“Sería inédito que Colombia niegue visita a CIDH”: Silvia Serrano sobre Paro Nacional

Las manifestaciones del Paro Nacional iniciaron el pasado 28 de abril y no se han detenido.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Casi una treintena de personas muertas en medio del Paro Nacional y más de 300 desaparecidas. Colombia sí vive una crisis de derechos humanos por cuenta del abuso policial en el Paro Nacional y sólo la mirada internacional ha logrado que los ojos del mundo se posen sobre el país. La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Congreso de Estados Unidos, los gobiernos de países aliados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han lanzado un grito de preocupación sobre la violencia policial en las protestas que se llevan a cabo desde el pasado 28 de abril. (Paro Nacional: 650 organizaciones del mundo piden a la CIDH que visite el país)

En una de las reacciones más recientes, 23 organizaciones le enviaron una carta a la CIDH, pidiéndole que visite a Colombia ya y documente las denuncias de las víctimas de abuso policial ante la inoperancia de los órganos de control, y para que conforme un grupo especial de investigación que indague sobre las violaciones cometidas en las protestas de los últimos tres años. Unas 650 organizaciones del mundo se sumaron a ese llamado este viernes.

A propósito de esta solicitud, El Espectador consultó a Silvia Serrano Guzmán, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, docente e investigadora de la Universidad de Georgetown y quien trabajó como abogada en la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Fiscalía y Defensoría reportan 26 homicidios en el marco del Paro Nacional)

Esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reprochó el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones del Paro Nacional y pidió que sean investigadas las denuncias. ¿Qué alcance tienen realmente estas declaraciones de la CIDH?

La CIDH tiene diversas funciones, entre ellas la de monitoreo permanente de la situación de derechos humanos en los 35 Estados miembros de la OEA, y la de protección o situaciones individuales, que la lleva a cabo a través de mecanismos como peticiones y casos (por esa vía es que llegan los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y medidas cautelares, que son situaciones urgentes e individuales de personas en situación de riesgo. En lo primero, la CIDH hace estos pronunciamientos de manera regular cuando ocurren situaciones como la que se está viviendo en Colombia. Ese monitoreo tradicional se hace a través de tuits, comunicados, cartas a los Estados, audiencias, informes temáticos sobre países, entre otros.

Ante el grave escalamiento de la violencia en protestas, 23 organizaciones le pidieron a la CIDH una visita ‘in loco’ a Colombia y conformar un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a derechos humanos y graves crímenes cometidos por la Fuerza Pública. ¿Por qué son necesarios estos mecanismos?

Lo que están pidiendo las organizaciones, y en lo que también yo he insistido, es una intervención más decidida, deliberada y permanente de la CIDH con un mecanismo diferente, porque ya el monitoreo tradicional lo ha venido haciendo. La comisión ha sacado muchos informes sobre derechos humanos en el país. Pero en los últimos cinco años, la CIDH ha venido explorando otras formas para tener una presencia más oportuna y más efectiva ante ciertas situaciones emergentes que ameritan ese tipo de intervenciones, y a eso es lo que apuntan las organizaciones: una mezcla de una visita in loco, es decir la presencia de la CIDH en este momento en el territorio, para que pueda investigar lo que está pasando y, por otra parte, un Grupo Especial de Investigación o Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE), que es un mecanismo especial de seguimiento. (Los relatos de torturas y tratos crueles de tres capturados por la Policía en el paro nacional)

¿Qué es un mecanismo especial de seguimiento y por qué es importante distinguirlo?

Esto es algo nuevo, lo viene haciendo la CIDH hace como cinco años. El primer mecanismo de seguimiento existió con Ayotzinapa, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México. Se conformó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIE), que no necesariamente son miembros de la comisión sino personas externas que, en acuerdo con el Estado y la CIDH, se constituye para investigar de forma independiente una crisis de derechos humanos, como la que está pasando ahora en Colombia.

