prisionero de guerra había que respetarle su integridad y lo que encontramos en este revelar de la verdad es que la norma se pisoteó y se asumieron conductas criminales que no correspondían a la organización”.

Además, dijo que el asesinato del intendente Peña Bonilla sí fue una orden del alto mando guerrillero y aseguró que los restos de Peña se encontrarían en la zona de los Llanos del Yarí. “Se ha avanzado en la búsqueda en una zona de los Llanos del Yarí, donde puede que estén sus restos. Estos comparecientes sabemos que este proceso de búsqueda va a ser un proceso muy largo, pero todo nuestro esfuerzo está ahí. Estamos buscando información para avanzar en la búsqueda, porque este compromiso es lo que nos permitirá descansar”.

Ányela Sierra, hija de Víctor Julio Sierra, exmilitar secuestrado el 12 de julio 1999 durante la toma de Cucutilla y dado por desaparecido, encaró a los antiguos miembros del secretariado de las Farc. Allí pidío seguir apostando por estos esfuerzos de paz “Este es un espacio que no solo nos quita cargas a nosotros, sino a ustedes también”. Además, le pidió a estos excomandantes que no se guardarán nada y que aportaran a que “la juventud tenga la oportunidad de vivir en paz”.

A pesar de afirmar que “Suelto la maleta del dolor y brindo el perdón”, Sierra afirmó que sigue en la busqueda de la verdad de lo que pasó con su padre durante la toma de Cucutilla donde fue secuestrado junto a otros miembros de la Fuerza Pública. “Vamos a seguir en la lucha hasta que los encontremos” dijo durante su intervención.

“¿Creen que deben estar el Ejército y la Policía como responsables de la operación Júpiter donde murió mi hermano?” pregunta Edna Margarita Rivas, hermana del teniente coronel Elkin Hernández Rivas, muerto durante la operación Jupiter. En esta operación murieron uniformados que llevaban más de 11 años secuestrados. Elkin Hernández fue secuestrado en la vía Paujil-Montañitas en octubre de 1998.

La hermana del exmilitar secuestrado y muerto durante esta operación pidió que fueran tomados en cuenta los miembros del Ejército y la Policia para aclarar las circunstacias en las que murió su hermano junto a otros tres militares secuestrados. Además llamó la atención a los miembros del secretariado por su accionar durante el secuestro y muerte de su hermano. Esta operación se realizo para rescatar a un grupo de secuestrados que estaría en poder del frente 63 de las extintas Farc.

“La guerra de este país truncó los sueños de mi hermano (...) nadie ha dicho que pasó con mi hermano, aún no han reconocido que pasó con el. La desaparición afecta a sus familiares por no saber que pasó con su familiar, el duelo nunca se puede elaborar si no se sabe que pasó con la victima directa”. Esto cuenta Yoleni Peña Bonilla, hermana del sargento Peña Bonilla quien fue secuestrado durante la toma de Mitú. Esta operación fue ejecutada por la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 1998. Aún no hay una versión clara sobre la desaparición de Luis Hernando Peña Bonilla.

La suerte del intendente Peña Bonilla aún es una incognita. Las extintas Farc nunca han confirmado la versión de su asesinato por orden del excomandante Mono Jojoy. Según el intendente de la Policía, Armando Castellanos rescatado en la operación Jaque, este lo sentenció porque era insostenible mantenerlo a causa de su trastorno mental. Castellanos afirmó, despues de su liberación que a Peña Bonilla lo fusilaron y lo enterraron cerca de Los Pozos (Caquetá).

“Yo quisiera poder decir: ‘yo ordené esto, ordené aquello’. A mí no me cabe en la cabeza que nuestros mandos hayan ordenado o permitido esto. En medio de la vorágine de la guerra nos enceguecimos y nunca dimensionamos esto. Nosotros veíamos el uniforme y el fusil: no veíamos al ser humano”, les dijo Rodrigo Londoño, Timochenko, a los militares y policías secuestrados.

“Yo nunca entendí las cadenas”, aseguró, y dijo que le preguntó directamente al Mono Jojoy si no era evitable que los uniformados estuvieran, literalmente, encadenados, como relataron los uniformados en la audiencia. “Claro que es tortura”, añadió, refiriéndose a los malos tratos a los que la antigua guerrilla que él comandaba sometió a más de 2.000 militares y policías de todo el país.

El coronel del Ejército Raimundo Malagón dijo que este espacio en la JEP le ha servido de “catarsis”. Fue secuestrado en la toma de La Uribe (Meta) en 1998. A los pocos meses de estar en cautiverio intentó escaparse y como castigo, durante alrededor de 20 meses lo tuvieron aislado, amarrado a dos árboles separados. Aunque pensó que eso sería lo peor que enfrentaría, también pasó por mazmorra, hilos de nylon, escampados con alambres de púas, verdaderos campos de concentración que instaló la exguerrilla de las Farc para los militares secuestrados. “Allá la vida no vale nada”, añadió Malagón.

De ese mismo campamento se escapó el subintendente Jhon Frank Pinchao, pero a los demás secuestrados los hicieron creer que lo habían matado. Finalmente, Malagón estuvo 10 años privado de la libertad. Ante los magistrados de la JEP, y mientras los siete miembros del antiguo secretariado de las Farc escuchaban, lo miraban y tomaban notas, relató las múltiples torturas a las que lo sometieron en cautiverio. “Quiera dios que estos sapos que la sociedad colombiana se tuvo que tragar después del patadazo del ‘No’, lleven a que estos hechos no se repitan”, finalizó el coronel.

El policía Olmes Johan Duque habló de las secuelas que dejó en él el secuestro, ocurrido en Bagadó, Chocó, en 2005. En cautiverio, fue víctima de violencia sexual. Aún hoy, varios años después de su liberación, recibe atención psicológica y psiquiátrica. Aunque sigue trabajando en la institución policial, no porta el uniforme porque siente que, al hacerlo, siente que puede revivir su secuestro, su violación y todos los vejámenes que vivió en cautiverio.

