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El proyecto de ley con el que el Gobierno busca humanizar la política criminal y penitenciaria volverá a ser debate en el Congreso. Este jueves, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, volverá a presentarlo luego de que se hundiera en la legislatura pasada. Se trata de un articulado, con el cual se espera reformar el Código Penal y mejorar el contexto de derechos humanos al interior de los centros de reclusión del país.
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El proyecto tiene 160 páginas y está estructurado en seis ejes: despenalización de algunos delitos, cambios de parámetros para los principios de oportunidad con la Fiscalía, fortalecimiento de la justicia restaurativa y del programa de prevención de la reincidencia, restricciones para favorecer el ejercicio de la protesta social y otros ajustes en materia penal.
Las propuestas fueron estudiadas por el nuevo Consejo Superior de Política Criminal, el cual, en general, dio el visto bueno a las reformas planteadas. Sin embargo, encontró oportuno, por ejemplo, reducir los topes máximos de las penas a 40 años cuando se trate de un único delito y 50 a varios. Además, le pidió a la cartera de Justicia revisar los delitos por los cuales los condenados podrían recibir beneficios penales porque ello podría generar conflictos con el cumplimiento de algunos compromisos que Colombia ha adquirido internacionalmente. Lo anterior fue acogido dentro de este nuevo proyecto.
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Superado este paso, el proyecto propone, por ejemplo, que sean eliminados todos los delitos considerados “contra el sentimiento religioso”, como la violación a la libertad religiosa o el irrespeto a los cadáveres, entre otros delitos. Asimismo, la eliminación del delito de transferencia ilegal de cheque fue bien vista, pues al ser una conducta que implica dinero, la vía civil puede ser el mejor camino. Sin embargo, ya no propone eliminar los delitos de injuria y calumnia ni el de inasistencia alimentaria, que fueron muy polémicos y estaban planteados en el anterior documento.
En cuanto al fortalecimiento de la justicia restaurativa, el Ministerio de Justicia busca que, en el futuro, investigados por delitos que tengan como mínimo ocho años de prisión puedan ser someterse a un proceso de solución, en el cual se dialogue con la víctima posibles reparaciones. En la actualidad, el margen está en los delitos que se castigan con un mínimo de cinco años. No obstante, no podrán negociar con sus víctimas o familiares de víctimas, quienes sean procesados o hubiesen sido condenados previamente por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como el genocidio.
Siguiendo con esa idea, podría aprobarse la adición de un artículo que les permita a condenados la redención de pena por participación en programas restaurativos. Tendrían derecho al reconocimiento de seis horas de participación, que se computarán como si fuesen un día de estudio. Otros beneficios previstos implican que los condenados accedan un permiso de 72 horas mensuales una vez cumplan el 25% de la pena. En la actualidad, la ayuda aplica cuando se cumple 33% del tiempo que pasará en prisión.
Nota de la editora: El título de esta nota fue modificado para aclarar que lo que saldría del Código Penal son los delitos considerados “contra el sentimiento religioso”.
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