“Solicito ser escuchado”: Emilio Tapia quiere colaborar en el escándalo de Mintic

¿Inicia la colaboración de Emilio Tapia con la justicia en el escándalo de Mintic? Al parecer, sí. En una carta firmada con dirección, teléfono, correo y cédula, el zar de la contratación de Bogotá dio a conocer su disposición para hablar con la dirección nacional Anticorrupción de la Fiscalía. El ente investigador lo tiene bajo imputación por presuntamente gestionar garantías bancarias falsas, en un billonario contrato con el ministerio de Tecnologías para crear 7.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia.

En contexto: Caso Mintic: cárcel para Emilio Tapia e investigación para funcionarias

Según conoció Rcn Noticias, Emilio Tapia pidió comparecer ante la justicia para “dar a conocer, de manera amplia, detallada y circunstanciada” cuanto conoce del escándalo. Mintic contrató a la Unión Temporal Centros Poblados, la cual presentó una garantía falsa del banco Itaú para soportar la seriedad de su oferta. La Fiscalía le imputa a Tapia que él estaría “tras la sombra” de tres de las cuatro empresas que conforman Centros Poblados, las cuales aseguraron tener el músculo financiero para llevar internet a los sectores más olvidados del país.

“Solicito ser escuchado en aras del deber que me asiste, amén de la exposición mediática a la que he sido sometido, de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la verdad”, explicó Emilio Tapia. Junto a él fueron imputados Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y el funcionario de Seguros Rave, Juan José Laverde, a quien señalan por gestionar la garantía falsa y otros documentos una vez la unión temporal fue seleccionada, en 2020.

En contexto: Caso Mintic: las revelaciones del testigo Molina sobre la garantía falsa

Quien sí es “ventilador” reconocido de la Fiscalía es el testigo Jorge Alfonso Molina, confeso nexo entre Laverde y Tapia. De hecho, Molina le dijo a las autoridades que Laverde y Tapia serían amigos íntimos y que los tres se reunieron en la oficina del zar de la contratación en un edificio del norte de Bogotá. De esas presuntas gestiones sobre contratación salió la idea de presentarse a la billonaria contratación del Mintic. Sin embargo, no tenían una entidad bancaría que les ayudara a soportar la seriedad de su oferta.

Ahí es cuando entraría Juan José Laverde, miembro de la firma de seguros Rave. El procesado le habría enviado un documento borrador al testigo Molina, quien a su vez aseguró habérselo enviado a otra pieza del rompecabezas: Jorge Enrique López, quien está prófugo de la justicia. López, entonces, al parecer diligenció un documento falso con la imagen y el nombre de Itaú, explicando que ya se podía subir a la plataforma de contratación pública SECOP. El trámite, según dijo el testigo, duró menos de una hora.

Lea: Estos son los testigos estrellas de la Fiscalía en el caso Mintic

Pero las revelaciones no se quedan ahí. De acuerdo con Molina, en abril de este año, cuando se supone la estrategia de Mintic ya debería estar en marcha, se reunió con Laverde en el Centro Comercial El Tesoro, en Medellín. Allí, Laverde le habría quitado el teléfono celular y le habría borrado todos los chats para suprimir todas las conversaciones sobre el seguro bancario falso. De hecho, entre los motivos para borrar la información estaba sacar del panorama a Emilio Tapia, quien era beneficiario de libertad condicional. Hoy debería permanecer con medida de aseguramiento, pero las autoridades carcelarias aún no lo llevan a prisión.

