Sistematicidad, un hecho probado en el asesinato de líderes sociales
Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales ilustra cómo el asesinato de líderes sociales en Colombia es el resultado de "una violencia metódica y no aleatoria", desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016.
Redacción Judicial
Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos van en aumento. Esa tendencia, que se ha hecho evidente por las denuncias de múltiples organizaciones de derechos humanos y de entidades como la Defensoría del Pueblo, es una de las conclusiones del estudio que buscó identificar los patrones sistemáticos en los crímenes contra estas personas desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Fue coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y realizado de manera conjunta por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales.
El estudio, titulado "¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo", no quiso limitarse a dar una cifra consolidada de homicidios. Su objetivo fue analizar los casos para “evidenciar elementos en común, condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables en los crímenes, así como la correlación entre los crímenes con otras variables”.
Su intención, más bien, fue explicar si ha habido una sistematicidad en los ataques contra los líderes sociales, puesto que, durante los últimos meses, esta pregunta ha sido el centro de la discusión. Por ejemplo, mientras era ministro de Defensa de Santos, Luis Carlos Villegas lanzó la infortunada explicación de que, en su "inmensa mayoría", estas muertes eran "fruto de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas". No obstante, para Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la CCJ, sí hay sistematicidad: así lo deja en claro la coincidencia que encontraron en los múltiples patrones que fueron analizados.
El análisis se centró en identificar los patrones en cinco escenarios: la naturaleza del fenómeno, el tipo de víctimas, el tipo de victimarios, el modus operandi en los distintos casos y la espacialidad de los crímenes. Y, en efecto, fueron múltiples las coincidencias encontradas en los 343 casos que fueron analizados y que ocurrieron entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, el período comprendido por la investigación.
(Lea aquí: Fiscalía reconoce sistematicidad en crímenes contra líderes sociales).
Son varios los datos que proporciona el estudio. Sobre quiénes cometen los crímenes, señala que en 118 casos no se ha identificado a los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las Farc, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no se ha identificado si pertenece a alguna organización, 11 por el Ejército, 8 por el Eln, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía Nacional y 2 por el Epl.
Además, muestra que la mayoría de los casos analizados eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3).
Los líderes sociales, víctimas de ataques, son caracterizados como personas que “llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad”. El informe agrega que un factor de riesgo es si el trabajo del líder es local o regional, pues cuando su visibilidad es nacional tiene mayor protección.
El informe señala, igualmente, que la violencia contra los líderes sociales no es un fenómeno accidental ni fortuito, sino que su naturaleza es “repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria”. E insiste en que “son selectivos y no indiscriminados”, pues, antes del atentado, se identifica a la víctima a la que se dirige el ataque.
(También: “Asesinatos de líderes sociales: metódicos y selectivos”, según investigador Camilo Bonilla).
Como causa de esta conclusión el estudio señala que 106 líderes sociales (casi la mitad de las víctimas entre 2016 y 2018) fueron asesinados en sus viviendas y otros 100 también sufrieron atentados en sus casas, lo que demostraría que hay “actividades de planeación y seguimiento a la víctima por parte de una estructura criminal con dominio territorial”. Otro elemento que probaría esta hipótesis es que la mayoría de los ataques son cometidos por sicarios.
El estudio también muestra que las autoridades llevan su parte: “En ocasiones los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos, discursos estigmatizantes o de negación ya sea del fenómeno, de la existencia de los victimarios o de la condición de defensor de derechos humanos de la víctima. Estos discursos son elaborados por parte de autoridades locales, regionales y nacionales”.
Estado incapaz
Fabio López, docente del EPRI que participó en la realización del informe, va más allá. En entrevista con El Espectador, dijo que los asesinatos también son el resultado de la ineficiencia del Estado para llegar a las zonas que fueron dejadas por los exguerrilleros de las Farc, un fenómeno que, según él, también sucedió cuando se desmovilizaron grupos paramilitares entre 2003 y 2007.(Además: "El plan para proteger a líderes es totalmente militarista": plataformas de DD. HH.).
