“Si nos callamos habrá más víctimas”, denunciante de acoso sexual en la U Nacional

La ingeniera Alexi Amaya tiene un horizonte claro desde 2016: luchar social y judicialmente por su caso de violencia sexual perpetrado en la Universidad Nacional. Ese fue el año que, armándose de valentía, decidió denunciar los actos atribuidos a su entonces jefe inmediato José Guillermo Castro Ayala, director del Proyecto de las Relaciones Internacionales (PRI) y docente de la Facultad de Derecho de esa institución. Según le dijo a El Espectador, de tal nivel fue el acoso sufrido que resultó afectada social, familiar, personal y psicológicamente. Y todo ello en medio de un contexto en el cual, como lo consideró la Corte Constitucional, el centro educativo reaccionó sin firmeza.

De acuerdo con lo que Amaya le dijo a este diario, la vinculación que tenía para ese entonces con la Universidad Nacional era mediante un contrato de prestación de servicios y para esos días ayudaba en un proyecto de la facultad de Relaciones exteriores que estaba coordinado por Castro. Según afirma, cuando los actos de acoso iniciaron ella le hizo saber al docente que se sentía incómoda y le molestaba su comportamiento, a lo cual el hombre al parecer respondió con un mayor maltrato.

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“Él siempre subestimaba todo lo que yo le decía, se reía y seguía”, dice Amaya. “Estas situaciones de acoso no se quedaron solo en lo personal, sino que se fueron al campo laboral, empezó a hacer señalamientos de que yo era una vieja bruta. Todo eso me llevó a presentar el caso a la jefatura de la facultad”, asegura Amaya con su relato de los hechos. Según ella, la facultad solamente decidió citarla a una reunión en la que se encontraba Castro y, tras confrontarlo, el académico negó las denuncias en su contra.

Para la facultad la solución fue retirar a la mujer del proyecto en el que trabajaba, pero para ella eso no era suficiente y buscaba una reparación justa, exigía una indemnización y unas disculpas públicas por parte del docente, algo que no sucedió. “Yo era señalada y acusada cuando era yo quien estaba siendo víctima de acoso sexual y laboral”, manifiesta Amaya. De igual manera, ese mismo día de la reunión habría recibido mensajes de Castro, con el fin de que desistiera de sus pretenciones.

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Alexi Amaya continuó con sus denuncias en la universidad y tuvo que esperar casi un año para que la institución abriera una investigación contra el académico. De 2017 a 2019 la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional abrió un proceso disciplinario donde investigó los hechos que relató la víctima, pero, tras dos años de averiguaciones, el caso fue cerrado y el resultado no fue favorable para la mujer. Para la institución, lo que había ocurrido eran simplemente actos “entre amigos” y nunca hubo algún tipo de acoso por parte de Castro.

Amaya agrega que luego fue hostigada por Castro. Tras presenciar que la Universidad Nacional no tomaba acciones para respetar sus derechos, decidió llevar todo a la vía legal, donde fue acompañada por la Organización Sisma Mujer, la cual estuvo a su lado en todo este tiempo y le brindó asesoría en las instancias legales. A pesar de saber que hacía lo correcto, la víctima vio como la juzgaban y señalaban dentro y fuera de la universidad. “Todos esos señalamientos afectaron mi vida profesional, mi autoestima, sufrí de todo tipo de violencias en la universidad porque no existían protocolos para ese tipo de casos”, asegura la mujer.

Llevar el proceso no fue una tarea fácil para Alexi Amaya, ya que no tenía los mismos beneficios que un trabajador regular por estar vinculada por contrato de prestación de servicios. “No solo ha sido difícil llevar el proceso hasta su etapa final, sino que la relación de poder hacía más complicado ser escuchada a pesar de tener todas las pruebas”, le dijo Amaya a este diario, tras conocer la más reciente decisión de la Corte Constitucional con la que, tras mucho batallar, falló a su favor determinando que la Universidad Nacional de Colombia no protegió sus derechos.

Según la Corte, a Alexi Amaya se le debe conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cosa que no hizo la Universidad Nacional, por lo cual el alto tribunal le ordenó dar trámite al un recurso propuesto por la denunciante y que a su vez analice, con perspectiva de género y atendiendo los estándares internacionales, constitucionales y legales, los reparos expresados en ese escrito.

