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El cuerpo de Sofía Delgado, de 12 años, fue encontrado en un cañaduzal sobre la vía que conduce del municipio de Candelaria al de Florida (Valle del Cauca). Su muerte se suma a las más de 370 asesinatos de menores de edad que ha registrado el Instituto Colombiano de Medicina Legal en lo que va de 2024.
La cifras que maneja la entidad dan cuenta de que hay más casos de niños asesinados que días transcurridos del año. Según sus números, hasta agosto, había un total de 375 asesinatos de menores de 18 años, mientras que solo han pasado 292 días del año. Esos datos en promedio señalan que, por día, hubo un niño asesinado en Colombia.
En los registros de la entidad hay casos de homicidios contra menores de edad desde los cero hasta los 17 años. El rango de edad que más ha sufrido la violencia, según las cifras, son los adolescentes, entre los 15 y 17 años y que, de acuerdo con Medicina Legal, representan al menos 298 casos de asesinatos.
Aunque el caso de Sofía fue el último en conocerse, estos eventos se vienen presentando incluso desde los primeros días de 2024. En enero, tan solo unas horas después de la celebración de Año Nuevo, aparecieron los primeros dos casos: una pareja de hermanos en Fonseca (La Guajira) fueron asesinados por miembros de su núcleo familiar.
“Un hecho lamentable en donde desafortunadamente fue un padre de familia, tuvo una discusión dos semanas atrás con su pareja sentimental, él se separó de la persona. La señora madre se dirigió a Bogotá en búsqueda de trabajo y dejó en custodia de su abuela a sus dos hijos”, aseguró el coronel Álvaro Mora, comandante de Infancia y Adolescencia de la Policía en ese entonces.
Los reclamos de justicia
A mediados de este año, la Fiscalía creó una unidad especializada para investigar casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El nacimiento de ese equipo fue aplaudido en su momento por organizaciones de la sociedad civil por tratarse de una unidad que, en el papel, podría cambiar el panorama de agresiones contra los menores, pues dentro de sus funciones estaba acercar la justicia a los casos de violencia sexual, agresiones en el contexto familiar u otras vulneraciones.
“La Unidad constituye una oportunidad institucional de fortalecimiento del modelo de investigación focalizado”, dice la resolución de la Fiscalía que le da vida a esta unidad. De acuerdo con la ONG Aldeas Infantiles, más del 90 % de los casos de niños violentados en Colombia quedan en la impunidad. Además, según detalló en 2023, cada día se presentó un promedio de 56 menores que eran agredidos sexualmente a diario en el país.
Para Esteban Reyes, director de la ONG, aún faltan varios pasos para que el Estado, las organizaciones y la sociedad puedan combatir realmente la violencia contra los menores.
“Los fenómenos de violencia tienen muchas manifestaciones. Pero debemos centrar nuestro esfuerzo en priorizar y aglutinar esas violencias para combatirlas. Lo que proponemos se basa en algo sencillo: no estamos buscando nuevas leyes para enfrentar este problema, pues ya hay una normativa muy grande. El problema es que no se implementa y tampoco se le destinan recursos”, explicó a este diario.
Según explica la resolución 0-0268 del ente investigador, se busca acelerar todas las etapas de justicia cuando haya un presunto caso de agresión. Es decir, que la indagación, imputación y posterior juicio deben agilizarse para que los agresores sean procesados y los niños reciban verdad y reparación.
Precisamente, es en estas primeras etapas de justicia donde hay más demoras. Por ejemplo, antes de la directiva, los fiscales demoraban hasta tres años para decidir si una persona señalada de agredir sexualmente a una menor de edad, debía ser acusado o la investigación debía archivarse. La resolución también obliga a que se conforme un grupo interdisciplinario conformado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Policía de Infancia y defensores de familia para que puedan, con prontitud, reunir pruebas y procurar los derechos de los niños.
¿Qué falla en la protección de la niñez?
Reyes asegura que aún es muy pronto para observar resultados de la Unidad de la Fiscalía. Además, explica que así como las demás políticas públicas y resoluciones, no se le ha inyectado recursos para que pueda funcionar correctamente. Mientras eso sucede, los niños continúan siendo violentados.
“Hemos visto en mesas interinstitucionales que no existen incentivos efectivos para acceder a la justicia. Cuando una madre denuncia que su hijo es agredido, su mayor temor es ´me van a quitar al niño´. Hay un sistema que revictimiza a los niños. Lo que necesitamos es un mecanismo de justicia donde el acceso, las pruebas, los procesos, los términos, los tiempos y las herramientas de investigación funcionen”, analiza Reyes.
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