Suspenden a 10 militares por caso de violencia en Tierralta (Córdoba)
Los uniformados estarán separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones sobre las amenazas a la población civil de hombres armados que serían miembros de la Fuerza Pública.
Este jueves fueron suspendidos temporalmente 10 militares investigados por los hechos de violencia ocurridos esta semana en Tierralta (Córdoba), en los que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública amenazaron a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.
El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, manifestó que tomó la decisión de “retirarles la confianza y la responsabilidad de portar las armas de la República. Adicionalmente, para los mandos, separarlos del comando de la unidad militar”. Con esto, dice el comandante, no podrá ejercer funciones de mando o liderazgo en ninguna operación militar.
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Ospina también dio a conocer que las investigaciones disciplinarias dentro de la institución son adelantadas por “el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón con atribuciones disciplinarias, quien dio inicio al proceso según las facultades que establece la Ley 1862 del 2017 y se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación quien por poder preferente asumirá la respectiva investigación disciplinaria”.
Asimismo, manifestó que la investigación es de competencia directa de la Fiscalía “al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo”. De la misma manera, indicó que “se dispuso de todos los medios y las coordinaciones directas en colaboración armónica con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, población vulnerable y demás habitantes del lugar.
El uniformado fue enfático en que lo ocurrido, según él, no tiene nada que ver con el entrenamiento que reciben los militares, pues sus lineamientos están enfocados al respeto de los Derechos Humanos. Igualmente, manifestó que “este personal fue reentrenado hace tan solo 48 días, en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre; entre otros, avalado por el Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°11″.
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Desde el pasado martes 12 septiembre se conocieron los videos de los hombres armados que intimidan a la población civil en la vereda El Manso, en Tierralta (Córdoba), quienes supuestamente serían disidentes de las FARC. Sin embargo, en la noche del mismo día, fuentes del Ejército confirmaron que podría tratarse realmente de militares del Batallón de Infantería N° 33 y no de integrantes de algún grupo armado.
Los hechos fueron catalogados como “inaceptables” e “intolerables” por el general Helder Fernán Giraldo, comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Según el comandante, se adelantarán las investigaciones correspondientes y no se ocultarán los resultados que arroje las averiguaciones.
No es solo el Ejército el que avanza con investigaciones, pues la Fiscalía liderada por Francisco Barbosa y la Justicia Penal Militar abrieron, cada una, investigaciones por los hechos denunciados. Además de las intimidaciones con armas de corto y largo alcance, se conoció la denuncia de un posible abuso sexual contra una mujer indígena en la zona.
Conozca más: Fiscalía llamará a interrogatorio a 33 militares por intimidaciones en Tierralta
El ente investigador manifestó que desde el pasado miércoles adelanta las averiguaciones por los hechos. Según la Fiscalía, se conformó un equipo “de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.
Por su parte, la Justicia Penal Militar abrió indagación preliminar para establecer la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en estos hechos. “La investigación fue aperturada este miércoles 13 de septiembre bajo radicado número 298-J101IPM, por el delito de abuso de autoridad especial. Al lugar de los hechos se desplazó la juez del caso para practicar las pruebas correspondientes”, dice su comunicado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Este jueves fueron suspendidos temporalmente 10 militares investigados por los hechos de violencia ocurridos esta semana en Tierralta (Córdoba), en los que, al parecer, miembros de la Fuerza Pública amenazaron a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.
El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, manifestó que tomó la decisión de “retirarles la confianza y la responsabilidad de portar las armas de la República. Adicionalmente, para los mandos, separarlos del comando de la unidad militar”. Con esto, dice el comandante, no podrá ejercer funciones de mando o liderazgo en ninguna operación militar.
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Ospina también dio a conocer que las investigaciones disciplinarias dentro de la institución son adelantadas por “el Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón con atribuciones disciplinarias, quien dio inicio al proceso según las facultades que establece la Ley 1862 del 2017 y se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y a la Procuraduría General de la Nación quien por poder preferente asumirá la respectiva investigación disciplinaria”.
Asimismo, manifestó que la investigación es de competencia directa de la Fiscalía “al no tratarse de actos del servicio con ocasión y razón del mismo”. De la misma manera, indicó que “se dispuso de todos los medios y las coordinaciones directas en colaboración armónica con la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, población vulnerable y demás habitantes del lugar.
El uniformado fue enfático en que lo ocurrido, según él, no tiene nada que ver con el entrenamiento que reciben los militares, pues sus lineamientos están enfocados al respeto de los Derechos Humanos. Igualmente, manifestó que “este personal fue reentrenado hace tan solo 48 días, en temas de derechos humanos, protección de niños, niñas y adolescentes, uso legal y debido de la fuerza, derecho operacional terrestre; entre otros, avalado por el Batallón de Instrucción Entrenamiento y Reentrenamiento N°11″.
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No es solo el Ejército el que avanza con investigaciones, pues la Fiscalía liderada por Francisco Barbosa y la Justicia Penal Militar abrieron, cada una, investigaciones por los hechos denunciados. Además de las intimidaciones con armas de corto y largo alcance, se conoció la denuncia de un posible abuso sexual contra una mujer indígena en la zona.
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El ente investigador manifestó que desde el pasado miércoles adelanta las averiguaciones por los hechos. Según la Fiscalía, se conformó un equipo “de fiscales e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, quienes iniciaron los actos urgentes y harán presencia en el territorio”.
Por su parte, la Justicia Penal Militar abrió indagación preliminar para establecer la presunta participación de miembros del Ejército Nacional en estos hechos. “La investigación fue aperturada este miércoles 13 de septiembre bajo radicado número 298-J101IPM, por el delito de abuso de autoridad especial. Al lugar de los hechos se desplazó la juez del caso para practicar las pruebas correspondientes”, dice su comunicado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.