Directora de restitución de tierras del Urabá pide acompañamiento de la Policía

Hace una década, la abogada Nervelia Avilés fue víctima de desplazamiento, cuando estaba al frente de los expedientes de campesinos a quienes les despojaron sus tierras en Antioquia y Córdoba. Como antigua miembro de la Fundación Tierra y Vida, conoce plenamente el proceso de restitución, incluso bajo la ley de Justicia y Paz, creada, entre otras cosas, para reparar a víctimas del paramilitarismo. Hoy, la vida le dio un giro y está a cargo de la Unidad de Restitución en la territorial Urabá. En entrevista con El Espectador, Avilés entrega detalles de la tarea que tiene, una nada sencilla, pues coordina los procesos para más de 8.000 solicitantes, a quienes guerrilleros, paramilitares y empresas los han despojado históricamente.

En contexto: Morir esperando la restitución de tierras: el caso de los reclamantes del Urabá

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la región para material la restitución?

El concepto de seguridad de la Fuerza Pública es uno de los principales requisitos. Si la Policía dice que no hay condiciones de seguridad para los solicitantes, no dan el concepto para medir predios o para entregarlos. La semana pasada logramos abrir tres casos en el municipio de Turbo, en San Pedro de Urabá y Acandí (Chocó). Esa es la dificultad que más he notado. A veces he sentido impotencia por no poderle entregar a una persona que ya está de avanzada edad y que dice: “Me voy a morir y no voy a ver la restitución de mi predio”. Es que hay entregas que se han cancelado hasta ocho veces.

Justamente hoy había la entrega para un señor en el municipio de Necoclí y ayer la cancelaron por una alerta que hubo en la vereda El Totumo, por un artefacto que explotó. Mes a mes se programan las entregas, son casi una o dos diarias. Pero muchas veces, durante el día, la Fuerza Pública nos dice que se cae. No contamos con un grupo de Policía solo para restitución y eso dificulta los procesos. Esa es una de las cosas que estamos pidiendo y reclamando.

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¿Cuáles son los principales despojadores identificados?

Los despojadores identificados en los casos colectivos de restitución son el Epl, las Farc, el Eln y las Autodefensas Unidas de Colombia. En la ruta individual hay muchos empresarios mencionados. Por ejemplo, las víctimas nos dicen que, cuando las sacó el grupo armado, entonces las empresas mandaban comisionistas que les ofrecían dinero por los predios y, si se negaban, decían que le compraban a la viuda y les ponían el arma en la mesa. Los que más se han opuesto son los empresarios bananeros, ganadores y agroindustriales.

Los restituidos, además, han tenido dificultades porque les cortan el alambre, les corren la cerca, les echan los animales para que les dañen los cultivos. Han seguido las presiones. No los dejan pasar en algunos casos. No les quieren seguir dando la servidumbre para entrar a su predio y salir. Ha pasado que, en grandes terrenos, si ya están restituidos los de la parte de atrás, pero los de acá adelante todavía no, y como esa tierra es de los empresarios, no les dan paso para que saquen su cosecha. Hay muchos problemas con la servidumbre.

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¿Cuántas víctimas han sido restituidas en el Urabá antioqueño desde la creación de la Ley de Víctimas?

En el momento hay 8.852 solicitudes en curso. De ellas, ante los dos juzgados de restitución de la región, se encuentran 2.044 casos, en la etapa judicial. Ahora, en la ruta individual de restitución tenemos 257 sentencias, que abarcan 429 casos de despojo y en el que fueron resarcidas 1.578 víctimas. De ellas, 803 son mujeres. En hectáreas estamos hablando de 9.058.

¿Los funcionarios de la territorial que usted coordina han reportado recientemente problemas de seguridad?

Hay una funcionaria que hace unos días recibió una carta. La llevó un mensajero. Le entregó un sobre de manila y cuando lo abrió, era una carta de amenaza. Yo estuve ya desplazada una década. Me tuve que venir para Bogotá, prácticamente estoy retornando. Me preguntan si no me dio miedo volver y a la Unidad de Restitución. La verdad es que no ando sola y por ahora no me ha pasado nada.