En el grupo de México, de hecho, estuvieron dos actuales comisionados de la Comisión de la Verdad de Colombia. Son expertos internacionales en la investigación de graves violaciones de derechos humanos y lo que hacen es documentar una situación y dar unas recomendaciones, y eso ha sido usado por autoridades de investigación en el país. Es decir, el grupo va a colaborar, a contribuir, a recomendar cómo llevar a cabo las investigaciones y a documentar lo ocurrido. (Paro nacional: En Cali están cobrando “peajes” para movilizarse en la ciudad)

¿Qué otro ejemplo podría darnos de un grupo de expertos que podría ser más próximo a la situación en Colombia?

El otro mecanismo especial más parecido al que puede darse en Colombia se dio, por ejemplo, en Nicaragua, que vivió un descontento social muy fuerte con el Gobierno en 2018, vivió un uso excesivo de la Fuerza Pública en las protestas y se dieron detenciones arbitrarias. En ese momento, la CIDH, en acuerdo con el Gobierno de Nicaragua, creó un GIEI para ir al país, verificar y sacar recomendaciones. Esos informes entran en el detalle de qué pasó entre una fecha y otra en una situación determinada y hacen recomendaciones específicas, evalúan, por ejemplo, cómo se están haciendo las investigaciones en el país y alertan sobre cuáles serían los riesgos de impunidad y cómo evitarlos. Además, la CIDH creó el mecanismo de seguimiento llamado MESENI.

El grupo de expertos se constituye para contribuir con el Gobierno, obviamente cuando un Estado lo interpreta como contribución y no como que cualquier cosa que venga de afuera es una injerencia indebida. Ya vimos la carta de la canciller de Colombia, Claudia Blum, a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Evidentemente estamos en un gobierno que entiende que el apoyo internacional es una injerencia, tienen esa resistencia a considerar situaciones de desconfianza. Entonces, hay que mirar la viabilidad política de este mecanismo especial del grupo de expertos porque requiere de la anuencia del Estado.

¿En qué consistió el mecanismo MESENI en Nicaragua y qué podría enseñarle a Colombia?

Es un mecanismo dentro de la comisión, básicamente es dedicar personal exclusivo de la CIDH para darle seguimiento permanente a una situación en un país. Entonces, en Nicaragua, se combinaron dos mecanismos. Primero, el grupo de expertos, y luego el MESENI, que le dio y le da seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos y de la CIDH.

¿Y cuál de todos estos mecanismos sería el mejor para que la CIDH mire a Colombia ahora?

La CIDH debería tener una presencia integrada a través de todos los mecanismos en la medida de lo pertinente. Nicaragua mezcló dos mecanismos. Colombia también amerita ambas cosas: un grupo de expertos independientes que investigue las graves violaciones de derechos humanos en medio de las protestas del Paro Nacional (que necesita la anuencia del Estado); y un mecanismo especial de seguimiento como el MESENI, creado por la comisión, en paralelo, y que no requiere de la anuencia del Estado.

Considero que en el mecanismo de seguimiento se requiere que haya personas en la Secretaría Ejecutiva y en la comisión dedicadas exclusivamente al tema Colombia, en general, no solo las protestas sino el nivel de asesinatos de líderes sociales y excombatientes, el deterioro del rol de los órganos de control, las amenazas, la independencia judicial, entre otros.

Con relación a Venezuela, por ejemplo, el mecanismo de seguimiento se llama el MESEVE. En Venezuela no hay un grupo de expertos porque el Estado no dialoga con la comisión, ya es un país que considera que eso es interferencia del “imperialismo” y hace muchos años cortó la relación con la comisión, y no da su anuencia para que ésta lo visite. Entonces, la CIDH ha tenido que hacer monitoreo a Venezuela con la información que tiene sin poder visitar el país. En este mecanismo no hay expertos independientes sino un grupo interno de la CIDH dedicado al seguimiento exclusivo del país.

¿Y qué opina de una visita in loco a Colombia?