Le puede interesar: Emilio Tapia y el nuevo contrato para Transmilenio ejecutado a medias en Bogotá

Emilio Tapia, por su parte, ya sabe lo que significa colaborar con la justicia. Tiene tres condenas en su contra por el carrusel de la contratación de Bogotá, escándalo por el cual el exalcalde Samuel Moreno está sentenciado a 25 años de cárcel por feriar millonarios acuerdos públicos como la Fase III de Transmilenio. Tapia reconoció, salpicando nombres y entregando contexto, su responsabilidad por ser el nexo entre contratistas y políticos corruptos que negociaron coimas con los recursos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entre 2008 y 2010.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

¿Inicia la colaboración de Emilio Tapia con la justicia en el escándalo de Mintic? Al parecer, sí. En una carta firmada con dirección, teléfono, correo y cédula, el zar de la contratación de Bogotá dio a conocer su disposición para hablar con la dirección nacional Anticorrupción de la Fiscalía. El ente investigador lo tiene bajo imputación por presuntamente gestionar garantías bancarias falsas, en un billonario contrato con el ministerio de Tecnologías para crear 7.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia.

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Según conoció Rcn Noticias, Emilio Tapia pidió comparecer ante la justicia para “dar a conocer, de manera amplia, detallada y circunstanciada” cuanto conoce del escándalo. Mintic contrató a la Unión Temporal Centros Poblados, la cual presentó una garantía falsa del banco Itaú para soportar la seriedad de su oferta. La Fiscalía le imputa a Tapia que él estaría “tras la sombra” de tres de las cuatro empresas que conforman Centros Poblados, las cuales aseguraron tener el músculo financiero para llevar internet a los sectores más olvidados del país.

“Solicito ser escuchado en aras del deber que me asiste, amén de la exposición mediática a la que he sido sometido, de contribuir al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la verdad”, explicó Emilio Tapia. Junto a él fueron imputados Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y el funcionario de Seguros Rave, Juan José Laverde, a quien señalan por gestionar la garantía falsa y otros documentos una vez la unión temporal fue seleccionada, en 2020.

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Quien sí es “ventilador” reconocido de la Fiscalía es el testigo Jorge Alfonso Molina, confeso nexo entre Laverde y Tapia. De hecho, Molina le dijo a las autoridades que Laverde y Tapia serían amigos íntimos y que los tres se reunieron en la oficina del zar de la contratación en un edificio del norte de Bogotá. De esas presuntas gestiones sobre contratación salió la idea de presentarse a la billonaria contratación del Mintic. Sin embargo, no tenían una entidad bancaría que les ayudara a soportar la seriedad de su oferta.

Ahí es cuando entraría Juan José Laverde, miembro de la firma de seguros Rave. El procesado le habría enviado un documento borrador al testigo Molina, quien a su vez aseguró habérselo enviado a otra pieza del rompecabezas: Jorge Enrique López, quien está prófugo de la justicia. López, entonces, al parecer diligenció un documento falso con la imagen y el nombre de Itaú, explicando que ya se podía subir a la plataforma de contratación pública SECOP. El trámite, según dijo el testigo, duró menos de una hora.

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Pero las revelaciones no se quedan ahí. De acuerdo con Molina, en abril de este año, cuando se supone la estrategia de Mintic ya debería estar en marcha, se reunió con Laverde en el Centro Comercial El Tesoro, en Medellín. Allí, Laverde le habría quitado el teléfono celular y le habría borrado todos los chats para suprimir todas las conversaciones sobre el seguro bancario falso. De hecho, entre los motivos para borrar la información estaba sacar del panorama a Emilio Tapia, quien era beneficiario de libertad condicional. Hoy debería permanecer con medida de aseguramiento, pero las autoridades carcelarias aún no lo llevan a prisión.

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Emilio Tapia, por su parte, ya sabe lo que significa colaborar con la justicia. Tiene tres condenas en su contra por el carrusel de la contratación de Bogotá, escándalo por el cual el exalcalde Samuel Moreno está sentenciado a 25 años de cárcel por feriar millonarios acuerdos públicos como la Fase III de Transmilenio. Tapia reconoció, salpicando nombres y entregando contexto, su responsabilidad por ser el nexo entre contratistas y políticos corruptos que negociaron coimas con los recursos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entre 2008 y 2010.

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