¿Sometimiento o negociación?: Petro podría decidir el camino con Iván Márquez

Van a cumplirse cuatro meses de la entrada en vigor de la denominada Ley de Paz Total (2272 de 2022) y todavía no es claro cómo es que el Gobierno pretende desarmar a la Segunda Marquetalia, la cual estaría interesada en negociar y que está conformada por desertores firmantes del Acuerdo de Paz. El Ministerio de Justicia ha sido insistente en que, bajo ningún motivo, pueden tener estatus político y ser parte de negociaciones de paz. La Secretaría Jurídica de la Presidencia dijo lo mismo y agregó que los disidentes que se apartaron antes de firmar el Acuerdo, como los de Iván Mordisco, sí pueden tener dicho estatus. Todo cambió con un nuevo documento.

Lea: Gobierno contempla posibilidad de dar estatus político a la Segunda Marquetalia

Se trata de un concepto enviado al magistrado Jorge Ibáñez, de la Corte Constitucional, quien conoce una demanda que busca tumbar tres artículos de la Ley de Paz Total. Entre ellos, uno que abre la posibilidad de que desertores como la Segunda Marquetalia puedan negociar como organización política. El nuevo concepto está firmado por la misma Secretaría Jurídica de Presidencia y los Ministerios de Justicia y Defensa que, al parecer, se pusieron de acuerdo en una sola idea: que el presidente Gustavo Petro sea quien decida el camino por el cual se desarme a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.

En el concepto, el secretario Vladimir Fernández y los ministros Néstor Osuna e Iván Velásquez, señalan que el presidente Petro es el encargado de la preservación del orden público y está facultado para desarrollar negociaciones y acuerdos de paz. “La decisión respecto del inicio de tales diálogos con una organización al margen de la ley y el tipo de negociación que se debe seguir, le corresponde adoptarla al Presidente en su condición de jefe de Estado y de Gobierno, y dentro del marco de sus deberes de promover la reconciliación entre los colombianos”, establece el documento.

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Mientras esa demanda avanza en contra de la Ley del Gobierno, a su vez el Ministerio de Justicia está por radicar la Ley de Sometimiento, en la cual, según fuentes cercanas al proceso, no tienen espacio ni disidentes, ni desertores. Será, tal como está planteada, una guía para el desarme de grupos criminales de alto impacto, como el Clan del Golfo, que no tienen un estatus político para negociar beneficios como los que se les entregaron a las extintas Farc en La Habana, Cuba. Sin embargo, con el concepto enviado a la Corte Constitucional, el ministro Osuna da a entender que, en últimas, será el presidente quien decida si Iván Márquez se somete o negocia la paz.

No obstante, la semana pasada el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio pistas de lo que buscaría Petro con la Segunda Marquetalia. Según anunció, que se está buscando la manera de que entren como una organización política a la Paz Total. Prada dijo que hay que “hacer un reconocimiento de origen político a los movimientos rebeldes que lo tengan. Yo creo que, si uno hace una encuesta en los colombianos, uno sabe más o menos cuáles son las organizaciones que lo tienen”. La dificultad, según el ministro, radica en que ellos ya se sometieron a un proceso de paz y desertaron. Un “impase jurídico”, en sus palabras.

Antecedentes: Disidentes de Farc y desertores del Acuerdo de Paz, en el limbo en la paz total

