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El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, señaló que las operaciones en contra de los líderes del Clan del Golfo fueron suspendidas. Esa decisión fue tomada, señaló la cabeza de la institución, tras el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre de 2022 en el que se contemplan unos acercamientos con este y otros grupos armados ilegales.
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Según los organigramas de la Fuerza Pública, los tres principales líderes de la organización sucesora del paramilitarismo son alias Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito, quienes asumieron el mando tras la captura y extradición de alias Otoniel a EE. UU. Los informes de la Policía también dan cuenta que estos tres hombres, se mueven entre los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, corazón de esta estructura sucesora del paramilitarismo y que se financia del narcotráfico y la minería ilegal, principalmente.
“Se suspende los operativos policiales, es decir, la búsqueda de ellos, pero en el evento en donde en un procedimiento de la Policía aparezca una de estas personas, si tiene orden de captura, será objeto de la privación de la libertad y puesto a disposición del fiscal (...) “El decreto se establece en la suspensión de operativos policiales más no la suspensión de acciones policiales producto de su misión constitucional y legal””, agregó el director durante una entrevista con Blu Radio.
El general Sanabria también indicó que la suspensión de las operaciones contra los líderes del Clan del Golfo será hasta junio del 2023. “La suspensión de operativos policiales, dentro de los decretos, es distinto a la suspensión de órdenes de captura que tienen dos límites temporales distintos”, añadió el director de la Policía, haciendo referencia a otro decreto en el que está contemplado que las órdenes de captura se suspenderán por 15 días.
El choque entre la Fiscalía y el Gobierno
La semana pasada, la Fiscalía le dijo “no” al Gobierno de Gustavo Petro respecto de levantar estas órdenes de captura en contra de miembros del Clan del Golfo, en el marco del sometimiento a la justicia que está negociando con el grupo criminal. En el documento, el ente acusador le aclara al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que la ley 2272 de 2022 limita al Gobierno Nacional para reconocer un estatus político a organizaciones criminales.
“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, dice el documento.
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La Fiscalía fue clara en mencionar que los Grupos Armados Organizados, como las extintas Farc, los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y penitenciarios.
“No es procedente, por parte de la Fiscalía General de la Nación como autoridad judicial, aplicar el Decreto 1081 de 2015, puesto que este está dirigido única y exclusivamente a los procesos de negociación y diálogo con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) a los que se reconoce estatus político”, dice la misiva.
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