“Yo espero que este resultado permita que la universidad cambie de manera estructural, que se falle con enfoque de género y se capacite a quienes acompañan los procesos disciplinarios para que en casos como el mío haya justicia”, manifiesta. Tras su experiencia y lo agobiante que ha sido el camino para ella, Alexi Amaya sostiene esto: “A pesar de todo lo que yo he pasado y las dificultades que he tenido, yo les digo a las víctimas que hay que denunciar. Si nos callamos habrá muchas más víctimas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La ingeniera Alexi Amaya tiene un horizonte claro desde 2016: luchar social y judicialmente por su caso de violencia sexual perpetrado en la Universidad Nacional. Ese fue el año que, armándose de valentía, decidió denunciar los actos atribuidos a su entonces jefe inmediato José Guillermo Castro Ayala, director del Proyecto de las Relaciones Internacionales (PRI) y docente de la Facultad de Derecho de esa institución. Según le dijo a El Espectador, de tal nivel fue el acoso sufrido que resultó afectada social, familiar, personal y psicológicamente. Y todo ello en medio de un contexto en el cual, como lo consideró la Corte Constitucional, el centro educativo reaccionó sin firmeza.

De acuerdo con lo que Amaya le dijo a este diario, la vinculación que tenía para ese entonces con la Universidad Nacional era mediante un contrato de prestación de servicios y para esos días ayudaba en un proyecto de la facultad de Relaciones exteriores que estaba coordinado por Castro. Según afirma, cuando los actos de acoso iniciaron ella le hizo saber al docente que se sentía incómoda y le molestaba su comportamiento, a lo cual el hombre al parecer respondió con un mayor maltrato.

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“Él siempre subestimaba todo lo que yo le decía, se reía y seguía”, dice Amaya. “Estas situaciones de acoso no se quedaron solo en lo personal, sino que se fueron al campo laboral, empezó a hacer señalamientos de que yo era una vieja bruta. Todo eso me llevó a presentar el caso a la jefatura de la facultad”, asegura Amaya con su relato de los hechos. Según ella, la facultad solamente decidió citarla a una reunión en la que se encontraba Castro y, tras confrontarlo, el académico negó las denuncias en su contra.

Para la facultad la solución fue retirar a la mujer del proyecto en el que trabajaba, pero para ella eso no era suficiente y buscaba una reparación justa, exigía una indemnización y unas disculpas públicas por parte del docente, algo que no sucedió. “Yo era señalada y acusada cuando era yo quien estaba siendo víctima de acoso sexual y laboral”, manifiesta Amaya. De igual manera, ese mismo día de la reunión habría recibido mensajes de Castro, con el fin de que desistiera de sus pretenciones.

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Alexi Amaya continuó con sus denuncias en la universidad y tuvo que esperar casi un año para que la institución abriera una investigación contra el académico. De 2017 a 2019 la Veeduría Disciplinaria de la Universidad Nacional abrió un proceso disciplinario donde investigó los hechos que relató la víctima, pero, tras dos años de averiguaciones, el caso fue cerrado y el resultado no fue favorable para la mujer. Para la institución, lo que había ocurrido eran simplemente actos “entre amigos” y nunca hubo algún tipo de acoso por parte de Castro.

Amaya agrega que luego fue hostigada por Castro. Tras presenciar que la Universidad Nacional no tomaba acciones para respetar sus derechos, decidió llevar todo a la vía legal, donde fue acompañada por la Organización Sisma Mujer, la cual estuvo a su lado en todo este tiempo y le brindó asesoría en las instancias legales. A pesar de saber que hacía lo correcto, la víctima vio como la juzgaban y señalaban dentro y fuera de la universidad. “Todos esos señalamientos afectaron mi vida profesional, mi autoestima, sufrí de todo tipo de violencias en la universidad porque no existían protocolos para ese tipo de casos”, asegura la mujer.

Llevar el proceso no fue una tarea fácil para Alexi Amaya, ya que no tenía los mismos beneficios que un trabajador regular por estar vinculada por contrato de prestación de servicios. “No solo ha sido difícil llevar el proceso hasta su etapa final, sino que la relación de poder hacía más complicado ser escuchada a pesar de tener todas las pruebas”, le dijo Amaya a este diario, tras conocer la más reciente decisión de la Corte Constitucional con la que, tras mucho batallar, falló a su favor determinando que la Universidad Nacional de Colombia no protegió sus derechos.

Según la Corte, a Alexi Amaya se le debe conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cosa que no hizo la Universidad Nacional, por lo cual el alto tribunal le ordenó dar trámite al un recurso propuesto por la denunciante y que a su vez analice, con perspectiva de género y atendiendo los estándares internacionales, constitucionales y legales, los reparos expresados en ese escrito.

“Yo espero que este resultado permita que la universidad cambie de manera estructural, que se falle con enfoque de género y se capacite a quienes acompañan los procesos disciplinarios para que en casos como el mío haya justicia”, manifiesta. Tras su experiencia y lo agobiante que ha sido el camino para ella, Alexi Amaya sostiene esto: “A pesar de todo lo que yo he pasado y las dificultades que he tenido, yo les digo a las víctimas que hay que denunciar. Si nos callamos habrá muchas más víctimas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.