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La Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad designada por el Estado para administrar bienes en proceso de expropiación, asumió en las últimas horas el control directivo de Triple A, vinculada con Inassa, filial latinoamericana de la empresa pública española Canal de Isabel II.
En una sesión de la asamblea de accionistas, que duró más de diez horas, fueron escogidos como directivos de Triple A cuatro representantes de la SAE, entidad que cuenta ahora con el 82 % de las acciones que eran de Inassa. (Le podría interesar: Las claves para entender el caso Inassa)
La asamblea se celebró menos de dos semanas después de que la Fiscalía General embargara las acciones que Inassa tenía en Triple A, empresa que presta los servicios públicos en la ciudad caribeña de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.
También se decidió que la Alcaldía de Barranquilla, que sigue manteniendo el 14,5 % de participación accionarial, cuente con un representante en la junta directiva. El grupo de socios minoritarios integrado por particulares, que tienen el 3,5 % restante de las acciones, tendrán un representante suplente. (Lea también: Imponen medidas de aseguramiento a directivos y exdirectivos de Inassa)
Los representantes de la SAE en la junta directiva son Arnaldo Mendoza Torres, Juan Alberto Londoño Martínez, María Virginia Torres de Cristancho y Jesús Val De Ruten Ruiz, quien tendrá la suplencia de Gabriel Núñez Insignares, de los accionistas minoritarios.
El pasado 4 de octubre, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció el embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de Triple A que son propiedad de Inassa. Eso, como parte de una investigación sobre desvío de recursos de Triple A que debían ser usados en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y limpieza. (Le sugerimos: A juicio disciplinario tres gerentes de la Triple A por caso Inassa)