El pasado 24 de septiembre, la Procuraduría archivó el proceso disciplinario en contra de la exministra de las TIC del gobierno de Iván Duque, Karen Abudinen, por su presunta participación en el entramado de corrupción de Centros Poblados. De acuerdo con el órgano dirigido por Margarita Cabello, la exjefe de cartera no cometió irregularidades en el proceso de adjudicación del contrato que buscaba llevar internet a zonas rurales en más de 15 departamentos. Ante esa determinación, el debate se abrió de nuevo, y aunque la titular del Ministerio Público anunció una tutela para recuperar los recursos perdidos, algunos pagos podrían no llegar. Así lo dejó ver César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien, en diálogo con El Espectador, dio algunas puntadas sobre qué pasará con el anticipo de los supuestos $70.000 millones perdidos tras la firma de ese convenio.
¿Cuál es el papel de la Agencia en el caso ‘Centros Poblados’?
Por solicitud del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado interviene en todos los procesos penales y en los contencioso administrativos como su apoderada judicial.
¿Cuánto es el dinero que está en juego?
El MinTic presentó denuncia por los hechos de corrupción del caso Centros Poblados, con base en lo cual la Fiscalía General de la Nación inició la investigación respectiva. En el desarrollo de esta, la Fiscalía estableció que, de los $70.000 millones de anticipo que fueron girados a la Unión Temporal Centros Poblados, un poco más de $15.200 millones fueron apropiados de manera ilícita y que constituyen el objeto del delito de peculado por apropiación por el que han sido acusados Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y Juan Carlos Cáceres. Para la Fiscalía, este monto es el que constituye delito.
¿Y qué pasa con los más de 54.000 millones restantes?
En relación con los aproximadamente $54.800 millones restantes, la Fiscalía consideró que, aunque fueron desembolsados por el MinTic y no se han reintegrado, no son objeto de un delito, por cuanto fueron invertidos en bienes para la ejecución del contrato antes de la declaratoria de su caducidad. En ese orden de ideas, para la recuperación de esos recursos, debía acudirse a otras vías judiciales.
La Fiscalía consideró que ese dinero se utilizó en “CAPEX”, correspondiente a la adquisición de bienes para la ejecución del contrato que no se alcanzaron a poner en funcionamiento, tales como compra de equipos de telecomunicaciones, infraestructura, tecnología, soluciones de energía (baterías), redes, implementación de infraestructura y otros materiales que fueron importados, aunque algunos no fueron nacionalizados. Varios de estos bienes fueron declarados en abandono por la DIAN. En todo caso, aunque no se imputó como delito, sí se ha generado un detrimento para el patrimonio del Estado.
¿Qué tan fácil ve la agencia la recuperación de este dinero?
El MinTic, entidad que hoy apodera la Agencia, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de controversias contractuales con pretensiones de reparación directa del daño en contra de la Unión Temporal Centros Poblados, Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, Juan Carlos Cáceres y otros, en la cual se reclama una indemnización equivalente a $345.839 millones, dentro de los cuales están incluidos los $70.000 millones del anticipo.
El MinTic inició internamente un proceso de cobro coactivo en contra de la Unión Temporal, en el cual decretó medidas cautelares, con base en el cual se recuperó la suma de $1.483 millones.
En el marco de las negociaciones adelantadas en los procesos penales, se pretende la recuperación del dinero por el que fueron acusados, esto es, aproximadamente $15.200 millones. De estos, se han recuperado $6.205 millones aproximadamente, estando pendiente de recuperar cerca de $9.000 millones.
Por estos hechos ya fueron condenados Juan José Laverde, Jorge Enrique López Benavides y Luis Fernando Duque. Según el Código Penal, la responsabilidad civil derivada de la responsabilidad penal es solidaria, razón por la cual en contra de estas personas la Agencia inició incidente de reparación integral, demandas en las que se está cobrando $345.839 millones por los perjuicios causados, incluidos los $70.000 millones del anticipo.
¿Recuperar este dinero, a través de los bienes de los implicados, podría ser una opción viable?
Sin la existencia de bienes registrados a nombre de los involucrados, será muy difícil lograr el pago de esa suma, siendo necesario recuperar la mayor cantidad de recursos a través de las negociaciones en los procesos penales aún en curso, como los de Juan Carlos Cáceres y Emilio Tapia.
Adicionalmente, se tiene conocimiento que la Contraloría General de la República en el proceso de responsabilidad fiscal tiene embargados múltiples bienes y cuentas de los involucrados, cuyo avance no se conoce por ser un proceso reservado.
Promover más acciones judiciales, sin que se cuente con bienes para embargar y, luego rematar, para por esa vía recuperar recursos, simplemente hará que las pretensiones sean reiterativas, se congestionará aún más a la administración de justicia y no se obtendrá un resultado diferente al que se viene obteniendo.
La Procuraduría inició una acción popular...
En septiembre de 2021 el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa promovió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular en contra del MinTic, la Unión Temporal Centros Poblados, el Banco Itaú, la Interventoría del contrato y otros, buscando la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y el patrimonio público. En el marco de esta acción judicial se decretaron múltiples medidas cautelares, tendientes a la recuperación de recursos.
En septiembre de 2023, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de oficio, dio por terminada la acción popular al considerar que las pretensiones, los perjuicios y su resarcimiento, coincidían con las demás acciones iniciadas por el MinTic y correspondía a los jueces naturales decidir de fondo.
La Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue negado en octubre de 2023 por su improcedencia. Frente a esta determinación, la Procuraduría interpuso el recurso de queja, el cual fue decidido en abril de 2024 por el Consejo de Estado, a través del cual se confirmó la improcedencia del recurso de apelación.
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