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Mientras el general (r) Mario Montoya pidió anular la imputación que le hizo el pasado mes de agosto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por 130 crímenes de lesa humanidad que ocurrieron entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño, siete de sus entonces hombres si aceptaron su responsabilidad en estos hechos. Tampoco aceptó cargos el coronel (r) Iván Darío Pineda.
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En su momento, la JEP explicó que el fenómeno de los falsos positivos fue desplegado por miembros del Ejército que actuaron como si pertenecieran a una organización criminal. De esta manera, el punto de partida era la presión por las bajas en combate exigidas por el general (r) Montoya. La teoría del caso sostiene que, al menos en este punto, las muertes solicitadas y permitidas por Montoya se presentaron en 16 municipios de Antioquia.
El único indicador de éxito militar, según la investigación, eran las bajas. Y esa hipótesis se soporta en historias tan atroces que hablan por sí mismas. Como la presentación en rueda de prensa como guerrilleros del IX Frente de las FARC a dos niñas y tres jóvenes civiles en 2002, en el municipio de San Rafael. Habían caído en una emboscada militar contra un vehículo que conducían paramilitares. Y, aunque claramente nada tenían que ver con la guerra, “el general Montoya insistió y presentó los cuerpos de los muchachos personalmente en la rueda de prensa como guerrilleros dados de baja en combate”, señaló la magistrada Díaz en agosto pasado.
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En este contexto, los militares que aceptaron su responsabilidad en calidad de autores por crímenes de guerra: homicidio en persona protegida y desaparición forzada, son los subtenientes (r) José Alejandro Ramírez Riaño, Diego Germán Guzmán Patiño, y Edwin Leonardo Toro Ramírez, los tenientes coroneles (r) Emerson Antonio Castañeda Morales y Nelson Enrique Carvajal Chisco y el soldado Óscar Iván Mayo Marulanda (un exguerrillero del ELN que, tras su desmovilización, terminó en las filas del Ejército). Por su parte, el coronel (r) Iván Darío Pineda Recuero dijo que no aceptaba responsabilidad respecto de las imputaciones hechas por la Sala y el general (r) Mario Montoya solicitó la nulidad del proceso.
Montoya presentó ese recurso en un escrito de 64 páginas en el que dice que se vulneraron varias garantías fundamentales. Entre ellas que fue presentada una formulación de imputación indebida en su contra porque no precisa cuáles serían las consecuencias de aceptar, o no aceptar, responsabilidad, ni se habló del tipo de sanciones aplicables. El recurso dice además que la imputación se basa en órdenes genéricas que habría dado, pero no existe una sola prueba de una orden directa.
“No existe dentro de la actuación ningún elemento de juicio como los que trae a colación la Sala como los ‘programas radiales’ o a través de órdenes directas que indiquen que el general Montoya Uribe impartió órdenes para que personas inocentes fueran asesinadas o desaparecidas, como tampoco lo refiere ninguno de los comparecientes cuyas versiones fueron traídas a la providencia judicial, por tales motivos, no se cumplen los postulados necesarios que acrediten la figura del dolo necesario para la imputación a título de instigador”, dice el recurso revelado por el periódico el Tiempo el pasado 10 de octubre.
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