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Tras haber realizado una inspección a la empresa de seguridad privada Vipers Ltda, la Superintendencia de Vigilancia dictó una medida cautelar que busca suspender de manera inmediata las actividades de patrullaje realizadas por hombres vestidos de negro y armados en Sincelejo (Sucre). El alcalde Yahir Acuña habría contratado los servicios de seguridad móvil y fija a la empresa Vipers Ltda hasta diciembre de 2027, por la suma cercana a los $25 mil millones.
La estrategia de seguridad no demoró en levantar polémica e, incluso, fue considerada por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, como una semejanza de grupos paramilitares. Él mismo pidió desmotar de manera rápida estas patrullas creadas supuestamente para mejorar la seguridad de la capital del departamento, teniendo principal presencia en obras públicas y parques de la ciudad.
La medida cautelar de la Superintendencia de Vigilancia es “en aras de salvaguardar la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada con observancia de la normativa vigente aplicable para asegurar el respeto de los derechos y libertades de la comunidad, teniendo en cuenta la visita respectiva adelantada y el acervo probatorio correspondiente, se impondrá medida cautelar de suspensión inmediata de actividades, la cual cumple con los cánones legales dispuestos para tal fin”, explica el documento de la decisión.
El alcalde Acuña reaccionó a esta medida cautelar, resaltando la importancia de continuar con estos grupos de seguridad privada en Sincelejo, quienes apoyan a la Policía en la lucha contra el crimen, y estarán bajo vigilancia por la Superintendencia de Vigilancia.
A su vez, Acuña cuestionó las palabras del ministro Velásquez afirmando que estos grupos no tienen ninguna semejanza con las Convivir, y se reunirá con el ministro de defensa para explicarle los alcances y los soportes normativos de dicho grupo.
Por su parte, en una entrevista con la W, el alcalde de Sucre recalcó que “si las empresas de vigilancia no pueden cuidar nuestros parques públicos, nuestra obra pública, estamos frente a la necesidad de modificar la constitución y la ley y acabar con las empresas de vigilancia. No sé qué es lo que tanto genera este tipo de controversias”, al tiempo que negó la veracidad de los reportes sobre supuestos excesos cometidos por los grupos de patrullaje.
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