Por ahora, el Eln es el único actor armado al que se le ha otorgado la calidad de actor político, es decir, que se entiende que su fin último no es el crimen, sino conseguir el poder político, así sea a través de las armas. Sin embargo, con el concepto enviado a la Corte Constitucional, los ministerios de Gobierno parecen darse la mano y buscar que Petro sea quien elija a dedo el camino, bien sea en negociación o sometimiento, para los grupos armados que operan en Colombia. Será la Corte Constitucional la que decida los alcances de Petro y de la misma Ley de Paz Total, que parece llamarle la atención a un Iván Márquez que “está vivo y tiene todas sus facultades mentales en buen uso”, como lo reveló hace unos días el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Van a cumplirse cuatro meses de la entrada en vigor de la denominada Ley de Paz Total (2272 de 2022) y todavía no es claro cómo es que el Gobierno pretende desarmar a la Segunda Marquetalia, la cual estaría interesada en negociar y que está conformada por desertores firmantes del Acuerdo de Paz. El Ministerio de Justicia ha sido insistente en que, bajo ningún motivo, pueden tener estatus político y ser parte de negociaciones de paz. La Secretaría Jurídica de la Presidencia dijo lo mismo y agregó que los disidentes que se apartaron antes de firmar el Acuerdo, como los de Iván Mordisco, sí pueden tener dicho estatus. Todo cambió con un nuevo documento.

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Se trata de un concepto enviado al magistrado Jorge Ibáñez, de la Corte Constitucional, quien conoce una demanda que busca tumbar tres artículos de la Ley de Paz Total. Entre ellos, uno que abre la posibilidad de que desertores como la Segunda Marquetalia puedan negociar como organización política. El nuevo concepto está firmado por la misma Secretaría Jurídica de Presidencia y los Ministerios de Justicia y Defensa que, al parecer, se pusieron de acuerdo en una sola idea: que el presidente Gustavo Petro sea quien decida el camino por el cual se desarme a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez.

En el concepto, el secretario Vladimir Fernández y los ministros Néstor Osuna e Iván Velásquez, señalan que el presidente Petro es el encargado de la preservación del orden público y está facultado para desarrollar negociaciones y acuerdos de paz. “La decisión respecto del inicio de tales diálogos con una organización al margen de la ley y el tipo de negociación que se debe seguir, le corresponde adoptarla al Presidente en su condición de jefe de Estado y de Gobierno, y dentro del marco de sus deberes de promover la reconciliación entre los colombianos”, establece el documento.

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Mientras esa demanda avanza en contra de la Ley del Gobierno, a su vez el Ministerio de Justicia está por radicar la Ley de Sometimiento, en la cual, según fuentes cercanas al proceso, no tienen espacio ni disidentes, ni desertores. Será, tal como está planteada, una guía para el desarme de grupos criminales de alto impacto, como el Clan del Golfo, que no tienen un estatus político para negociar beneficios como los que se les entregaron a las extintas Farc en La Habana, Cuba. Sin embargo, con el concepto enviado a la Corte Constitucional, el ministro Osuna da a entender que, en últimas, será el presidente quien decida si Iván Márquez se somete o negocia la paz.

No obstante, la semana pasada el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio pistas de lo que buscaría Petro con la Segunda Marquetalia. Según anunció, que se está buscando la manera de que entren como una organización política a la Paz Total. Prada dijo que hay que “hacer un reconocimiento de origen político a los movimientos rebeldes que lo tengan. Yo creo que, si uno hace una encuesta en los colombianos, uno sabe más o menos cuáles son las organizaciones que lo tienen”. La dificultad, según el ministro, radica en que ellos ya se sometieron a un proceso de paz y desertaron. Un “impase jurídico”, en sus palabras.

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Por ahora, el Eln es el único actor armado al que se le ha otorgado la calidad de actor político, es decir, que se entiende que su fin último no es el crimen, sino conseguir el poder político, así sea a través de las armas. Sin embargo, con el concepto enviado a la Corte Constitucional, los ministerios de Gobierno parecen darse la mano y buscar que Petro sea quien elija a dedo el camino, bien sea en negociación o sometimiento, para los grupos armados que operan en Colombia. Será la Corte Constitucional la que decida los alcances de Petro y de la misma Ley de Paz Total, que parece llamarle la atención a un Iván Márquez que “está vivo y tiene todas sus facultades mentales en buen uso”, como lo reveló hace unos días el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.

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