También aseguró que se siente abandonado “Es triste que lo que único vivió, en primera instancia, se lo nieguen. Y segundo, llevo siete años esperando que la Unidad de Víctimas me repare. No les estoy mendigando nada”, dijo Duque. Además, hizo el parangón de su condición versus la que atraviesan los exmiembros del secretariado: mientras los exjefes guerrilleros andan en camionetas y con escoltas, él se ha sentido hecho a un lado.

El sargento (r) de la Policía César Lasso estuvo 13 años en cautiverio fue el primer uniformado en tomar la palabra. Después de una carrera en la Fuerza Pública, secuestrado en 1998 en la toma de Mitú por la guerrilla de las Farc mientras su esposa estaba en embarazo de su segunda hija. “Se frustró un anhelo, un sueño de ver crecer a mis hijos”, dijo, “veo aquí a muchos jóvenes que quizás no conocen la historia de nuestro país, pero espero que a partir de estos encuentros comencemos a construir un país diferente”.

“En muchas ocasiones pensé que era mejor morir y descansar”, dijo Lasso, mientras sacaba una cadena de su bolsillo. Se puso de pie, se puso la cadena alrededor del cuello para mostrar cómo los mantenían en cautiverio. Contó que cuando ya estaba privado de su libertad, el Mono Jojoy le dijo: “esta será su compañera”. Lasso añadió: “Desde el 2002, hasta que fui liberado, permanecieron en nuestros cuellos”.

A renglón seguido, Lasso añadió: “El perdón, a mí, me ha sanado el corazón”. El uniformado dijo que lo que han reconocido los miembros del antiguo secretariado “son simples y vagas”, les pidió que reconocieran quién dio la orden. “¿Qué pasó con el cabo Peña?”, les preguntó a los exjefes guerrilleros, en referencia a uno de sus compañeros secuestrados en la toma de Mitú, el cabo Luis Hernando Peña y de quien todavía no se conoce su paradero.

Aunque no estaba previsto en la agenda, la JEP le dio la palabra a Ingrid Betancourt. “Cada cosa que ustedes dicen es una daga en el corazón”, dijo la excandidata presidencial al comenzar a hablar y enumeró cuatro cosas que hacen parte de una narrativa que la revictimiza. Betancourt sostiene que ella no pidió que la llevaran en helicóptero a San Vicente del Caguán, sino que se lo ofrecieron, como parte de una “estrategia”, para retrasar su llega a ese municipio del Caquetá donde después sería secuestrada.

Además, Betancourt dijo que no habló con el entonces presidente Andrés Pastrana al llegar al Caguán. “Él no me dirigió la palabra”. La excandidata añadió: “sus hombres me narraron que ellos habían sido informados, de alguien en el aeropuerto de que yo había llegado y ya cogía la carretera”. Y, finalmente, le dijo al exjefe guerrillero Joaquín Gómez: “Siempre he reconocido que el trato que usted nos dio a Clara y a mí fue diferente. Pero es inexacto pintar esto como algo idílico, no lo fue. A nosotros no nos trataban igual. Sí reconozco que usted nos hizo un espacio, con un cuarto y un espacio cerrado, que usted les dijo a sus subordinados que no podían entrar allí. Eso siempre se lo agradezco”.

El exjefe guerrillero Pablo Catatumbo llamó al secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle, “una de las mayores tragedias que tuvo el conflicto en nuestro país”. Ante el reclamo del único sobreviviente de ese hecho, Sigifredo López, de que las Farc nunca aclararon que él no tuvo nada que ver con su secuestro, como después diría la Fiscalía, Catatumbo contestó: “nunca, jamás, dijimos nosotros que él tuviera que ver con la inteligencia o con nosotros en las Farc. Sigifredo no tuvo nada que ver con el secuestro”.

Catatumbo dijo estar comprometido al esclarecimiento de la verdad sobre lo que ocurrió “ese último día”, refiriéndose al día en el que fueron asesinados los 11 diputados. Si bien los exjefes guerrilleros han dicho que hubo una confusión y el Frente 60 asesinó a los diputados pensando que se había desplegado una misión para rescatarlos, las víctimas no les creen del todo. “Faltan detalles”, reconoció Catatumbo.

“Yo asumo la responsabilidad que me compete, con dirección y mando, por el secuestro”, dijo a su turno el jefe guerrillero Joaquín Gómez, antiguo comandante del Bloque Sur de las Farc. Gómez luego contó cómo se encontró en esta audiencia en Bogotá, con uno de los primeros militares que secuestró la exguerrilla, en Cauca. La magistrada Lemaitre lo interrumpió y le pidió profundizar en el sufrimiento ocasionado por el secuestro, pues es uno de los pocos miembros del extinto secretariado que estuvo frente a frente con secuestrados. Incluso, Gómez tuvo en su poder a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas.

La magistrada Lemaitre le dijo: “para las víctimas es muy ofensivo, sumando el sufrimiento, cada vez que ustedes traen a colación los pequeños momentos buenos. La razón por la que están aquí no es por las veces que los trataron bien. Ustedes están aquí por los hechos que fueron torturas”. La togada le preguntó, además, si nunca instruyeron a los guerrilleros rasos y otros miembros de las Farc sobre cómo tratar a los secuestrados para prevenir que hubiera malos tratos.

“No, no la tenían. Al menos yo tenía una formación académica. La culpa es también de uno de no haberlos instruido, pero ellos no tenían formación. Yo asumo responsabilidad: yo era el jefe y uno como jefe tiene que responder”, dijo Gómez finalmente, luego de que la magistrada Lemaitre, y su colega, la magistrada Catalina Díaz, lo increparan varias veces.

En respuesta al excongresista Óscar Tulio Lizcano, el exjefe guerrillero Pastor Alape le dijo: “sé lo duro (de su secuestro) porque pude hablar con unidades que fueron responsables del secuestro suyo y he esculcado en todo el proceso. Sé de la situación compleja, que se sufrió por alimentos, las marchas duras, y también la calidad humana que usted tuvo en cautiverio”. Sin quitarle la mirada, mientras Lizcano lo escuchaba al otro lado del escenario, le dijo que, desde firmado el Acuerdo, el secretariado mismo ha descubierto que las Farc se convirtieron en una “fábrica de odios, de dolor”.

