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Las diferencias entre el saliente secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, y los magistrados de esa justicia especial, se agudizaron. Luego que se conociera una carta en la que Correa denuncia supuestos actos de lobby para modificarle sus funciones y supuestas irregularidades en la actuación de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, la magistrada señaló este jueves que Correa habría obtenido de manera irregular los correos internos de los magistrados.
Así lo indicó Linares en una declaración a medios de comunicación, tras las suspicacias que se originaron con la carta en la que Correa explicó los motivos de su renuncia. Correa indicó que Linares habría entregado al ministro de Justicia, Enrique Gil, una propuesta para cambiar algunos puntos del proyecto de ley estatutaria sobre la JEP que en ese momento se discutía en el Congreso. Hoy, Linares aseguró que sí entregó algunos conceptos al respecto, por invitación directa que el Gobierno Nacional le hizo una vez fue designada por el Comité de Escogencia. "En efecto nos reunimos en varias ocasiones para analizar temas jurídicos que se desarrollaban en el Congreso e intercambiamos conceptos y opiniones jurídicas que luego se condensaron en documentos técnicos que se remitieron al señor ministro de Justicia", señaló.
"Ese intercambio de opinionesy reflexiones jurídicas también lo hicimos, en la mayoría de los casos, por vía electrónica, a través de nuestros correos privados personales pues aún no estábamos posesionados, correos que no sabemos cómo obtuvo ilegalmente el señor Néstor Raúl Correa, quien en enero del presente año le expresó a la Presidenta que si no asumíamos los diseños que él tenía previstos para la Secretaría Ejecutiva de la JEP, daría a conocer a los medios de comunicación, el intercambio de correos", señaló Linares.
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La presidenta aseguró que "no cedimos a sus absurdas pretensiones" y, en cambio, dijo que se le exigió a Correa el cumplimiento de sus tareas como, por ejemplo, lo relacionado con la ejecución de 4.5 millones de dólares. Linares denunció que el funcionario sólo habría empezado a rendir cuentas cuando la Contraloría General se lo requirió. Además, apuntó que los dineros debieron destinarse a la implementación de la infraestructura básica. "No obstante, a la fecha, carecemos de sistemas de información, telefonía y comunicaciones, sistemas de seguridad y protección para los funcionarios y comparecientes de la JEP. Tampoco contamos con suficientes insumos básicos como papelería, fotocopiadoras, computadores e impresoras".
Igualmente, dijo que la Secretaría no avanzó adecuadamente en el diseño del sistema de representación judicial de las víctimas; del sistema de apoyo psicosocial para las víctimas; del sistema de monitoreo y vigilancia de personas beneficiadas con libertad condicionada; del sistema Autónomo de Defensa de los ex combatientes de las FARC; ni de la certificación de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador (TOARs). "Tareas sobre las cuales a la fecha hay un nulo o incipiente avance por lo que han tenido que ser asumidas por los magistrados", señaló.
"Tales dificultades en la gestión del Secretario ocasionaron el reclamo de los magistrados y la exigencia de que procesos de contratación como el sistema de información (primer componente por 3 millones de dólares) se detuvieran hasta verificar su pertinencia. Así mismo, y dado que al secretario le corresponde nominar y nombrar cerca de 200 servidores públicos a partir de junio del presente año, se le pidió diseñar y definir una estructura que justifique ese número de funcionarios, la cual debe ser aprobada por el órgano de gobierno de la JEP. A la fecha no la ha presentado", aseguró.
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En la misiva del saliente secretario ejecutivo, se asegura que la magistrada Linares, supuestamente creó un “Comité Estratégico” con nueve de los 38 magistrados de esa justicia especial para modificarle las funciones que el Acuerdo de Paz creó para esa dependencia. En este comité, dijo, estarían los juristas Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes. "La idea concreta era quitarle esas funciones, pasárselas a los magistrados, apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al SE (secretario ejecutivo) del órgano de gobierno, para que no tuviera voto”.
Correa cuestionó que, en el reglamento interno de la jurisdicción, diseñado por los magistrados, se le haya creado un periodo de dos años al Secretario Ejecutivo que antes no estaba establecido, así como modificado algunas funciones. “La presidenta de la JEP asume la función de conceder licencias, incapacidades, permisos, vacaciones, comisiones, viajes, etc., de todo el personal de la JEP”. Y señaló que en octubre de 2017 presentó un proyecto sobre la planta de personal que creaba 440 cargos, sin magistrados auxiliares, que luego Linares habría debatido y solicitado cinco plazas de auxiliares por despacho, lo que en su criterio sería una “planta de alto costo”.
En la declaración de Linares, firmada por los juristas mencionados por Correa, se señala que la magistratura no ha celebrado ni celebrará contrato alguno, ya que es una función de la Secretaría que no se modificó y que fue prevista en el Acuerdo de Paz y en varias leyes posteriores. Por otro lado, asegura que al órgano de gobierno de la JEP sí le corresponde "orientar, dirigir y definir los lineamientos del órgano ejecutor (la Secretaría). Durante el 2017 el Secretario solicitó y obtuvo los contratos aproximadamente de 100 personas y hoy cuenta con 163 contratistas, requeridos, escogidos y designados exclusivamente por el señor Correa".
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Y sobre el asunto de la planta de personal, la magistrada Linares indicó que se propuso una estructura que luego fue acogida por unanimidad por los magistrados electos de la JEP. "Posteriormente, en el reglamento se adoptaron los dispositivos necesarios que permiten la flexibilidad y movilidad del personal en función de las cargas de trabajo y el flujo de los procesos judiciales", dijo al señalar que al 6 marzo de 2018 se han acogido a es ajusticia especial 6.475 personas. "La Fiscalía General de la Nación ha estimado que existen más de 225 mil casos relacionados con el conflicto armado y planea entregar a la JEP sistematizados en 17 informes. Según la Fiscalía, se encuentran activos 72 mil procesos con 256 mil indiciados. Esa es la dimensión de la tarea a la que estamos enfrentados", enfatizó.
La carta de Correa finaliza con afirmaciones de grueso calibre. Por ejemplo, dice que esos nueve magistrados se estarían tomando la ley por las manos. “Los magistrados vieron en la JEP un botón burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al Secretario del órgano de gobierno. Al final quedó configurada una JEP que compromete el funcionamiento de un sistema de justicia transicional, que pone en riesgo los derechos de las víctimas y privatiza el interés general”. Por su parte, Linares cuestionó que Correa haya hecho cuestionamientos públicos y no ante el órgano de gobierno de la JEP.