Sobornos dieron “un beneficio financiero inapropiado” a Grupo Aval: EE.UU.

La entidad que reveló al mundo entero el esquema de corrupción que desplegó Odebrecht para quedarse con millonarios contratos de infraestructura en 12 países fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo hizo a finales de 2016 con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa -y nieto del fundador- como principal informante. Siete años después, las autoridades estadounidenses llegan con una nueva revelación: que Corficolombiana, la cual hace parte del Grupo Aval, aceptó pagar US$80 millones en multas por su participación en el circuito de actos corruptos que la llevó a quedarse con la adición Ocaña-Gamarra del proyecto Ruta del Sol II, de la mano de su socio Odebrecht.

La entidad que reveló al mundo entero el esquema de corrupción que desplegó Odebrecht para quedarse con millonarios contratos de infraestructura en 12 países fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo hizo a finales de 2016 con Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa -y nieto del fundador- como principal informante. Siete años después, las autoridades estadounidenses llegan con una nueva revelación: que Corficolombiana, la cual hace parte del Grupo Aval, aceptó pagar US$80 millones en multas por su participación en el circuito de actos corruptos que la llevó a quedarse con la adición Ocaña-Gamarra del proyecto Ruta del Sol II, de la mano de su socio Odebrecht.

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“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades,”, dijo Erek Barron, fiscal de la Corte del Distrito de Maryland, en un comunicado que el Departamento de Justicia divulgó el pasado 10 de agosto. Según esa cartera, “entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Ampliación Ocaña-Gamarra”, se lee en el comunicado.

Según el documento, Corficolombiana alcanzó con la justicia estadounidense algo llamado “acuerdo de procesamiento diferido” por tres años. Se trata, explican memorandos internos de esa cartera, de un mecanismo que se usa con corporaciones, en el cual se formulan cargos a una empresa y luego se llega a un acuerdo que se formaliza ante un juez. El Grupo Aval aseguró que, en su caso, no se presentaron cargos. La investigación contra Corficolombiana tenía que ver con la violación de la cláusula antisobornos de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, precisó el Departamento de Justicia. Para que el proceso cesara, Corficolombiana aceptó pagar una sanción penal de US$40,6 millones.

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Esa cifra supera los US$28,6 millones que Corficolombiana obtuvo como “ganancias provenientes de los negocios obtenidos de forma corrupta”. Estados Unidos aceptó descontar hasta la mitad de esa multa en reconocimiento a la sanción de $55.000 millones (a hoy unos US$13,8 millones) que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso en 2020 a Corficolombiana como socia de la concesionaria Ruta del Sol, tras probarse el “sistema anticompetitivo en el proyecto Ruta del Sol Tramo 2″. Esa sanción provino de una “decisión unánime” del Consejo Asesor de Competencia de la SIC.

Corficolombiana, señaló el Departamento de Justicia de EE.UU., alimentó un esquema de corrupción promoviendo la firma de contratos ficticios con empresas relacionadas con intermediarios quienes, a su vez, les hicieron llegar dineros de coimas a funcionarios gubernamentales. Ahora, la empresa “ha acordado seguir cooperando con el Departamento en cualquier investigación penal en curso o futura relacionada con esta conducta”. La justicia estadounidense destacó que la compañía ha tomado medidas internas para prevenir escenarios similares, y reconoció la entrega de testimonios, documentos y de información “previamente desconocida para el gobierno”.

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Asimismo, Corficolombiana deberá pagar otra multa de US$40 millones a la Securities and Exchange Commission (SEC), entidad reguladora que vigila al Grupo Aval y sus afiliadas desde 2014, cuando el conglomerado económico fue enlistado en la Bolsa de Nueva York. El 23 de septiembre de ese año, Luis Carlos Sarmiento Angulo, entonces presidente del grupo, se paró al lado de su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez -hoy presidente- y tocó la famosa campana de la Bolsa, simbolizando así el ingreso del Grupo Aval a las grandes ligas financieras del mundo. Y, de paso, quedando bajo su supervisión de sus entes de control, los mismos que hoy lo sancionan.

En un documento de ocho páginas, fechado también el pasado 10 de agosto, quedó registrado que Corficolombiana ofreció a la SEC un acuerdo a cambio de que la entidad desistiera de los procedimientos que había iniciado en su contra por involucrarse en el esquema de corrupción que desembocó en la adición Ocaña-Gamarra. La Ruta del Sol II era, recordó la SEC, el proyecto de infraestructura vial más grande en la historia del país, buscaba conectar a Bogotá con otros puntos de Colombia y se avaluó en cerca de US$1 billón. Quedó en manos de la concesionaria Ruta del Sol 2 en diciembre de 2009, de la cual Odebrecht era el socio principal seguido de Episol, que pertenecía a Corficolombiana.