En esas conversaciones con mandos medios, con las víctimas, según Alape, “encontramos un universo muy grande de dolor, que nos pone a cargar una vergüenza”. Según dijo el el exjefe guerrillero, que fue miembro del Estado Mayor Central de la guerrilla desde 1993, la práctica de secuestrar ciudadanos para buscar un intercambio fue un error. “Reconocemos que se usaron las cadenas, no me imagino a usted, en su condición de maestro, hablándole a un árbol”, le dijo Alape al excongresista Lizcano, quien varias veces fue castigado con el aislamiento mientras estuvo secuestrado.

La hermana del diputado Juan Carlos Narváez, secuestrado en 2002 y asesinado en 2007, comenzó su intervención recordando a los once diputados asesinados en cautiverio por las Farc. “Por los ausentes, que murieron en cautiverio, por las madres que no volvieron a abrazar a sus hijos”, inició diciendo Gloria Narváez. Luego, la mujer fue cuestionando las versiones que han entregado los exjefes de las extintas Farc alrededor de este crimen

Por ejemplo, Timochenko ha dicho que solo tuvo conocimiento de lo ocurrido cuando le preguntaron acerca de las gestiones para entregar los cuerpos; o Pablo Catatumbo ha dicho que sólo leyó el comunicado en el que las Farc reconocieron, aunque con falsedades que se probaron después, lo ocurrido. “Para las familias no es suficiente y concluyente, porque obvia la verdad: ¿quién o quiénes dieron la orden? ¿Ustedes nunca se enteraron de que las Farc habían secuestrado a los diputados?”, los increpó Narváez.

“Nosotras también estuvimos secuestradas”, aseguró la hermana del diputado asesinado. La mujer aseguró que las versiones que han dado los miembros del secretariado “minimizan” lo sucedido y dijo que, en esta audiencia, tienen la oportunidad de ampliar lo que han dicho. “Para todo, presentan justificación de estos tristes hechos”, les cuestionó Narváez.

Uno de los crímenes de las Farc más recordados por el país fue el secuestro de los 12 diputados del Valle, ocurrido en la Asamblea departamental, en abril de 2002. El único sobreviviente, Sigifredo López, tomó la palabra este martes. “No basta solo con pedir perdón. ¿De dónde acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un brochazo el componente de la reparación económica para las víctimas?, ¿de dónde acá podemos hablar de justicia restaurativa con las víctimas de desplazamiento forzado, que siguen en las ciudades y vieron truncados sus proyectos de vida?”, inició López.

“Se dice que en La Habana hubo una gigantesca operación de lavado de activos. Que ustedes están llenos de plata afuera y la reparación económica no quedó en el Acuerdo”, les dijo Sigifredo López a los miembros del secretariado de la exguerrilla. “Las víctimas, unilateralmente, ya perdonamos, pero, si ustedes quieren que la sociedad los perdone, tienen que pensar en la dimensión política del perdón y en reparar económicamente a las víctimas”, aseguró y pidió una enmienda al Acuerdo de Paz que incluya esa dimensión de la reparación.

“Ustedes, en nombre de la libertad, secuestraron y en nombre de la vida, asesinaron”, les dijo el sobreviviente a los exjefes guerrilleros. El exdiputado dijo, una y otra vez, que él ya perdonó, pero, en su parecer, los exFarc nunca van a alcanzar el “perdón social” en Colombia. Además, les dijo que tienen una inmensa deuda con la verdad, aseguró que mintieron en sus primeras versiones sobre el asesinato de los diputados del Valle, los responsabilizó por el proceso penal que él tuvo que atravesar al quedar en libertad, cuando la Fiscalía lo acusó de planear su secuestro. “Me jodieron la vida”, dijo.

El excongresista Orlando Beltrán dijo que, “con el transcurrir de los días” en los años que estuvo secuestrado, pudo “descubrir que las Farc no eran cosa que una empresa criminal que le causó un gran dolor al país. El rótulo de movimiento político no era cierto. Era simplemente el querer enriquecerse”. Les habló fuertemente a los miembros del secretariado y mirándolos fijamente, los llamó “criminales”, “genocidas”, y añadió: “esta página del dolor hay que pasarla”.

“Ustedes deben, no quedarse en el simple reconocimiento de que fueron responsables, sino ayudar a que la verdad se conozca en Colombia: ¿quiénes estuvieron detrás del secuestro en el departamento de Huila, por decir uno solo? Esta empresa criminal se prestaba a la clase política para cometer crímenes. O si no, díganme por qué desaparecieron a 11 inocentes concejales en Huila”, aseguró el excongresista Beltrán. Según su relato, las Farc, “solos en la selva”, no podrían haber secuestrado en tremendas dimensiones sin la colaboración de civiles.

“Nos parece curioso que los tres liberales del Huila hayan sido todos secuestrados”, dijo Beltrán en referencia a las también excongresistas Consuelo González de Perdomo y Gloria Polanco, quienes también estuvieron privadas de su libertad a manos de las Farc. “¡Que el país conozca quiénes les colaboraban a ustedes!”, dijo aireado el exrepresentante a la Cámara y le pidió a la magistrada Lemaitre claridad de cómo se va a reparar a las víctimas en este caso.

“Yo perdoné. Seguir con odios es seguir secuestrado”, inició diciendo el excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo secuestrado por la exguerrilla de las Farc durante ocho años. A renglón seguido, les hizo un llamado a los exmiembros del secretariado a que digan qué pasó, por ejemplo, con los secuestrados que murieron en cautiverio o los niños reclutados que terminaron asesinados. “Esas verdades las tienen ustedes”.

Lizcano puso el ejemplo de un niño que él mismo conoció, que tendría 14 años, que “en su ignorancia”, le decía al congresista secuestrado “camarada”. Según Lizcano, el menor de edad intentó huir y lo fusilaron. “La narración le da sentido al dolor. Esa narración es la que las víctimas merecemos conocer. Quiero decirles: dígannos la verdad. Hemos perdonado, pero no quiere decir que no haya justicia”.