Yo abandoné mi proyecto de vida en 2012. Me dijeron que me iban a asesinar por ayudarle a los campesinos a retornar a su tierra en Córdoba. El que está por hacer el mal, está pendiente de que uno dé la papaya. Yo, debo decir, ahora que regresé al Urabá, encuentro la región muy cambiada. En cuanto a las víctimas y la restitución de tierras, veo esperanza. Veo la luz al final del túnel. Ahora sí los noto con ilusión de que les van a entregar su tierra.

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¿Qué ha cambiado en la Unidad con la llegada de Giovanny Yule a la dirección de la entidad, otra víctima de desplazamiento?

Hemos verificado cuál fue el sustento probatorio en esas decisiones de no inicio de trámites ante la Unidad en nuestra territorial, en administraciones pasadas. Nos hemos dado cuenta que realmente hay muchas negativas y eso se constata en palabras de las víctimas. Y eso es un baldado de agua fría para ellos. Tú llevas la ilusión de que tu predio lo vas a reclamar porque realmente lo perdiste por culpa del conflicto armado. La Ley de Víctimas llegó hace más de una década como una esperanza y no puede ser que te lo nieguen.

Nos hemos puesto en la tarea de revisar las negaciones anteriores para poder inscribir esos predios en el registro único. Igual también verificamos los desistimientos de las víctimas que pueden estar bajo amenazas. Muchas personas no se atreven a decir qué les está pasando. Dicen que no quieren continuar, pero uno se da cuenta que detrás hay otras cosas. Pero la ley nos faculta seguir de oficio los procesos. Les explicamos que no importa que no puedan volver o no quieran hacerlo, pero tienen el derecho de reclamar su predio. Se les puede compensar o darles una tierra en otra parte.

Encontramos negaciones de solicitudes porque las personas jamás volvieron a hacer los trámites. En un caso, por ejemplo, se determinó que un señor se negó a ir a medir su predio. Pero eso no fue lo que realmente pasó. Revisando en detalle, nos dimos cuenta de que él solo quería ir si estaba acompañado de una organización y si se le garantizaba la seguridad porque está amenazado. No se atrevía a ir. Es un derecho que la víctima tiene a no sentir temor y a no querer ir solo. La historia nos marca que ha habido desapariciones por reclamar predios. Es una región muy complicada y seguimos restituyendo en medio del conflicto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Hace una década, la abogada Nervelia Avilés fue víctima de desplazamiento, cuando estaba al frente de los expedientes de campesinos a quienes les despojaron sus tierras en Antioquia y Córdoba. Como antigua miembro de la Fundación Tierra y Vida, conoce plenamente el proceso de restitución, incluso bajo la ley de Justicia y Paz, creada, entre otras cosas, para reparar a víctimas del paramilitarismo. Hoy, la vida le dio un giro y está a cargo de la Unidad de Restitución en la territorial Urabá. En entrevista con El Espectador, Avilés entrega detalles de la tarea que tiene, una nada sencilla, pues coordina los procesos para más de 8.000 solicitantes, a quienes guerrilleros, paramilitares y empresas los han despojado históricamente.

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¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la región para material la restitución?

El concepto de seguridad de la Fuerza Pública es uno de los principales requisitos. Si la Policía dice que no hay condiciones de seguridad para los solicitantes, no dan el concepto para medir predios o para entregarlos. La semana pasada logramos abrir tres casos en el municipio de Turbo, en San Pedro de Urabá y Acandí (Chocó). Esa es la dificultad que más he notado. A veces he sentido impotencia por no poderle entregar a una persona que ya está de avanzada edad y que dice: “Me voy a morir y no voy a ver la restitución de mi predio”. Es que hay entregas que se han cancelado hasta ocho veces.

Justamente hoy había la entrega para un señor en el municipio de Necoclí y ayer la cancelaron por una alerta que hubo en la vereda El Totumo, por un artefacto que explotó. Mes a mes se programan las entregas, son casi una o dos diarias. Pero muchas veces, durante el día, la Fuerza Pública nos dice que se cae. No contamos con un grupo de Policía solo para restitución y eso dificulta los procesos. Esa es una de las cosas que estamos pidiendo y reclamando.

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¿Cuáles son los principales despojadores identificados?