“El Estado tiende a negar su propia participación. Hay un negacionismo no solo frente al fenómeno de la muerte de los líderes sociales, sino también frente a la participación de actores institucionales en estos asesinatos. Además, es un Estado que no controla su territorio, con instituciones muy ineficientes y sin un norte para la integración socioterritorial”, afirmó López.
Para profundizar en este aspecto, además, Bonilla dijo que “ha habido ministros que se han expresado de manera despectiva frente al fenómeno, entonces sigue viva la estigmatización, sin que haya ninguna consecuencia”, en referencia a cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseveró que los asesinatos de líderes se debían a “líos de faldas”.
El análisis muestra que hay una tendencia al aumento en los asesinatos de líderes sociales. Para esto, compara todo 2016 con el período entre enero y julio de 2018, para concluir que en esos siete meses se presentaron más asesinatos que durante todo un año, y, añade, también hubo un aumento en comparación con enero y julio de 2017.
Con el agravante de que el coordinador Bonilla y el profesor López consideran que la tendencia podría ser más evidente este año, por las eleccciones que se celebrarán en octubre, al considerar que los líderes -muchas veces actores políticos en su comunidad- no cuentan con suficientes garantías de seguridad. “Desde ya se están emitiendo voces de alerta, pues se puede agudizar la violencia en estos próximos meses por las elecciones locales”, aseguró López, miembro del IEPRI. Lo mismo advirtió el director de la UNP, Pablo Elías González, hace unos días en entrevista con este diario.
Por eso, para Bonilla es urgente que el Estado, al cual le ha costado mucho admitir la sistematicidad de estos crímenes, elabore una política pública de protección de líderes, pero que se construya con la participación de las comunidades para que sea realmente útil: “Debe construirse de manera colectiva y no como ha venido siendo hasta ahora, que el Gobierno incluye lo que considera que sirve y pretende implementar las mismas acciones independiente de si es hombre, mujer, LGBTI, afro, indígena, campesino, si está en el páramo o la selva”.
Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos van en aumento. Esa tendencia, que se ha hecho evidente por las denuncias de múltiples organizaciones de derechos humanos y de entidades como la Defensoría del Pueblo, es una de las conclusiones del estudio que buscó identificar los patrones sistemáticos en los crímenes contra estas personas desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Fue coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y realizado de manera conjunta por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales.
El estudio, titulado "¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo", no quiso limitarse a dar una cifra consolidada de homicidios. Su objetivo fue analizar los casos para “evidenciar elementos en común, condiciones compartidas que definen posibles patrones identificables en los crímenes, así como la correlación entre los crímenes con otras variables”.
Su intención, más bien, fue explicar si ha habido una sistematicidad en los ataques contra los líderes sociales, puesto que, durante los últimos meses, esta pregunta ha sido el centro de la discusión. Por ejemplo, mientras era ministro de Defensa de Santos, Luis Carlos Villegas lanzó la infortunada explicación de que, en su "inmensa mayoría", estas muertes eran "fruto de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas". No obstante, para Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la CCJ, sí hay sistematicidad: así lo deja en claro la coincidencia que encontraron en los múltiples patrones que fueron analizados.
El análisis se centró en identificar los patrones en cinco escenarios: la naturaleza del fenómeno, el tipo de víctimas, el tipo de victimarios, el modus operandi en los distintos casos y la espacialidad de los crímenes. Y, en efecto, fueron múltiples las coincidencias encontradas en los 343 casos que fueron analizados y que ocurrieron entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018, el período comprendido por la investigación.
(Lea aquí: Fiscalía reconoce sistematicidad en crímenes contra líderes sociales).
Son varios los datos que proporciona el estudio. Sobre quiénes cometen los crímenes, señala que en 118 casos no se ha identificado a los autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin identificar, 19 por disidencias de las Farc, 15 por un civil que ha sido capturado, pero no se ha identificado si pertenece a alguna organización, 11 por el Ejército, 8 por el Eln, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía Nacional y 2 por el Epl.