El segundo miembro del secretariado en tomar la palabra fue Pablo Catatumbo, quien llegó al secretariado de las Farc en 2008. El exjefe guerrillero reconoció que “esto constituyó uno de los hechos más dolorosos de esta guerra: la piel del dolor está reflejada en estos secuestros”. Según dijo, cuando era joven, “Nunca imaginé que la guerra podría llegar a alcanzar tales extremos de crueldad como los que hemos oído en estas y otras audiencias”. Luego miró a los ojos a las víctimas, sentados al otro lado de la sala y añadió: “Nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”.

Catatumbo también explicó cómo llegó la guerrilla a tomar la decisión de secuestrar con fines de canje. “Durante esa larga confrontación que sostuvimos, muchos militares y policías fueron hechos prisioneros y se liberaban pasado un tiempo. Pero en 1997, un pleno del estado mayor, al que yo asistí decidió (y por supuesto soy responsable) tomarlos como rehenes y forzar un intercambio humanitario por los guerrilleros que estaban en las cárceles. En 1998 se tomó otra decisión grave: involucrar personas civiles dentro del canje”, explicó.

Finalmente, aseguró que esa finalidad nunca se logró: “fue ineficaz porque no se logró lo que se pretendía”. Es decir, el Gobierno nunca accedió a liberar presos. En cambio, la guerrilla terminó prolongando la privación de la libertad de miles de personas sin justificación. “No encuentra uno palabras que puedan transmitir lo que también sentimos nosotros por el daño que les hemos causado”, les dijo a las víctimas.

Este lunes, comienzan las audiencias de reconocimiento, que serán tres en total. Sin embargo, en estas diligencias solo participarán “quienes dieron las órdenes”, explicó la magistrada Lemaitre. Para quienes las llevaron a cabo, habrá audiencias posteriores, en las que un centenar de mandos medios, entre los que hay comandantes de bloque y frente podrán encarar a sus víctimas y reconocer sus crímenes.

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, tomó la palabra a nombre de todo el secretariado. “Señores magistrados, hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas Farc y en mi calidad de último comandante a reconocer nuestra responsabilidad en uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización”, aseguró quien llegó a ser el máximo jefe de la exguerrilla, desde 2011 hasta la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Timochenko aseguró que esta seguidilla de crímenes no tiene justificación, pues trataron a miles de colombianos como “mercancía humana” y, en lugar de lograr su objetivo de forzar al Gobierno a hacer un intercambio por guerrilleros presos, solo pudieron “truncar vidas”. Ante la negativa del Estado a acceder a las presiones de la entonces guerrilla, “en un acto de insensibilidad”, añadió el exjefe guerrillero, “condenamos a cientos de seres humanos a vivir años en condiciones de indignidad y sufrimiento”. Finalmente, aunque reconoció que hubo secuestrados que sufrieron desaparición, violencia sexual y homicidio, “no fueron patrones”.

La magistrada Julieta Lemaitre, quien conduce el macrocaso 01, en el que la Sala de Reconocimiento investiga los más de 20.000 secuestros cometidos por la exguerrilla de las Farc instaló la audiencia. Lemaitre explicó que la JEP calificó la mayoría de los secuestros como crimen de guerra de toma de rehenes o como crimen de lesa humanidad de privación ilícita de la libertad. Además, que los exFarc secuestraron con tres finalidades:

1. Control de los territorios: comandantes de frente podían privar de la libertad “por el temor que las personas fueran espías o simpatizantes del enemigo”
2. Financiar sus operaciones: desde los años noventa, las Farc implementó la política de secuestrar civiles para cobrar rescates a sus familias o empresas. En la guerrilla llamaron estas extorsiones como “impuesto para la paz”
3. Forzar un cambio por guerrilleros presos: secuestraron a oficiales, suboficiales y políticos regionales para exigir intercambios o canjes.

La Sala determinó que la orden de “buen trato” solo se implementaba como una orden de “no asesinar”, no se impartieron órdenes ni controles para garantizar que se preservara la dignidad humana de los secuestrados.

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Los máximos líderes de la exguerrilla de las Farc estarán desde este martes encarando a las víctimas del crimen por el que más se les acusa a esta organización: el secuestro. Las víctimas de secuestros extorsivos, con fines políticos y demás modalidades de este crimen, podrán increpar y reclamarle verdad a los exmiembros del secretariado. Con una mediación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los exFarc harán parte de esta audiencia de reconocimiento. Este evento es parecido a uno realizado en Ocaña (Norte de Santander), donde varios militares aceptaron su participación en los falsos positivos. Siga aquí el minuto a minuto.

(En contexto: Detalles del inédito careo de las Farc ante la JEP por más de 20.000 secuestros)

Rodrigo Londoño se refirió al gesto del policía secuestrado, Cesar Lasso, y a las imágenes de los denominados “campos de concentración”. Este afirmó: “cuando yo vi las imágenes me dio mucho dolor que esto estuviera sucediendo y pregunte que si era posible que no se hiciera. Yo no sé si en el Bloque en el que estábamos yo hubiera cumplido esa orden. Una cosa es hablar sentados acá y otra estar allá en la selva. A mí no me cabe en la cabeza ponerle cadenas a un ser humano”.

Además, pidió perdón por diferentes estrategias aplicadas durante el conflicto y reconoció a Ányela Sierra, hija del agente de la Policía Víctor Sierra. “Vestir con uniforme a un detenido es ponerlo en riesgo frente al enemigo. Esta guerra nos hizo perder sentido común. Es doloroso cuando uno va por la calle y alguien lo insulta, pero no se compara al dolor que se siente al escucharlos a ustedes. Le expreso mi sentimiento de admiración a Ányela Sierra, es mucha la valentía y coraje en su compromiso para encontrar a su padre. Al final hizo un llamado al Ejército y se comprometió en la búsqueda de desaparecidos. “Ya hemos adelantado cosas en ese sentido y necesitamos que el ejército nos dé las coordenadas donde hizo el asalto. Me comprometo a buscar a su padre”.