Todo lo anterior debe estar combinado con una visita de la CIDH ahora. La comisión se ha caracterizado en los últimos años por hacer presencia en momentos de crisis. Puede ser una visita in loco del pleno de la comisión, pero eso a veces no es tan fácil y menos en contexto de COVID-19, aunque hace poco estuvo en Perú y en las protestas de Chile. Ahora, como mínimo y para resumir, un buen abanico de opciones puede ser la visita de la comisión, que la comisión le pida anuencia al Estado para visitar el país en este momento y documente lo que está pasando; que considere crear un mecanismo especial de investigación de lo ocurrido en las protestas, que sería un grupo de expertos similar al de Nicaragua; y que la CIDH establezca un mecanismo especial de seguimiento de Colombia más amplio, que incluya temas como el cumplimiento del Acuerdo de Paz, asesinato de líderes sociales y excombatientes, justicia transicional, reparación, entre otros.

¿Qué más podría hacer ahora el sistema interamericano de derechos humanos frente a la violencia policial que sufren los ciudadanos en las manifestaciones del Paro Nacional?

Hay otras cosas que se pueden hacer. En Honduras, por ejemplo, sin la presencia de un grupo de expertos, la comisión activó todos los mecanismos en el golpe de Estado de 2009. Allí, la comisión dictó medidas cautelares, hizo un informe de país y decidió priorizar algunos casos para enviarlos a la Corte IDH. Un mecanismo por sí solo no va a generar la mayor eficacia de la presencia de la comisión en Colombia y creo que es cuestión de identificar lo más oportuno. Yo estoy segura que la comisión podría estar recibiendo en este momento un montón de solicitudes de medidas cautelares de gente detenida o en situaciones de riesgo. La CIDH podría dictar medidas cautelares, cosa que también hizo en Nicaragua.

¿Qué tan rápido pueden activarse esos mecanismos y cuál podría funcionar de forma más ágil dada la urgencia de lo que está pasando?

Lo primero sería que la comisión entable un diálogo con el Gobierno para expresar un interés de visitar el país. Igual, en cualquier momento, la comisión también puede establecer un mecanismo de seguimiento de Colombia tipo MESENI o MESEVE, es una decisión interna. Luego, la CIDH debería pedir una visita y solicitar la anuencia del Estado, pero ahí hay que ver la viabilidad política. A mí ya me preocupó el tono de la Cancillería en la carta a la ONU en la que se vuelve a cosas básicas de “injerencia” o de cosas sobre soberanía muy mandadas a recoger en la comunidad internacional, pero que esta Cancillería tiene en su línea.

De acuerdo con la información pública disponible hoy, Colombia no ha negado visitas a la CIDH, sería inédito que el Estado le niegue una visita a la CIDH. Yo pensaría que el Gobierno no le negaría una visita a la comisión, pero, bueno, también han pasado cosas en los últimos meses que han sorprendido sobre la posición de Colombia ante organismos internacionales.

¿Cuál sería su lectura si el Estado colombiano no autoriza la visita in loco de la CIDH?

Sería el mensaje que Colombia ha criticado enormemente de Venezuela, que es el país, junto a Cuba, que le cerró las puertas a la comisión. Colombia se empezaría a aislar dentro del grupo de países que se niegan a la supervisión internacional y eso sería muy grave. Si lo hace, mandaría un mensaje de desamparo, y sería contradictorio con lo que Colombia ha dicho en su política internacional. Además, generaría una situación de indefensión de la gente que está denunciando violaciones de derechos humanos, que son críticos de los órganos de control y el Estado estaría cerrando su única posibilidad de denunciar. Tendría, además, un costo político. Tengo dudas de que se atrevieran a decirle “no” a una visita de la CIDH.

La comisión está en capacidad de organizar una visita de país de emergencia en cuestión de pocas semanas. Podría hacer presencia pronto y en esas visitas lo que hace es reunirse con sociedad civil, instituciones del Estado, órganos de control, altas cortes, el Gobierno Nacional, y toma peticiones y solicitudes de medidas cautelares. Creo que eso sí daría un mensaje de mucha esperanza y apoyo a la gente.

¿Cuáles serían los efectos prácticos si la CIDH activa todos estos mecanismos?

