“Sólo el 10% de desplazados quiere retornar”

Cuando varios civiles resultaron heridos por un grupo armado ilegal en Nariño, cerca de 150 habitantes del municipio La Tola decidieron abandonar sus casas, su vida, todo, con tal de sobrevivir. Esto apenas sucedió el fin de semana pasado, según informó Jean-Nöel Wetterwald, quien recién termina su misión como representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

La expansión del conflicto armado a zonas donde el Estado tiene menor presencia  es una de las razones para que el desarraigo se perpetúe sobre todo en regiones como Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia y Tolima, donde Acnur ha registrado los más recientes desplazamientos de grupos de más de 50 personas.

Antes de irse al sudeste de Asia, donde fue nombrado por la ONU como nuevo representante del Acnur, Wetterwald hizo un balance sobre esta problemática en Colombia en los dos años y medio que estuvo en su cargo.

¿Qué queda pendiente?

Las víctimas han perdido entre 4 y 6 millones de hectáreas de tierra. Por eso es que la recuperación de esos terrenos o la asignación de nuevas propiedades es uno de los mayores desafíos.

¿Hay condiciones para que se recuperen las tierras?

Hemos visto problemas como la inseguridad física de las personas, las minas, la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y las denuncias de nuevas amenazas una vez han recuperado su propiedad. Además, nos preocupan los homicidios a los líderes de las comunidades desplazadas. Aún no hay condenas al respecto.

¿La gente está retornando?

Acción Social está alentando los retornos. En el último año las víctimas han regresado a 52 municipios. Sin embargo, las encuestas muestran   que sólo el 10% de ellas quiere regresar a su hogar.

¿Y por qué no quieren hacerlo?

Además de las minas y la continuidad del conflicto, a veces las instituciones no han cumplido, eso pasó en El Salado. En el caso de los desplazados que ocuparon el parque del Tercer Milenio en Bogotá hay mucha frustración con respecto a la política de generación de ingresos.

¿Qué ha empeorado?

Las minas antipersonas, el reclutamiento forzado y la acción de nuevos grupos ilegales. También nos preocupa que entre los 3 o 4 millones de desplazados que hay en el país, el 30 o 40% son menores de edad. 

¿Qué ha hecho Acnur?

Apoyó a las autoridades en el diseño de políticas públicas, sensibilizó sobre la problemática del desplazamiento, amplió su cobertura territorial y ayudó a la redacción de la Ley 1190 de 2008, que creó mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales.

¿Qué avances tuvo el Gobierno?

Cerca de 3’200.000 personas en esta situación han sido protegidas por Acción Social que, además, pasó de asignar US$500 millones a US$750 millones durante los dos últimos años al presupuesto para la atención de esta población.

Cuando varios civiles resultaron heridos por un grupo armado ilegal en Nariño, cerca de 150 habitantes del municipio La Tola decidieron abandonar sus casas, su vida, todo, con tal de sobrevivir. Esto apenas sucedió el fin de semana pasado, según informó Jean-Nöel Wetterwald, quien recién termina su misión como representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

La expansión del conflicto armado a zonas donde el Estado tiene menor presencia  es una de las razones para que el desarraigo se perpetúe sobre todo en regiones como Nariño, Chocó, Arauca, Antioquia y Tolima, donde Acnur ha registrado los más recientes desplazamientos de grupos de más de 50 personas.

Antes de irse al sudeste de Asia, donde fue nombrado por la ONU como nuevo representante del Acnur, Wetterwald hizo un balance sobre esta problemática en Colombia en los dos años y medio que estuvo en su cargo.

¿Qué queda pendiente?

Las víctimas han perdido entre 4 y 6 millones de hectáreas de tierra. Por eso es que la recuperación de esos terrenos o la asignación de nuevas propiedades es uno de los mayores desafíos.

¿Hay condiciones para que se recuperen las tierras?

Hemos visto problemas como la inseguridad física de las personas, las minas, la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y las denuncias de nuevas amenazas una vez han recuperado su propiedad. Además, nos preocupan los homicidios a los líderes de las comunidades desplazadas. Aún no hay condenas al respecto.

¿La gente está retornando?

Acción Social está alentando los retornos. En el último año las víctimas han regresado a 52 municipios. Sin embargo, las encuestas muestran   que sólo el 10% de ellas quiere regresar a su hogar.

¿Y por qué no quieren hacerlo?

Además de las minas y la continuidad del conflicto, a veces las instituciones no han cumplido, eso pasó en El Salado. En el caso de los desplazados que ocuparon el parque del Tercer Milenio en Bogotá hay mucha frustración con respecto a la política de generación de ingresos.

¿Qué ha empeorado?

Las minas antipersonas, el reclutamiento forzado y la acción de nuevos grupos ilegales. También nos preocupa que entre los 3 o 4 millones de desplazados que hay en el país, el 30 o 40% son menores de edad. 

¿Qué ha hecho Acnur?

Apoyó a las autoridades en el diseño de políticas públicas, sensibilizó sobre la problemática del desplazamiento, amplió su cobertura territorial y ayudó a la redacción de la Ley 1190 de 2008, que creó mecanismos de coordinación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales.

¿Qué avances tuvo el Gobierno?

Cerca de 3’200.000 personas en esta situación han sido protegidas por Acción Social que, además, pasó de asignar US$500 millones a US$750 millones durante los dos últimos años al presupuesto para la atención de esta población.