En los próximos 10 días, Corficolombiana deberá girar $32 millones por descargos y US$8 millones por intereses al fondo general del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual, sumado a la multa del Departamento de Justicia, representa un total de US$80 millones en sanciones para el Grupo Aval por el esquema de corrupción que rodeó la Ruta del Sol y su adición Ocaña-Gamarra. Según la SEC, el involucramiento de Corficolombia en la red de corrupción que se tejió con Odebrecht se dio “a través de su expresidente”. No lo mencionan con nombre propio, pero se trata de José Elías Melo, cuya condena, ratificada en segunda instancia, está ahora en manos de la Corte Suprema para revisión.

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“Soy el único pendejo clavado en este escándalo”, declaró Melo a Semana en 2020, poco antes de que el Tribunal de Bogotá confirmara su sentencia de 11 años en prisión. La justicia colombiana, por su parte, concluyó que Melo era responsable de los delitos de cohecho (soborno) e interés indebido en la celebración de contratos. En un comunicado de prensa, el Grupo Aval manifestó que, “al suscribir estas resoluciones (con las autoridades estadounidenses), Corficolombiana y Grupo Aval reconocieron y aceptaron su responsabilidad, bajo la ley estadounidense, por la conducta del exejecutivo de Corficolombiana”.

El asunto, sin embargo, va más allá de Melo. “El telón de fondo del esquema de sobornos fue la falta de suficientes controles, libros y registros sobre la contabilidad interna, en los cuales se ocultaron los sobornos como gastos comerciales legítimos”, dijo la SEC. La telaraña de coimas, señaló la entidad, les dio a Corficolombiana y a otras filiales del Grupo Aval “un beneficio financiero inapropiado bajo la forma de honorarios, ingresos por intereses y distribución de inversiones que sumaron unos $32 millones”. La cifra es US$4 millones más alta que la reconocida por el Departamento de Justicia por el mismo concepto.

“Esas ganancias ilícitas se consolidaron en los estados financieros del Grupo Aval y se acumularon hasta 2020″, indicó la SEC. La entidad añadió que los contratos que celebró Corficolombiana para disfrazar los sobornos se apoyaban en facturas que no tenían documentos de soporte o en contratos que tenían objetos vagos, en los que se pedían servicios que se solían manejar internamente. Como resultado, el Grupo Aval violó el marco legal de la SEC “al fallar en trazar y mantener un sistema de control sobre la contabilidad suficiente para asegurar razonablemente que las transacciones se ejecutan y el acceso a los activos se permite solo con base en autorización general o específica de la gerencia”.

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Durante años, el Grupo Aval y Corficolombiana han reiterado que nada tuvieron que ver con el esquema de corrupción que se labró para alargar los réditos financieros de la Ruta del Sol II. “A diferencia del actuar corporativo de Odebrecht, el país puede tener la certeza de que los valores corporativos de Corficolombiana y Episol impiden su participación en cualquier acto ilícito”, dijo Corficolombiana en diciembre de 2020, cuando se conoció la multa impuesta en su contra por la Superintendencia de Industria y Comercio. Una sanción que el propio Grupo Aval deberá desistir de apelar si quiere que el Departamento de Justicia de EE.UU. le descuente hasta la mitad de la multa de US$40 millones que le impuso.

En el comunicado de prensa que el Grupo Aval difundió apenas las sanciones de las autoridades estadounidenses se hicieron públicas, resaltó que las investigaciones en Estados Unidos habían llegado a su fin. Agregó que las entidades de ese país “reconocieron la extensa cooperación de Corficolombiana y Grupo Aval con las investigaciones y además que, en los muchos años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, Corficolombiana y Grupo Aval han aumentado y mejorado sus programas de cumplimiento y controles internos”. El Espectador intentó entrevistar a algún vocero del Grupo Aval, pero por las condiciones de lo pactado en EE.UU., la respuesta fue no.

“La resolución de hoy, la primera coordinada con las autoridades colombianas en un caso de soborno en el extranjero, refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro a hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional y exigir responsabilidades a las empresas que descaradamente pagan sobornos para obtener beneficios económicos”, dijo la fiscal general adjunta Nicole Argentiere. El Departamento de Justicia reconoció la “asistencia sustancial” de la Fiscalía colombiana y de la Superintendencia de Industria y Comercio, al tiempo que advirtió que la Brigada de Corrupción Internacional del FBI en Miami sigue encima del caso.