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Hace una semana, la Contraloría emitió un histórico fallo de responsabilidad fiscal en el caso de Hidroituango. Dos de los afectados por esa decisión fueron el exgobernador, Sergio Fajardo, y un miembro de la junta directiva del proyecto hidroeléctrico, María Eugenia Ramos. Ambos presentaron una tutela alegando que la entidad les estaba violando varios derechos fundamentales y, por eso, su apelación a ese fallo estaba en peligro.
Esa demanda logró que un juzgado de Bogotá suspendiera los tiempos que ambos condenados tenían para presentar al apelación. Una decisión que tiene efectos directos con el futuro de este proceso, pues no solo les da más tiempo a Fajardo y Ramos para preparar sus recursos, sino porque deja en evidencia una supuesta violación al debido proceso y a la defensa de los condenados por parte de la Contraloría.
Tras conocerse la decisión, El Espectador habló con Mauricio Pava, abogado del exgobernador y hoy precandidato y de María Eugenia Ramos. Según el defensor, la tutela es solo uno de los recursos que prepara él y su equipo para evidenciar lo que está pasando en el proceso y que, además, acudirá a organizaciones internacionales para denunciar la supuesta falta de garantías por parte de la autoridad fiscal.
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El meollo del asunto es la decisión que se conoció el 6 de septiembre de este año, cuando la Contraloría dio a conocer el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones, a título de culpa grave, contra 26 funcionarios y contratistas del proyecto hidroeléctrico en Ituango. El fallo se dio, según la entidad, “como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango, que a junio de 2019 excedían en un 114,94 % el valor inicialmente planeado, y por el lucro cesante causado”.
En dicho fallo, la Contraloría daba un plazo de cinco días a los declarados como responsables fiscales en el caso Hidroituango para que pudieran apelar la decisión. Para la defensa de Fajardo y Ramos, ese tiempo era muy poco y agregó que consideraba arbitrario por parte de la entidad que no se les concedieran al menos 10 días para presentar recurso de apelación, como así lo ha dicho el Consejo de Estado y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
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La investigación general arrancó en 2019, cuando el órgano de control empezó a investigar cómo el proyecto había llegado a la contingencia de 2018, cuando el caudal del río Cauca amenazó la presa, que no estaba terminada en ese momento, después de que el sistema de desviación del río colapsara. Entre los responsables fiscales se encuentran Sergio Fajardo (gobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (alcalde de Medellín 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos, (gobernador de Antioquia 2008-2011). También personas jurídicas, como las empresas del consorcio constructor CCC Ituango: Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H.
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Ante la más reciente decisión en el proceso, el abogado Pava manifestó que, “a los jueces les tocó intervenir, ante la negativa de la Contraloría de garantizarle condiciones apropiadas para defenderse a los afectados con el fallo de Hidroituango”. Igualmente, dijo que “la Contraloría se ha negado a aplicar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que le es obligatoria, así lo dijo el Consejo de Estado y esa obligatoriedad lleva a que a conceder términos apropiados”.
Según el abogado, con esta decisión vendrán nuevas actuaciones en el proceso por parte de sus representados, quienes manifiestan que se han vulnerado sus derechos. “Lo primero es que vamos a complementar los recursos. Segundo, le vamos a informar de esta decisión de tutela a la ONU, porque ya está conociendo el caso”, aseguró el abogado. Así mismo, Pava le manifestó a este diario que también acudirán a la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras (INTOSAI), con sede en Austria, para pedir que se haga una veeduría de la actuación de la Contraloría.
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De acuerdo a un documento en poder de El Espectador, la defensa de Fajardo y Ramos presentó una carta a INTOSAI en la que solicitaron “un seguimiento a las actuaciones de la Contraloría”. Según Pava, esta petición se da por la supuesta “vulneración sistemática del derecho universal al debido proceso y a tener un juicio justo, por las graves implicaciones que una segura decisión desfavorable traerá al ejercicio de nuestros derechos fundamentales”.
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De igual manera, en el escrito presentado por la defensa de los señalados a INTOSAI, se asegura que “acudimos a esta ONG con el fin de poner en conocimiento la grave situación que se presenta en el caso antes mencionado, en donde ha sido clara la voluntad de la entidad de vigilancia y control de vulnerar nuestros derechos fundamentales”.
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Así mismo, este diario conoció un documento presentado ante la ONU en el que solicitaron “muy atentamente conminar a la República de Colombia y en particular a la Contraloría General de la República para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales de la señora María Eugenia Ramos Villa, en particular el derecho al debido proceso y a un juicio justo, que en la actualidad se encuentran flagrantemente vulnerados en el proceso de responsabilidad fiscal anteriormente mencionado”.