Durante su intervención, el exjefe guerrillero Joaquín Gómez pidió perdón a las víctimas del secuestro y se dirigió a la familias del teniente coronel Elkin Hernández. “Reconozco mi responsabilidad, como comandante del Bloque Sur del secuestro del coronel Elkin y de Yesid Duarte, que entre otras cosas estaban de civil. Como jefe debí haber tenido mucho más control y todo esto lo asumo con toda la responsabilidad del caso. Lamento que ustedes, los familiares del coronel, como consecuencia de esta política, hayan perdido un ser tan excepcional como era Elkin, lo digo porque yo lo conocí. Los trece años de secuestro de Elkin fueron ilógicos e innecesarios. A ninguna persona debimos haber arrancado de su hogar”.

Además, el excomandante se dirigió a la familia de Yesid Duarte. Este afirmó que “Reconozco que el destino de estos miembros de la Fuerza Pública hubiera sido diferente si para nosotros hubieran primado los intereses de estos seres humanos por encima de cualquier otra cosa. Debido al secuestro separamos a una familia que apenas se empezaba a constituir y que debía estar junta los años venideros. Yesid habría sido un padre ejemplar y que, a pesar de las terribles circunstancias impartidas por nosotros, fue capaz de impartir a su hija las enseñanzas que él quería brindarle”.

Durante su intervención, el exguerrillero Pastor Alape reconoció su responsabilidad como miembro del secretariado. “Reconocemos que hubo omisión en el control de la línea de mando por parte del secretariado. La norma definía que al prisionero de guerra había que respetarle su integridad y lo que encontramos en este revelar de la verdad es que la norma se pisoteó y se asumieron conductas criminales que no correspondían a la organización”.

Además, dijo que el asesinato del intendente Peña Bonilla sí fue una orden del alto mando guerrillero y aseguró que los restos de Peña se encontrarían en la zona de los Llanos del Yarí. “Se ha avanzado en la búsqueda en una zona de los Llanos del Yarí, donde puede que estén sus restos. Estos comparecientes sabemos que este proceso de búsqueda va a ser un proceso muy largo, pero todo nuestro esfuerzo está ahí. Estamos buscando información para avanzar en la búsqueda, porque este compromiso es lo que nos permitirá descansar”.

Ányela Sierra, hija de Víctor Julio Sierra, exmilitar secuestrado el 12 de julio 1999 durante la toma de Cucutilla y dado por desaparecido, encaró a los antiguos miembros del secretariado de las Farc. Allí pidío seguir apostando por estos esfuerzos de paz “Este es un espacio que no solo nos quita cargas a nosotros, sino a ustedes también”. Además, le pidió a estos excomandantes que no se guardarán nada y que aportaran a que “la juventud tenga la oportunidad de vivir en paz”.

A pesar de afirmar que “Suelto la maleta del dolor y brindo el perdón”, Sierra afirmó que sigue en la busqueda de la verdad de lo que pasó con su padre durante la toma de Cucutilla donde fue secuestrado junto a otros miembros de la Fuerza Pública. “Vamos a seguir en la lucha hasta que los encontremos” dijo durante su intervención.

“¿Creen que deben estar el Ejército y la Policía como responsables de la operación Júpiter donde murió mi hermano?” pregunta Edna Margarita Rivas, hermana del teniente coronel Elkin Hernández Rivas, muerto durante la operación Jupiter. En esta operación murieron uniformados que llevaban más de 11 años secuestrados. Elkin Hernández fue secuestrado en la vía Paujil-Montañitas en octubre de 1998.

La hermana del exmilitar secuestrado y muerto durante esta operación pidió que fueran tomados en cuenta los miembros del Ejército y la Policia para aclarar las circunstacias en las que murió su hermano junto a otros tres militares secuestrados. Además llamó la atención a los miembros del secretariado por su accionar durante el secuestro y muerte de su hermano. Esta operación se realizo para rescatar a un grupo de secuestrados que estaría en poder del frente 63 de las extintas Farc.

“La guerra de este país truncó los sueños de mi hermano (...) nadie ha dicho que pasó con mi hermano, aún no han reconocido que pasó con el. La desaparición afecta a sus familiares por no saber que pasó con su familiar, el duelo nunca se puede elaborar si no se sabe que pasó con la victima directa”. Esto cuenta Yoleni Peña Bonilla, hermana del sargento Peña Bonilla quien fue secuestrado durante la toma de Mitú. Esta operación fue ejecutada por la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 1998. Aún no hay una versión clara sobre la desaparición de Luis Hernando Peña Bonilla.

La suerte del intendente Peña Bonilla aún es una incognita. Las extintas Farc nunca han confirmado la versión de su asesinato por orden del excomandante Mono Jojoy. Según el intendente de la Policía, Armando Castellanos rescatado en la operación Jaque, este lo sentenció porque era insostenible mantenerlo a causa de su trastorno mental. Castellanos afirmó, despues de su liberación que a Peña Bonilla lo fusilaron y lo enterraron cerca de Los Pozos (Caquetá).

“Yo quisiera poder decir: ‘yo ordené esto, ordené aquello’. A mí no me cabe en la cabeza que nuestros mandos hayan ordenado o permitido esto. En medio de la vorágine de la guerra nos enceguecimos y nunca dimensionamos esto. Nosotros veíamos el uniforme y el fusil: no veíamos al ser humano”, les dijo Rodrigo Londoño, Timochenko, a los militares y policías secuestrados.

“Yo nunca entendí las cadenas”, aseguró, y dijo que le preguntó directamente al Mono Jojoy si no era evitable que los uniformados estuvieran, literalmente, encadenados, como relataron los uniformados en la audiencia. “Claro que es tortura”, añadió, refiriéndose a los malos tratos a los que la antigua guerrilla que él comandaba sometió a más de 2.000 militares y policías de todo el país.