Además, muestra que la mayoría de los casos analizados eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3).
Los líderes sociales, víctimas de ataques, son caracterizados como personas que “llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad”. El informe agrega que un factor de riesgo es si el trabajo del líder es local o regional, pues cuando su visibilidad es nacional tiene mayor protección.
El informe señala, igualmente, que la violencia contra los líderes sociales no es un fenómeno accidental ni fortuito, sino que su naturaleza es “repetitiva, invariable y continua; es una violencia perpetrada de manera reiterada, metódica y no aleatoria”. E insiste en que “son selectivos y no indiscriminados”, pues, antes del atentado, se identifica a la víctima a la que se dirige el ataque.
(También: “Asesinatos de líderes sociales: metódicos y selectivos”, según investigador Camilo Bonilla).
Como causa de esta conclusión el estudio señala que 106 líderes sociales (casi la mitad de las víctimas entre 2016 y 2018) fueron asesinados en sus viviendas y otros 100 también sufrieron atentados en sus casas, lo que demostraría que hay “actividades de planeación y seguimiento a la víctima por parte de una estructura criminal con dominio territorial”. Otro elemento que probaría esta hipótesis es que la mayoría de los ataques son cometidos por sicarios.
El estudio también muestra que las autoridades llevan su parte: “En ocasiones los crímenes son antecedidos o seguidos de señalamientos, discursos estigmatizantes o de negación ya sea del fenómeno, de la existencia de los victimarios o de la condición de defensor de derechos humanos de la víctima. Estos discursos son elaborados por parte de autoridades locales, regionales y nacionales”.
Estado incapaz
Fabio López, docente del EPRI que participó en la realización del informe, va más allá. En entrevista con El Espectador, dijo que los asesinatos también son el resultado de la ineficiencia del Estado para llegar a las zonas que fueron dejadas por los exguerrilleros de las Farc, un fenómeno que, según él, también sucedió cuando se desmovilizaron grupos paramilitares entre 2003 y 2007.(Además: "El plan para proteger a líderes es totalmente militarista": plataformas de DD. HH.).
“El Estado tiende a negar su propia participación. Hay un negacionismo no solo frente al fenómeno de la muerte de los líderes sociales, sino también frente a la participación de actores institucionales en estos asesinatos. Además, es un Estado que no controla su territorio, con instituciones muy ineficientes y sin un norte para la integración socioterritorial”, afirmó López.
Para profundizar en este aspecto, además, Bonilla dijo que “ha habido ministros que se han expresado de manera despectiva frente al fenómeno, entonces sigue viva la estigmatización, sin que haya ninguna consecuencia”, en referencia a cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseveró que los asesinatos de líderes se debían a “líos de faldas”.
El análisis muestra que hay una tendencia al aumento en los asesinatos de líderes sociales. Para esto, compara todo 2016 con el período entre enero y julio de 2018, para concluir que en esos siete meses se presentaron más asesinatos que durante todo un año, y, añade, también hubo un aumento en comparación con enero y julio de 2017.
Con el agravante de que el coordinador Bonilla y el profesor López consideran que la tendencia podría ser más evidente este año, por las eleccciones que se celebrarán en octubre, al considerar que los líderes -muchas veces actores políticos en su comunidad- no cuentan con suficientes garantías de seguridad. “Desde ya se están emitiendo voces de alerta, pues se puede agudizar la violencia en estos próximos meses por las elecciones locales”, aseguró López, miembro del IEPRI. Lo mismo advirtió el director de la UNP, Pablo Elías González, hace unos días en entrevista con este diario.
Por eso, para Bonilla es urgente que el Estado, al cual le ha costado mucho admitir la sistematicidad de estos crímenes, elabore una política pública de protección de líderes, pero que se construya con la participación de las comunidades para que sea realmente útil: “Debe construirse de manera colectiva y no como ha venido siendo hasta ahora, que el Gobierno incluye lo que considera que sirve y pretende implementar las mismas acciones independiente de si es hombre, mujer, LGBTI, afro, indígena, campesino, si está en el páramo o la selva”.