Socios del paramilitarismo pagan por borrar su pasado de internet

Es el hermano de uno de los exjefes paramilitares más sangrientos y temidos, alias “Ramón Mojana”. La justicia confirmó, en un expediente que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que lavó dineros producto de los crímenes de las autodefensas. A pesar de que su pasado criminal está más que probado, Jeovany Pedraza Peña intentó borrar cualquier registro de su prontuario en la web. Para lograrlo recurrió a una empresa paisa que subcontrató a la compañía española Eliminalia: una firma que dice defender la reputación de personas y empresas, pero que se ha hecho un lugar en el sector recurriendo a campañas de desinformación y amenazas judiciales a medios de comunicación.

Es el hermano de uno de los exjefes paramilitares más sangrientos y temidos, alias “Ramón Mojana”. La justicia confirmó, en un expediente que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que lavó dineros producto de los crímenes de las autodefensas. A pesar de que su pasado criminal está más que probado, Jeovany Pedraza Peña intentó borrar cualquier registro de su prontuario en la web. Para lograrlo recurrió a una empresa paisa que subcontrató a la compañía española Eliminalia: una firma que dice defender la reputación de personas y empresas, pero que se ha hecho un lugar en el sector recurriendo a campañas de desinformación y amenazas judiciales a medios de comunicación.

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Así lo dejan ver más de 50.000 documentos a los que tuvo acceso la organización Forbidden Stories, que continúa el trabajo de periodistas amenazados o asesinados. El Espectador conoció estos archivos, como parte de la investigación colaborativa “Story Killers” (en español, “Asesinos de historias”), que ofrece una mirada inédita a la industria de la desinformación. Los papeles de Eliminalia fueron revisados durante meses por alrededor de 50 periodistas de distintos países. Los hallazgos incluyen correos confidenciales con las oscuras técnicas de esta firma de reputación, los pagos que recibieron y los nombres de sus casi 1.500 clientes alrededor del mundo, entre los que hay al menos 58 que involucran a Colombia.

Uno de ellos es Jeovany Pedraza Peña, quien según la filtración pagó 4.312 euros en 2020 (unos $18 millones de la época) para borrar su pasado judicial de internet. Incluso pidió eliminar entradas de las páginas web de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Pero él no llegó a esta firma de reputación por sí mismo. Lo hizo a través de una compañía que aparece mencionada varias veces en los documentos: ID Security. En concreto, a través de su representante legal: Johan Esteban Estrada Morales. Su cédula, su nombre y, sobre todo, su empresa -ID Security está registrada a nombre de Estrada en la Cámara de Comercio de Medellín- aparecen vinculados con seis peticiones distintas que llegaron a Eliminalia.

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Los archivos, que procesó la Organized Crimen an Corruption Reporting Project (Occrp), muestran que Eliminalia utilizó distintas estrategias para lograr su cometido: intimidaron a medios de comunicación con demandas, habrían suplantado a oficiales de la Unión Europea para exigir que contenidos fueran eliminados y hasta crearon contenido falso para posicionarlo en motores de búsqueda y engañar a motores de búsqueda en Google, ya no aparece una noticia sobre su pasado criminal, sino una que lo enaltece. Su eslogan lo resume todo en tres palabras: “Borramos tu pasado”. Aunque no siempre lo lograron, como contó ‘La Silla Vacía’ en 2021, publicar una primera lista de los clientes colombianos de esta firma.

De arrocero a lavador de dinero

Entre las páginas que Pedraza Peña pidió borrar, hay tres artículos de El Espectador. En el primero, de 2010, se describe cómo él comenzó haciendo negocios en la industria del arroz en los 80 y, junto a su hermano, Ramón Mojana, hicieron su fortuna en el narcotráfico, luego del desarme de los paramilitares con el sistema de Justicia y Paz. En el segundo, se cuenta que la Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión contra Pedraza Peña por lavado de activos. Y en el más reciente, se recordaba todo este prontuario criminal, a propósito del regreso de su hermano a Colombia, luego de cumplir una sentencia en Estados Unidos. Los tres artículos continúan disponibles.

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Eliminalia etiquetó estos tres contenidos como “pendiente”. Clasificación que le dio a la mayoría de las URL que pedía borrar el hermano de Ramón Mojana, entre ellas un comunicado de la Fiscalía en el que se anunciaba en 2011 que sería llevado a juicio, y un documento de la Policía que menciona el operativo de confiscación de sus bienes que se desplegó en 2010, que, asimismo, continúan disponibles. Una de las pocas entradas en la web que la compañía pudo esconder —desindexar, para ser exactos— fue un documento de la Corte Suprema de Justicia que avisaba públicamente que no revisaría la condena impuesta a Pedraza Peña.

Las técnicas de Eliminalia

Un segundo caso que llegó a Eliminalia a través de ID Security ilustra muy bien algunas de las tácticas que utilizaba la firma española. Es sobre José Danilo Oviedo Chacón, condenado por lavar dinero para organizaciones criminales, como los Pelusos y los Pachenca. En 2019, este hombre hizo dos pagos de 3.375 euros para borrar 17 entradas de internet que lo mencionaban. En su mayoría, artículos periodísticos que daban cuenta de sus nexos con el crimen. Lo primero que hizo la firma española fue que, bajo el nombre de Anastasia Kafidova, les escribió a varios medios que sus publicaciones atentaban contra el “derecho al honor” de su cliente.