El coronel del Ejército Raimundo Malagón dijo que este espacio en la JEP le ha servido de “catarsis”. Fue secuestrado en la toma de La Uribe (Meta) en 1998. A los pocos meses de estar en cautiverio intentó escaparse y como castigo, durante alrededor de 20 meses lo tuvieron aislado, amarrado a dos árboles separados. Aunque pensó que eso sería lo peor que enfrentaría, también pasó por mazmorra, hilos de nylon, escampados con alambres de púas, verdaderos campos de concentración que instaló la exguerrilla de las Farc para los militares secuestrados. “Allá la vida no vale nada”, añadió Malagón.

De ese mismo campamento se escapó el subintendente Jhon Frank Pinchao, pero a los demás secuestrados los hicieron creer que lo habían matado. Finalmente, Malagón estuvo 10 años privado de la libertad. Ante los magistrados de la JEP, y mientras los siete miembros del antiguo secretariado de las Farc escuchaban, lo miraban y tomaban notas, relató las múltiples torturas a las que lo sometieron en cautiverio. “Quiera dios que estos sapos que la sociedad colombiana se tuvo que tragar después del patadazo del ‘No’, lleven a que estos hechos no se repitan”, finalizó el coronel.

El policía Olmes Johan Duque habló de las secuelas que dejó en él el secuestro, ocurrido en Bagadó, Chocó, en 2005. En cautiverio, fue víctima de violencia sexual. Aún hoy, varios años después de su liberación, recibe atención psicológica y psiquiátrica. Aunque sigue trabajando en la institución policial, no porta el uniforme porque siente que, al hacerlo, siente que puede revivir su secuestro, su violación y todos los vejámenes que vivió en cautiverio.

También aseguró que se siente abandonado “Es triste que lo que único vivió, en primera instancia, se lo nieguen. Y segundo, llevo siete años esperando que la Unidad de Víctimas me repare. No les estoy mendigando nada”, dijo Duque. Además, hizo el parangón de su condición versus la que atraviesan los exmiembros del secretariado: mientras los exjefes guerrilleros andan en camionetas y con escoltas, él se ha sentido hecho a un lado.

El sargento (r) de la Policía César Lasso estuvo 13 años en cautiverio fue el primer uniformado en tomar la palabra. Después de una carrera en la Fuerza Pública, secuestrado en 1998 en la toma de Mitú por la guerrilla de las Farc mientras su esposa estaba en embarazo de su segunda hija. “Se frustró un anhelo, un sueño de ver crecer a mis hijos”, dijo, “veo aquí a muchos jóvenes que quizás no conocen la historia de nuestro país, pero espero que a partir de estos encuentros comencemos a construir un país diferente”.

“En muchas ocasiones pensé que era mejor morir y descansar”, dijo Lasso, mientras sacaba una cadena de su bolsillo. Se puso de pie, se puso la cadena alrededor del cuello para mostrar cómo los mantenían en cautiverio. Contó que cuando ya estaba privado de su libertad, el Mono Jojoy le dijo: “esta será su compañera”. Lasso añadió: “Desde el 2002, hasta que fui liberado, permanecieron en nuestros cuellos”.

A renglón seguido, Lasso añadió: “El perdón, a mí, me ha sanado el corazón”. El uniformado dijo que lo que han reconocido los miembros del antiguo secretariado “son simples y vagas”, les pidió que reconocieran quién dio la orden. “¿Qué pasó con el cabo Peña?”, les preguntó a los exjefes guerrilleros, en referencia a uno de sus compañeros secuestrados en la toma de Mitú, el cabo Luis Hernando Peña y de quien todavía no se conoce su paradero.

Aunque no estaba previsto en la agenda, la JEP le dio la palabra a Ingrid Betancourt. “Cada cosa que ustedes dicen es una daga en el corazón”, dijo la excandidata presidencial al comenzar a hablar y enumeró cuatro cosas que hacen parte de una narrativa que la revictimiza. Betancourt sostiene que ella no pidió que la llevaran en helicóptero a San Vicente del Caguán, sino que se lo ofrecieron, como parte de una “estrategia”, para retrasar su llega a ese municipio del Caquetá donde después sería secuestrada.

Además, Betancourt dijo que no habló con el entonces presidente Andrés Pastrana al llegar al Caguán. “Él no me dirigió la palabra”. La excandidata añadió: “sus hombres me narraron que ellos habían sido informados, de alguien en el aeropuerto de que yo había llegado y ya cogía la carretera”. Y, finalmente, le dijo al exjefe guerrillero Joaquín Gómez: “Siempre he reconocido que el trato que usted nos dio a Clara y a mí fue diferente. Pero es inexacto pintar esto como algo idílico, no lo fue. A nosotros no nos trataban igual. Sí reconozco que usted nos hizo un espacio, con un cuarto y un espacio cerrado, que usted les dijo a sus subordinados que no podían entrar allí. Eso siempre se lo agradezco”.

El exjefe guerrillero Pablo Catatumbo llamó al secuestro y posterior asesinato de los diputados del Valle, “una de las mayores tragedias que tuvo el conflicto en nuestro país”. Ante el reclamo del único sobreviviente de ese hecho, Sigifredo López, de que las Farc nunca aclararon que él no tuvo nada que ver con su secuestro, como después diría la Fiscalía, Catatumbo contestó: “nunca, jamás, dijimos nosotros que él tuviera que ver con la inteligencia o con nosotros en las Farc. Sigifredo no tuvo nada que ver con el secuestro”.

Catatumbo dijo estar comprometido al esclarecimiento de la verdad sobre lo que ocurrió “ese último día”, refiriéndose al día en el que fueron asesinados los 11 diputados. Si bien los exjefes guerrilleros han dicho que hubo una confusión y el Frente 60 asesinó a los diputados pensando que se había desplegado una misión para rescatarlos, las víctimas no les creen del todo. “Faltan detalles”, reconoció Catatumbo.

