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Con 65 votos a favor la Plenaria del Senado de la República aprobó la acusación que presentó la Cámara de Representantes en contra del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos investigado por el entramado de corrupción que se suscitó en el interior de la justicia colombiana denominado el “Cartel de la Toga”. Los congresistas acogieron los argumentos del documento en el que relata, básicamente, que el extogado fue el “cerebro” de la “organización criminal” que cobraba cuantiosas sumas de dinero a cambio de no librar órdenes de captura en contra de aforados y engavetar procesos judiciales.
El documento que aprobó este viernes la Plenaria, en resumidas cuentas, dice que, tras más de 100 pruebas testimoniales, documentos y pruebas periciales en poder del legislativo, se encontró que existen “serios indicios” que permiten concluir de la participación del exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema en actuaciones ilegales que estaban encaminadas a favorecer procesos judiciales de única instancia.
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En ese entonces, las pruebas fueron entregadas por parte del representante investigador, Edward Rodríguez, quien además de radicar el documento de acusación, relató ante los senadores el sustento de las pruebas que llevaron a considerar que Bustos fue quien lideró ese cartel por lo que solicitó se le declarara indigno y con ello levantar su fuero para poderlo procesar judicialmente ante la Corte Suprema de Justicia.
Para Rodríguez no había duda de que Bustos, en su condición de togado, participó de la organización dando a cada uno de sus compañeros tareas concretas para favorecer a los aforados a quienes tenían que buscar para concretar reuniones y con ello formalizar las acciones que se adelantarían en el marco de sus procesos judiciales. En su explicación el investigador indicó que hay una prueba que evidenciaría que Bustos habría recibido alrededor de 200 millones de pesos de manos del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para beneficiar al exsenador Álvaro Ashton, quien era procesado en ese momento por parapolítica.
Por estos hechos, la acusación fue emitida por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias en servidor público. Con la acusación en firme su proceso pasa a la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia. Lo paradójico es que será juzgado por el alto tribunal del que no solo hizo parte sino que también presidió.
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Sobre Bustos, además de su proceso judicial pesa una solicitud que hizo la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ) para que se emita orden de extradición y circular roja. Lo anterior porque el extogado desde que se abrió expediente en su contra abandonó el país. Lo que trascendió es que viajó a Canadá con su esposa. “La CEJ gestionará ante las autoridades competentes una petición para que impulsen medidas a efectos de que Bustos Martínez comparezca ante la justicia colombiana, siendo trasladado desde Canadá, donde presuntamente se encuentra en plena impunidad”, dijo en su momento la entidad.
La última aparición de Bustos ante los estrados judiciales fue en medio del juicio que se adelantó en contra del condenado exmagistrado Francisco Ricaurte quien también hizo parte del entramado de corrupción junto con su compañero Gustavo Malo que es juzgado en la Corte Suprema de Justicia.
Otros de los procesados por ese escándalo de corrupción es el expresidente del alto tribunal Camilo Tarquino, quien es procesado en los Juzgados de Paloquemao, el exfiscal anticorrupción Moreno que regresó durante 2020 de Estados Unidos tras cumplir una pena de un poco más de cuatro años por los mismos hechos, y el abogado Leonardo Luis Penilla quien también se encuentra purgando una pena en una casa fiscal.