El Espectador recibió una de esas peticiones sobre Oviedo Chacón, en la que Eliminalia citó el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea, para pedir que se diera de baja el contenido. En algunos casos hasta firmaba los correos con una dirección de correo electrónico terminada en legal-abuse.eu, dominio que a simple vista pareciera indicar que proviene de una institución europea. Tras ser consultado por este consorcio periodístico, un funcionario de la Comisión Europea dijo que no tienen información de dominios que estén personificando a instituciones europeas en este caso particular y añadió: “La existencia del nombre del dominio no es una infracción, pero su uso para suplantar sí lo es”.

Al mismo tiempo, la firma española envió peticiones a Google para que desindexaran algunos artículos sobre Oviedo Chacón por infracciones de derechos de autor (este recurso es conocido como DMCA). En los formularios le pedía a la compañía que eliminara las publicaciones que mencionaban al condenado lavador porque “el contenido ha sido copiado sin autorización”. Es decir, aseguraban falsamente que los textos los habían escrito ellos mismos. Al ser consultados al respecto, un vocero de Google expresó: “Luchamos activamente contra los intentos fraudulentos de eliminación mediante el uso de una combinación de revisión automatizada y humana para detectar señales de abuso”.

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Una mina secreta

Esa técnica de engañar a los motores de búsqueda parece haber funcionado en un tercer caso que llegó a Eliminalia a través de la empresa ID Security: el de Gilberto Vargas Durango. En la filtración se ve que los primeros pagos a su nombre llegaron entre 2018 y 2019, cada uno por 975 euros para borrar una noticia publicada en 2008 por ”El Colombiano”, en la que se le vincula con una red que lavaba dinero para el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”. Vargas Durango fue condenado por el delito de lavado de activos y un juez lo dejó en libertad en 2011. La publicación, finalmente, fue modificada y hoy solo aparecen sus iniciales: GVD.

Vargas Durango fue cliente de Eliminalia una segunda vez en 2019, de nuevo con la intermediación de ID Security. Lo que pedía que eliminara era, a lo sumo, curioso. En 2018, este hombre recibió los derechos para explotar minas de oro y plata en Caldas y Antioquia. Como le exige el procedimiento, la Agencia Nacional de Minería había dejado registro del movimiento en una anotación pública, pero a Vargas no le gustó y le pidió que eliminara el archivo de la web. La entidad se rehusó, decisión que ratificó el Ministerio de Comercio en una investigación administrativa. Hasta que Eliminalia logró que Google borrara la URL de sus registros, según muestra la filtración.

Lavada de imagen

La organización Qurium, que ha publicado previamente sobre Eliminalia y analizó los datos de la filtración para este consorcio, concluyó en una investigación propia que otra estrategia que ha utilizado la firma es publicar contenido falso para engañar a los buscadores. Escriben contenido sobre sus clientes en los cientos de sitios web falsos a los que tienen acceso -Quirium encontró más de 700 hasta comienzos de 2022- y luego publican esos enlaces en foros. Así, un buscador como Google puede pensar que el sitio web falso está recibiendo mucho tráfico, lo que mejora su posición en la web SEO (Search Engine Organizer), y entierra el pasado criminal de sus clientes en la web.

Eso es lo que parece haber ocurrido con otro cliente que llegó a Eliminalia a través de ID Security: el capitán de la Armada de México José Efraín Fernández Talamante. Los documentos muestran que el militar hizo al menos dos pagos de 3.870 euros y 2.000 euros en 2021 para borrar publicaciones de medios que aseguraban que tuvo nexos con el Cartel del Golfo (organización criminal mexicana). Ahora, cuando se busca su nombre en Google, los primeros cuatro resultados son publicaciones idénticas, en distintos sitios web, que hablan de Fernández como “un guerrero de élite”. Y lograron desindexar, por ejemplo, un artículo de la revista mexicana ”Proceso” que hablaba de su posible complicidad con narcos.

“(Si) nunca ha cometido un delito, o ha llevado una vida ejemplar, pero un buen día en internet hay un artículo que lo tacha de ‘presunto’ delincuente, estafador, mal empresario, etc., no lo dude que ello afectará a sus futuros negocios”, advierte Eliminalia en el folleto sobre sus servicios. Pero los clientes colombianos -y el patrón se repite alrededor del mundo- están lejos de ser “presuntos” criminales: la justicia ha demostrado que estuvieron asociados al paramilitarismo y al lavado de activos, así quieran esconderlo. Desde que reporteros comenzaron a hacer preguntas, las oficinas donde antes quedaba Eliminalia, en Barcelona, cambiaron de nombre a Idata Protection.

Su cuestionado fundador, el español Diego o Didac Sánchez, ya no es el gerente. Aunque registros públicos dicen que aún es el dueño. Sánchez no contestó a preguntas detalladas que envió este consorcio periodístico. De otro lado, abogados que representan a Eliminalia dijeron que la compañía no contestaría a las preguntas enviadas, pues muchas involucraban su “secreto comercial o pedidos de información sobre sus clientes que nuestra representada no podría responder”. En Colombia, Estrada Morales continúa siendo el representante legal de ID Security, empresa creada en Medellín en 2020 con un capital de $100 millones y una actividad económica registrada de desarrollo de sistemas informáticos. Estrada Morales tampoco contestó a las preguntas de esta alianza periodística.

La filtración completa de los documentos de Eliminalia va más allá de hombres con oscuros pasados criminales y vínculos con paramilitares. En Colombia, también pagaron por sus servicios delincuentes de cuello blanco, cirujanos plásticos y exaltos funcionarios del gobierno. En los próximos días este consorcio publicará más nombres de los clientes que pagaron por enterrar su pasado incómodo y delictivo en los rincones más oscuros de internet.