El antiguo secretariado de las Farc formalizó este martes 8 de octubre una petición que ya se venía cocinando desde hace varias semanas. A través de una carta, los siete exlíderes de la guerrilla le pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que solo emita una sanción en su contra por todas las investigaciones en su contra.
La petición, que incluye la renuncia de los siete firmantes a su presunción de inocencia, incluye una crítica a los ya reiterados cuestionamientos de los exguerrilleros a la manera en que la JEP ha trabajado desde su creación, pues consideran que ha sido lenta, poco clara y ha permitido que se abran otras investigaciones que, a su parecer, se salen del resorte de la jurisdicción.
En la solicitud, los exFarc señalaron que la renuncia a la presunción de inocencia abarca todos los casos que se siguen ante la JEP, que son 11, “en los que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando”.
Además de elevar esa petición, los firmantes piden que sean considerados como “máximos responsables (de todas las conductas delictivas), asumiendo la responsabilidad por hechos ocurridos durante, con ocasión y en relación directa con el conflicto armado, realizados por el personal a nuestro cargo”.
Los firmantes son: Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra. En respuesta, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, señaló que “reciben con interés” la petición de los firmantes y que también la valoran, pues responde a la seriedad de las investigaciones que han adelantado en la jurisdicción.
En todo caso, Vidal aclaró en una rueda de prensa en la tarde de este 8 de octubre, que la solicitud sera estudiada con detenimiento por los magistrados, para entender cuáles serían las repercusiones jurídicas de la petición de los exFarc y, sobre todo, porque cualquier decisión que se tome debe tener en cuenta los derechos de las víctimas.
La solicitud incluye varias críticas que, para los exFarc, son la respuesta a su petición. En pocas palabas, al renunciar a su inocencia, lo que buscan es agilizar todos los procesos para que la JEP solo emita una sentencia final y evitar que el resultado de las investigaciones sea una sola y no demore más tiempo.
Pese a las críticas, lo que es cierto es que ya el magistrado Roberto Vidal, resolvió cualquier duda sobre este asunto. En entrevista con este diario, el magistrado aclaró que solo habrá una sanción. Sin embargo, las molestias de los exFarc apuntan a otros asuntos, pues la JEP sigue investigando y emitiendo resoluciones de las investigaciones por cada caso.
Para los miembros del secretariado, la jurisdicción especial se ha “empeñado en investigar indefinidamente hechos ya conocidos” y no ha realizado “imputaciones en una resolución única sobre los hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado” que les permitan asumir sus responsabilidades.
Por eso, en la carta los exFarc reiteran que “se requiere con urgencia la drástica transformación de la actual situación”. El problema, en realidad, es mucho más complejo, pues la JEP ha insistido en que el tiempo que se ha tomado en resolver los casos responde a la complejidad de los casos de las víctimas que se han acercado a este sistema transicional para exigir verdad, justicia, reparación y no repetición.
Por esa misma complejidad, la JEP todavía no ha emitido ninguna sanción y, además, ha decidido, sobre la marcha, abrir otros casos. Por ejemplo, lo hizo en en septiembre del año pasado, cuando abrió el proceso 11 para poder dar respuesta a las miles de víctimas de violencia sexual y de género durante la guerra.
Con este último, la jurisdicción tiene once macrocasos en los que se investigan secuestro; ejecuciones extrajudiciales; crímenes cometidos por la fuerza pública, otros agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares o terceros civiles; la violencia contra la Unión Patriótica (UP); reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto; crímenes contra pueblos y territorios étnicos; crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las Farc; y la violencia en las regiones del Urabá, norte del Cauca y el Sur del Valle del Cauca, y Nariño.
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