“Yo asumo la responsabilidad que me compete, con dirección y mando, por el secuestro”, dijo a su turno el jefe guerrillero Joaquín Gómez, antiguo comandante del Bloque Sur de las Farc. Gómez luego contó cómo se encontró en esta audiencia en Bogotá, con uno de los primeros militares que secuestró la exguerrilla, en Cauca. La magistrada Lemaitre lo interrumpió y le pidió profundizar en el sufrimiento ocasionado por el secuestro, pues es uno de los pocos miembros del extinto secretariado que estuvo frente a frente con secuestrados. Incluso, Gómez tuvo en su poder a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas.

La magistrada Lemaitre le dijo: “para las víctimas es muy ofensivo, sumando el sufrimiento, cada vez que ustedes traen a colación los pequeños momentos buenos. La razón por la que están aquí no es por las veces que los trataron bien. Ustedes están aquí por los hechos que fueron torturas”. La togada le preguntó, además, si nunca instruyeron a los guerrilleros rasos y otros miembros de las Farc sobre cómo tratar a los secuestrados para prevenir que hubiera malos tratos.

“No, no la tenían. Al menos yo tenía una formación académica. La culpa es también de uno de no haberlos instruido, pero ellos no tenían formación. Yo asumo responsabilidad: yo era el jefe y uno como jefe tiene que responder”, dijo Gómez finalmente, luego de que la magistrada Lemaitre, y su colega, la magistrada Catalina Díaz, lo increparan varias veces.

En respuesta al excongresista Óscar Tulio Lizcano, el exjefe guerrillero Pastor Alape le dijo: “sé lo duro (de su secuestro) porque pude hablar con unidades que fueron responsables del secuestro suyo y he esculcado en todo el proceso. Sé de la situación compleja, que se sufrió por alimentos, las marchas duras, y también la calidad humana que usted tuvo en cautiverio”. Sin quitarle la mirada, mientras Lizcano lo escuchaba al otro lado del escenario, le dijo que, desde firmado el Acuerdo, el secretariado mismo ha descubierto que las Farc se convirtieron en una “fábrica de odios, de dolor”.

En esas conversaciones con mandos medios, con las víctimas, según Alape, “encontramos un universo muy grande de dolor, que nos pone a cargar una vergüenza”. Según dijo el el exjefe guerrillero, que fue miembro del Estado Mayor Central de la guerrilla desde 1993, la práctica de secuestrar ciudadanos para buscar un intercambio fue un error. “Reconocemos que se usaron las cadenas, no me imagino a usted, en su condición de maestro, hablándole a un árbol”, le dijo Alape al excongresista Lizcano, quien varias veces fue castigado con el aislamiento mientras estuvo secuestrado.

La hermana del diputado Juan Carlos Narváez, secuestrado en 2002 y asesinado en 2007, comenzó su intervención recordando a los once diputados asesinados en cautiverio por las Farc. “Por los ausentes, que murieron en cautiverio, por las madres que no volvieron a abrazar a sus hijos”, inició diciendo Gloria Narváez. Luego, la mujer fue cuestionando las versiones que han entregado los exjefes de las extintas Farc alrededor de este crimen

Por ejemplo, Timochenko ha dicho que solo tuvo conocimiento de lo ocurrido cuando le preguntaron acerca de las gestiones para entregar los cuerpos; o Pablo Catatumbo ha dicho que sólo leyó el comunicado en el que las Farc reconocieron, aunque con falsedades que se probaron después, lo ocurrido. “Para las familias no es suficiente y concluyente, porque obvia la verdad: ¿quién o quiénes dieron la orden? ¿Ustedes nunca se enteraron de que las Farc habían secuestrado a los diputados?”, los increpó Narváez.

“Nosotras también estuvimos secuestradas”, aseguró la hermana del diputado asesinado. La mujer aseguró que las versiones que han dado los miembros del secretariado “minimizan” lo sucedido y dijo que, en esta audiencia, tienen la oportunidad de ampliar lo que han dicho. “Para todo, presentan justificación de estos tristes hechos”, les cuestionó Narváez.

Uno de los crímenes de las Farc más recordados por el país fue el secuestro de los 12 diputados del Valle, ocurrido en la Asamblea departamental, en abril de 2002. El único sobreviviente, Sigifredo López, tomó la palabra este martes. “No basta solo con pedir perdón. ¿De dónde acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un brochazo el componente de la reparación económica para las víctimas?, ¿de dónde acá podemos hablar de justicia restaurativa con las víctimas de desplazamiento forzado, que siguen en las ciudades y vieron truncados sus proyectos de vida?”, inició López.

“Se dice que en La Habana hubo una gigantesca operación de lavado de activos. Que ustedes están llenos de plata afuera y la reparación económica no quedó en el Acuerdo”, les dijo Sigifredo López a los miembros del secretariado de la exguerrilla. “Las víctimas, unilateralmente, ya perdonamos, pero, si ustedes quieren que la sociedad los perdone, tienen que pensar en la dimensión política del perdón y en reparar económicamente a las víctimas”, aseguró y pidió una enmienda al Acuerdo de Paz que incluya esa dimensión de la reparación.

“Ustedes, en nombre de la libertad, secuestraron y en nombre de la vida, asesinaron”, les dijo el sobreviviente a los exjefes guerrilleros. El exdiputado dijo, una y otra vez, que él ya perdonó, pero, en su parecer, los exFarc nunca van a alcanzar el “perdón social” en Colombia. Además, les dijo que tienen una inmensa deuda con la verdad, aseguró que mintieron en sus primeras versiones sobre el asesinato de los diputados del Valle, los responsabilizó por el proceso penal que él tuvo que atravesar al quedar en libertad, cuando la Fiscalía lo acusó de planear su secuestro. “Me jodieron la vida”, dijo.

El excongresista Orlando Beltrán dijo que, “con el transcurrir de los días” en los años que estuvo secuestrado, pudo “descubrir que las Farc no eran cosa que una empresa criminal que le causó un gran dolor al país. El rótulo de movimiento político no era cierto. Era simplemente el querer enriquecerse”. Les habló fuertemente a los miembros del secretariado y mirándolos fijamente, los llamó “criminales”, “genocidas”, y añadió: “esta página del dolor hay que pasarla”.

