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El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, deberá asistir el próximo 5 de mayo a una audiencia pública de seguimiento que realizará la Corte Constitucional. La finalidad es verificar si al cabo de un poco más de un año de declarada la violación masiva de derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz en materia de seguridad se han cumplido las órdenes que impartió el alto tribunal. La lupa la fijó la Corte porque al momento de emitir la sentencia se habían asesinado más de 300 excombatientes.
La diligencia se llevará a cabo luego de que la Sala que hace seguimiento a la sentencia evidenciara que no existe respuesta de la UNP frente a los requerimientos de información que ha hecho la Corte. Igualmente, es preocupante para el alto tribunal que existan obstáculos en el funcionamiento de los programas de protección para la población firmante, pues considera que la función de proteger vidas sometidas a un riesgo extraordinario no puede estar supeditada a la realización de trámites o procedimientos.
A juicio del alto tribunal, este tipo de trámites resultan excesivos a la hora de asegurar el cumplimiento de contratos suscritos con particulares. Señaló que los mecanismos de protección no pueden suspenderse por razones de orden administrativo o contractual. “Si esto ocurre es obligación de la entidad reconducir su curso e implementar procedimientos acordes con la exigencia del cuidado de la vida de quienes están en riesgo”, explicó el alto tribunal en el auto.
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Entre otras cosas, la Corte explicó que, además de la situación de la UNP, respecto de atentados, homicidios y desplazamientos de la población firmante, persisten los bloqueos institucionales y fallas que impiden el funcionamiento integral de las medidas de protección individuales y colectivas diseñadas como uno de los componentes de la política de seguridad para los excombatientes. Para Sala es importante esta situación ya que los firmantes persisten en el compromiso de lo pactado en La Habana, Cuba, a pesar de que enfrentan una situación de desprotección, riesgo y amenaza permanente.
Así las cosas, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la Sala consideró que es “importante” hacer un seguimiento estricto al cumplimiento de las órdenes dirigidas a la UNP que fueron emitidas en enero del año pasado. Estas directrices se traducen en la materialización de las medidas de protección colectivas e individuales desde una perspectiva de seguridad humana. El alto tribunal hizo un llamado a que las entidades encargadas de esa labor atiendan el riesgo y apliquen estrategias y planes de priorización.
Además, entre otras cosas, la Sala exhortó a la UNP a cumplir las órdenes dictadas en dicha sentencia, así como aquellas proferidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que también buscan proteger la vida de los firmantes. Así las cosas, a la audiencia fueron convocados el Ministro del Interior, el director de la UNP, el subdirector especializado de seguridad y protección de la UNP, la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la procuradora delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz. También participarán los delegados de los firmantes ante la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) y ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
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La Corte llamó la atención respecto de que los funcionarios citados no podrán delegar su participación, pues la gravedad de la situación amerita la presencia de quienes están en cabeza de las instituciones relacionadas con la protección de los excombatientes. “Esto permite asegurar el compromiso total de las entidades y contar con una radiografía completa y actualizada de este subcomponente”, señaló el alto tribunal. Añadió que también fueron invitados a la diligencia la JEP, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos y el Instituto Kroc.
Para la Sala de Seguimiento es clave conocer el grado de cumplimiento de las órdenes dirigidas a la UNP, de ahí que con la audiencia se busca recolectar información específica, clara y completa frente al componente de medidas de protección. La Sala aseguró que también busca encontrar soluciones a partir del diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, la población firmante del Acuerdo y organismos multilaterales. Esta es la primera vez que entidades nacionales e internacionales se darán cita para verificar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz.
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