Un informe del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, por ejemplo, contribuye a la verdad y le hace recomendaciones al Estado sobre sus investigaciones de violaciones de derechos humanos: cómo se califica, el tipo de violaciones, si amerita sanción y una crítica constructiva sobre cómo se llevan a cabo los procesos. Además, le brinda un herramienta a las organizaciones para darle seguimiento a esas recomendaciones de la CIDH.

Eso tal vez no tiene el mismo efecto jurídico que tendría una sentencia de la Corte IDH o un informe de fondo de la CIDH en un caso individual, porque ahí se establece la responsabilidad internacional del Estado en un caso concreto y ordenar unas reparaciones, como es el caso Petro o Jineth Bedoya. Sin embargo, en los mecanismos de seguimiento lo que hace la CIDH es contribuir a la verdad. Es muy útil cuando hay la voluntad política de recibir estos apoyos como una contribución complementaria, constructiva y positiva. Cuando hay una actitud de “intervencionismo”, pierde eficacia. Entonces, primero se deben agotar los mecanismos de forma concertada entre CIDH y Gobierno para que la comisión haga presencia en el territorio. Si no se logra, ahí la comisión tendrá que pensar en un mecanismo de seguimiento, pero ahí estará el problema de acceso a la información, no tendrá acceso a los expedientes, por ejemplo.

Tal vez sea prematuro hablar de eso, pero a nivel de demandas internacionales, ¿qué cree que sucederá en unos años frente a los casos de violencia y abuso por parte de la Fuerza Pública en el paro y la respuesta del Estado colombiano?

Cuando una persona muere por el uso excesivo de la fuerza pública, esto se califica internacionalmente como una privación arbitraria de la vida o una ejecución extrajudicial, y eso puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado. Para que se configure y se pueda exigir a nivel internacional, es necesario primero agotar los mecanismos nacionales, es decir, no se podría presentar ahorita a la CIDH un caso como el de Marcelo Agredo, de 17 años, quien murió luego de que un policía le disparó por darle un patada. Ese es un caso clásico de ejecución extrajudicial, en el que no hay duda de que sería una violación arbitraria del derecho a la vida. Todos los casos de abuso policial en protestas son susceptibles de ser presentados en la CIDH porque es responsabilidad directa del Estado, son agentes de la Fuerza Pública. Lo que hay que ver es cómo se agotan primero los recursos internos.

En el caso de Marcelo aún no se han agotado los recursos internos, hay que darle primero la oportunidad a la Fiscalía para que investigue. Si luego pasa un tiempo y no avanza la investigación, se puede ir al sistema interamericano alegando que hay retraso injustificado. Sin embargo, lo que ha venido pasando, y es el ejemplo del caso Dylan Cruz, es que se someten los casos de abuso policial a la Justicia Penal Militar, porque como en Colombia la Policía y el Esmad están bajo el Ministerio de Defensa, la Justicia Penal Militar entonces suele presentar conflictos de jurisdicciones.

Los hechos de Dylan Cruz ocurrieron en 2019 y ya vamos para año y medio y sigue en Justicia Penal Militar. Tengo la esperanza de que la Corte Constitucional va a echar para atrás eso y va devolver el caso la justicia ordinaria, por una tutela que interpuso la familia. Pero en este momento, la familia de Dylan Cruz ya podría acudir directamente a la CIDH, porque la comisión tiene un estándar muy claro de que cuando un caso de violación de derechos humanos lo conoce la Justicia Penal Militar, no hay que esperar lo que digan las autoridades nacionales.

¿No hay duda de que en este Paro Nacional se está violando derechos humanos?

Acabo de ver un video de tanquetas del Esmad tirando proyectiles de manera indiscriminada, en este contexto, cuando ya se han dado denuncias de abusos. El caso del disparo contra Marcelo es un claro caso de uso excesivo de la Fuerza Pública completamente desproporcionado. Con todo lo que se ha denunciado, no hay cómo negar que ha habido casos de abuso policial. Por eso, es tan urgente que venga la CIDH y ayude a documentar.