“Ustedes deben, no quedarse en el simple reconocimiento de que fueron responsables, sino ayudar a que la verdad se conozca en Colombia: ¿quiénes estuvieron detrás del secuestro en el departamento de Huila, por decir uno solo? Esta empresa criminal se prestaba a la clase política para cometer crímenes. O si no, díganme por qué desaparecieron a 11 inocentes concejales en Huila”, aseguró el excongresista Beltrán. Según su relato, las Farc, “solos en la selva”, no podrían haber secuestrado en tremendas dimensiones sin la colaboración de civiles.

“Nos parece curioso que los tres liberales del Huila hayan sido todos secuestrados”, dijo Beltrán en referencia a las también excongresistas Consuelo González de Perdomo y Gloria Polanco, quienes también estuvieron privadas de su libertad a manos de las Farc. “¡Que el país conozca quiénes les colaboraban a ustedes!”, dijo aireado el exrepresentante a la Cámara y le pidió a la magistrada Lemaitre claridad de cómo se va a reparar a las víctimas en este caso.

“Yo perdoné. Seguir con odios es seguir secuestrado”, inició diciendo el excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo secuestrado por la exguerrilla de las Farc durante ocho años. A renglón seguido, les hizo un llamado a los exmiembros del secretariado a que digan qué pasó, por ejemplo, con los secuestrados que murieron en cautiverio o los niños reclutados que terminaron asesinados. “Esas verdades las tienen ustedes”.

Lizcano puso el ejemplo de un niño que él mismo conoció, que tendría 14 años, que “en su ignorancia”, le decía al congresista secuestrado “camarada”. Según Lizcano, el menor de edad intentó huir y lo fusilaron. “La narración le da sentido al dolor. Esa narración es la que las víctimas merecemos conocer. Quiero decirles: dígannos la verdad. Hemos perdonado, pero no quiere decir que no haya justicia”.

El segundo miembro del secretariado en tomar la palabra fue Pablo Catatumbo, quien llegó al secretariado de las Farc en 2008. El exjefe guerrillero reconoció que “esto constituyó uno de los hechos más dolorosos de esta guerra: la piel del dolor está reflejada en estos secuestros”. Según dijo, cuando era joven, “Nunca imaginé que la guerra podría llegar a alcanzar tales extremos de crueldad como los que hemos oído en estas y otras audiencias”. Luego miró a los ojos a las víctimas, sentados al otro lado de la sala y añadió: “Nunca imaginé lo increíblemente duro, lo terriblemente desgarrador que sería sentarme frente a ustedes a escuchar todo el daño que les causamos”.

Catatumbo también explicó cómo llegó la guerrilla a tomar la decisión de secuestrar con fines de canje. “Durante esa larga confrontación que sostuvimos, muchos militares y policías fueron hechos prisioneros y se liberaban pasado un tiempo. Pero en 1997, un pleno del estado mayor, al que yo asistí decidió (y por supuesto soy responsable) tomarlos como rehenes y forzar un intercambio humanitario por los guerrilleros que estaban en las cárceles. En 1998 se tomó otra decisión grave: involucrar personas civiles dentro del canje”, explicó.

Finalmente, aseguró que esa finalidad nunca se logró: “fue ineficaz porque no se logró lo que se pretendía”. Es decir, el Gobierno nunca accedió a liberar presos. En cambio, la guerrilla terminó prolongando la privación de la libertad de miles de personas sin justificación. “No encuentra uno palabras que puedan transmitir lo que también sentimos nosotros por el daño que les hemos causado”, les dijo a las víctimas.

Este lunes, comienzan las audiencias de reconocimiento, que serán tres en total. Sin embargo, en estas diligencias solo participarán “quienes dieron las órdenes”, explicó la magistrada Lemaitre. Para quienes las llevaron a cabo, habrá audiencias posteriores, en las que un centenar de mandos medios, entre los que hay comandantes de bloque y frente podrán encarar a sus víctimas y reconocer sus crímenes.

Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko, tomó la palabra a nombre de todo el secretariado. “Señores magistrados, hemos venido aquí como último secretariado de las desaparecidas Farc y en mi calidad de último comandante a reconocer nuestra responsabilidad en uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización”, aseguró quien llegó a ser el máximo jefe de la exguerrilla, desde 2011 hasta la firma del Acuerdo de Paz, en 2016.

Timochenko aseguró que esta seguidilla de crímenes no tiene justificación, pues trataron a miles de colombianos como “mercancía humana” y, en lugar de lograr su objetivo de forzar al Gobierno a hacer un intercambio por guerrilleros presos, solo pudieron “truncar vidas”. Ante la negativa del Estado a acceder a las presiones de la entonces guerrilla, “en un acto de insensibilidad”, añadió el exjefe guerrillero, “condenamos a cientos de seres humanos a vivir años en condiciones de indignidad y sufrimiento”. Finalmente, aunque reconoció que hubo secuestrados que sufrieron desaparición, violencia sexual y homicidio, “no fueron patrones”.

La magistrada Julieta Lemaitre, quien conduce el macrocaso 01, en el que la Sala de Reconocimiento investiga los más de 20.000 secuestros cometidos por la exguerrilla de las Farc instaló la audiencia. Lemaitre explicó que la JEP calificó la mayoría de los secuestros como crimen de guerra de toma de rehenes o como crimen de lesa humanidad de privación ilícita de la libertad. Además, que los exFarc secuestraron con tres finalidades:

1. Control de los territorios: comandantes de frente podían privar de la libertad “por el temor que las personas fueran espías o simpatizantes del enemigo”
2. Financiar sus operaciones: desde los años noventa, las Farc implementó la política de secuestrar civiles para cobrar rescates a sus familias o empresas. En la guerrilla llamaron estas extorsiones como “impuesto para la paz”
3. Forzar un cambio por guerrilleros presos: secuestraron a oficiales, suboficiales y políticos regionales para exigir intercambios o canjes.

La Sala determinó que la orden de “buen trato” solo se implementaba como una orden de “no asesinar”, no se impartieron órdenes ni controles para garantizar que se preservara la dignidad humana de los secuestrados.

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