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La Procuraduría anuncio nuevas medidas frente a los casos de participación política, esta vez contra siete alcaldes del país. El organismo de control suspendió provisionalmente por tres meses a dos alcaldes y abrió investigación a otros cinco. Los alcaldes suspendidos serían Wilfrido Alfonso Romero Vergara de Nepomuceno (Bolívar), y Marco Adrián Artunduaga de Timaná (Huila). Los alcaldes habrían apoyado la candidatura de Federico Gutiérrez durante un evento de la Federación Nacional de Municipios el pasado 7 de abril en Cartagena.
De acuerdo con la Procuraduría, el alcalde de Nepomuceno, presuntamente, habría ofrecido 40.000 votos para el candidato de la Coalición Equipo por Colombia, mientras que el alcalde de Timaná habría hecho público su apoyo al mismo candidato. Es por esto que la suspensión llega para, según la Procuraduría, “evitar una posible reiteración de la falta”. Esto debido al conocimiento por parte del organismo de control de videos en los que los alcaldes estarían participando en política.
Aparte de estas suspensiones, la Procuradora anunció que abriría investigación contra cinco alcaldes del departamento de Bolívar. Estos serían los mandatarios de María La Baja, Raquel Victoria Sierra Cassini, de Cicuco José Nicolás Ramos Pastrana, de Santa Rosa de Lima Mario José Rodríguez Hernández, de Villanueva Edwin Puerta Orozco, y de Arenal Eugenio Lobo Quiñónez.
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Estas decisiones se suman a las que ya había tomado el 10 de mayo la procuradora de suspender a los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y de Ibagué, Andrés Felipe Hurtado, “por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”. En su momento, Cabello declaró: “La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”.
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Esto, a pesar de una sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por la destitución que ordenó la Procuraduría del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. En el fallo internacional, la alta corporación declaró que una institución administrativa, como es la Procuraduría, no podía sacar del cargo a un funcionario de elección popular, pues los derechos políticos solo los podría
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