Los despojadores identificados en los casos colectivos de restitución son el Epl, las Farc, el Eln y las Autodefensas Unidas de Colombia. En la ruta individual hay muchos empresarios mencionados. Por ejemplo, las víctimas nos dicen que, cuando las sacó el grupo armado, entonces las empresas mandaban comisionistas que les ofrecían dinero por los predios y, si se negaban, decían que le compraban a la viuda y les ponían el arma en la mesa. Los que más se han opuesto son los empresarios bananeros, ganadores y agroindustriales.

Los restituidos, además, han tenido dificultades porque les cortan el alambre, les corren la cerca, les echan los animales para que les dañen los cultivos. Han seguido las presiones. No los dejan pasar en algunos casos. No les quieren seguir dando la servidumbre para entrar a su predio y salir. Ha pasado que, en grandes terrenos, si ya están restituidos los de la parte de atrás, pero los de acá adelante todavía no, y como esa tierra es de los empresarios, no les dan paso para que saquen su cosecha. Hay muchos problemas con la servidumbre.

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¿Cuántas víctimas han sido restituidas en el Urabá antioqueño desde la creación de la Ley de Víctimas?

En el momento hay 8.852 solicitudes en curso. De ellas, ante los dos juzgados de restitución de la región, se encuentran 2.044 casos, en la etapa judicial. Ahora, en la ruta individual de restitución tenemos 257 sentencias, que abarcan 429 casos de despojo y en el que fueron resarcidas 1.578 víctimas. De ellas, 803 son mujeres. En hectáreas estamos hablando de 9.058.

¿Los funcionarios de la territorial que usted coordina han reportado recientemente problemas de seguridad?

Hay una funcionaria que hace unos días recibió una carta. La llevó un mensajero. Le entregó un sobre de manila y cuando lo abrió, era una carta de amenaza. Yo estuve ya desplazada una década. Me tuve que venir para Bogotá, prácticamente estoy retornando. Me preguntan si no me dio miedo volver y a la Unidad de Restitución. La verdad es que no ando sola y por ahora no me ha pasado nada.

Yo abandoné mi proyecto de vida en 2012. Me dijeron que me iban a asesinar por ayudarle a los campesinos a retornar a su tierra en Córdoba. El que está por hacer el mal, está pendiente de que uno dé la papaya. Yo, debo decir, ahora que regresé al Urabá, encuentro la región muy cambiada. En cuanto a las víctimas y la restitución de tierras, veo esperanza. Veo la luz al final del túnel. Ahora sí los noto con ilusión de que les van a entregar su tierra.

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¿Qué ha cambiado en la Unidad con la llegada de Giovanny Yule a la dirección de la entidad, otra víctima de desplazamiento?

Hemos verificado cuál fue el sustento probatorio en esas decisiones de no inicio de trámites ante la Unidad en nuestra territorial, en administraciones pasadas. Nos hemos dado cuenta que realmente hay muchas negativas y eso se constata en palabras de las víctimas. Y eso es un baldado de agua fría para ellos. Tú llevas la ilusión de que tu predio lo vas a reclamar porque realmente lo perdiste por culpa del conflicto armado. La Ley de Víctimas llegó hace más de una década como una esperanza y no puede ser que te lo nieguen.

Nos hemos puesto en la tarea de revisar las negaciones anteriores para poder inscribir esos predios en el registro único. Igual también verificamos los desistimientos de las víctimas que pueden estar bajo amenazas. Muchas personas no se atreven a decir qué les está pasando. Dicen que no quieren continuar, pero uno se da cuenta que detrás hay otras cosas. Pero la ley nos faculta seguir de oficio los procesos. Les explicamos que no importa que no puedan volver o no quieran hacerlo, pero tienen el derecho de reclamar su predio. Se les puede compensar o darles una tierra en otra parte.

Encontramos negaciones de solicitudes porque las personas jamás volvieron a hacer los trámites. En un caso, por ejemplo, se determinó que un señor se negó a ir a medir su predio. Pero eso no fue lo que realmente pasó. Revisando en detalle, nos dimos cuenta de que él solo quería ir si estaba acompañado de una organización y si se le garantizaba la seguridad porque está amenazado. No se atrevía a ir. Es un derecho que la víctima tiene a no sentir temor y a no querer ir solo. La historia nos marca que ha habido desapariciones por reclamar predios. Es una región muy complicada y seguimos restituyendo en medio del conflicto.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.