Señalan al actual embajador de Colombia en Cuba con grupos paramilitares en la JEP

El actual embajador de Colombia en Cuba, Juan Manuel Corzo Román, fue señalado de tener presuntos nexos con grupos paramilitares. Esto se dio después de que el exalcalde de Cúcuta (Norte de Santander) Ramiro Suárez Corzo, condenado por haber participado en el asesinato de un abogado en 2003 ejecutado por paramilitares, presentara un nuevo plan de aporte a la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la propuesta que hizo la defensa de Suárez Corzo, conocida por El Espectador, también señaló a Luis Miguel Morelli Navia, exgobernador de Santander.

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Fuentes cercanas al caso le dijeron a este diario que Suárez Corzo, quien fue rechazado por la JEP en marzo de 2021 en condición de tercero civil en relación con hechos ocurridos durante la campaña electoral a la alcaldía Cúcuta en 2003, en la cual habría tenido ayuda de grupos paramilitares, ofreció información relevante sobre los nexos del exsenador por Norte de Santander y actual embajador de Colombia en Cuba, Juan Manuel Corzo. Según el documento que conoció El Espectador, Corzo Román habría tenido nexos con grupos paramilitares entre 2002 y 2007.

Suárez Corzo ha pedido a la JEP que revise varios casos que se llevaban en su contra en la justicia ordinaria por el asesinato de cuatro personas, en los cuales el político habría tenido ayuda de paramilitares. Tras el cierre de puertas de esa jurisdicción en marzo de 2021, la defensa de Suárez Corzo apeló y propuso el nuevo plan de aporte a la verdad que enreda al embajador de Colombia en Cuba, así como al exgobernador de Santander. En el documento conocido por este diario se lee que el exalcalde “puede contarle a la JEP cómo el señor Corzo Román ejerció presión ilegal en por lo menos 200 líderes barriales de Cúcuta, para que votaran por el candidato Luis Miguel Morelli Navia, todo ello con orden y por iniciativa de los paramilitares”.

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En el documento, Suárez Corzo afirma que hay al menos 100 de esos líderes barriales que pueden dar fe sobre las presiones que sufrieron para que votaran por Morelli Navia, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Dicha presión, se lee en el documento, la hizo Suárez Corzo por orden de Corzo Román, quien a su vez, dice el papel, acataba las órdenes de grupos paramilitares. Esto, según el documento, probaría los nexos “con los grupos de paramilitares operativos en Norte de Santander para los años 2002 a 2007″. Asimismo, otro de los salpicados en este aporte a la verdad es el exsenador y exalcalde de Cúcuta, Manuel Guillermo Mora, quien, según el documento, mantenía reuniones cada 15 días con grupos al margen de la ley en su finca en Norte de Santander.

Tras conocer el documento, El Espectador se comunicó con Andrés Garzón, abogado de Suárez Corzo, quien sostuvo que la razón de su prohijado de hacer estos señalamientos de políticos y funcionarios a estas alturas del proceso no es solo par usarlos de salvavidas y seguir en la JEP, sino que es porque cuando Suárez Corzo pidió pista en esta jurisdicción, “fue en un momento muy temprano, en 2018, cuando todavía no se tenía claridad de lo que debía tener un aporte a la verdad”. Asimismo, el abogado le dijo a este diario que esa misma jurisdicción le manifestó a su prohijado que no era muy claro el aporte que él hacía en ese entonces, lo cual buscan resarcir hoy.

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De igual manera, dijo que tienen “varios indicios y varias pruebas nuevas” que le ayudaría a la JEP a darse cuenta, dice el abogado, de que Suárez Corzo es inocente del asesinato del abogado en 2003, por el que fue condenado a 27 años de prisión que hoy cumple en su domicilio. Igualmente, el abogado Garzón sostuvo que su cliente ya ha pagado una indemnización de $250′000.000 “a las víctimas generales del conflicto, como lo son los desplazados, las madres cabezas de familia y los discapacitados de la zona del Catatumbo que están en Cúcuta”.

Garzón, quien sostiene que su cliente es inocente, dijo que el pago de esta indemnización no es aceptar culpa en ninguno de los casos, sino que es porque así funcionan las cosas en esa jurisdicción. “La JEP es como un casino, usted paga primero para jugar. Usted primero repara víctimas, independientemente de lo que sea, porque el solo hecho de que a usted lo acepten ya es un beneficio”, sostuvo el abogado. También dijo que este nuevo plan que presentan es simplemente “para que la JEP entienda más fácilmente las pruebas que va a presentar mi cliente”.

El Espectador trató de comunicarse con el embajador, pero ninguno de los teléfonos de la embajada funcionan y no hubo respuesta por otros canales de información.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El actual embajador de Colombia en Cuba, Juan Manuel Corzo Román, fue señalado de tener presuntos nexos con grupos paramilitares. Esto se dio después de que el exalcalde de Cúcuta (Norte de Santander) Ramiro Suárez Corzo, condenado por haber participado en el asesinato de un abogado en 2003 ejecutado por paramilitares, presentara un nuevo plan de aporte a la verdad en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la propuesta que hizo la defensa de Suárez Corzo, conocida por El Espectador, también señaló a Luis Miguel Morelli Navia, exgobernador de Santander.

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Suárez Corzo ha pedido a la JEP que revise varios casos que se llevaban en su contra en la justicia ordinaria por el asesinato de cuatro personas, en los cuales el político habría tenido ayuda de paramilitares. Tras el cierre de puertas de esa jurisdicción en marzo de 2021, la defensa de Suárez Corzo apeló y propuso el nuevo plan de aporte a la verdad que enreda al embajador de Colombia en Cuba, así como al exgobernador de Santander. En el documento conocido por este diario se lee que el exalcalde “puede contarle a la JEP cómo el señor Corzo Román ejerció presión ilegal en por lo menos 200 líderes barriales de Cúcuta, para que votaran por el candidato Luis Miguel Morelli Navia, todo ello con orden y por iniciativa de los paramilitares”.

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Tras conocer el documento, El Espectador se comunicó con Andrés Garzón, abogado de Suárez Corzo, quien sostuvo que la razón de su prohijado de hacer estos señalamientos de políticos y funcionarios a estas alturas del proceso no es solo par usarlos de salvavidas y seguir en la JEP, sino que es porque cuando Suárez Corzo pidió pista en esta jurisdicción, “fue en un momento muy temprano, en 2018, cuando todavía no se tenía claridad de lo que debía tener un aporte a la verdad”. Asimismo, el abogado le dijo a este diario que esa misma jurisdicción le manifestó a su prohijado que no era muy claro el aporte que él hacía en ese entonces, lo cual buscan resarcir hoy.

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Garzón, quien sostiene que su cliente es inocente, dijo que el pago de esta indemnización no es aceptar culpa en ninguno de los casos, sino que es porque así funcionan las cosas en esa jurisdicción. “La JEP es como un casino, usted paga primero para jugar. Usted primero repara víctimas, independientemente de lo que sea, porque el solo hecho de que a usted lo acepten ya es un beneficio”, sostuvo el abogado. También dijo que este nuevo plan que presentan es simplemente “para que la JEP entienda más fácilmente las pruebas que va a presentar mi cliente”.

El Espectador trató de comunicarse con el embajador, pero ninguno de los teléfonos de la embajada funcionan y no hubo respuesta por otros canales de información.

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