Suspenden plan de manejo ambiental al grupo que maneja el Muelle 13 en Buenaventura
Así lo determinó un juzgado de la región, tras solicitud de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, al considerar que el Grupo Portuario SA necesita toda una nueva licencia ambiental y no solo un ajuste al plan de manejo ambiental que había sido aprobado en 2023.
Jhoan Sebastian Cote
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) logró que el Juzgado Segundo de Buenaventura decretara medidas cautelares y, por consiguiente, suspendiera el Plan de Manejo Ambiental que había permitido una inversión para ampliar el Muelle 13 de Buenaventura, en 2023. Se trata de uno de los principales muelles del puerto de esa ciudad, que estaba concesionado a favor de la Sociedad Portuaria S.A., al cual el gobierno nacional le ha negado recientemente operar la zona por 20 años más y al que, ahora, la justicia le niega el plan ambiental con el que contaba a su favor.
En contexto: Tribunal le niega al Grupo Portuario la concesión del Muelle 13 de Buenaventura
El expediente se enmarca en una acción de nulidad presentada por la entidad dirigida por César Palomino contra la resolución N. 2023-072 de febrero de 2023, proferida por el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA), máxima autoridad ambiental en la región. Gracias a esa resolución, la Sociedad Portuaria S.A. logró que un nuevo plan de manejo ambiental le permitiera la construcción y operación de la segunda parte de la placa portuaria del muelle 13. Un vacío existente entre los muelles 13 y 14.
La Andje explicó ante el Juzgado que, dado que el puerto del muelle 13 es de gran calado y tiene una capacidad para movilizar carga igual o superior a 1′500.000 toneladas al año, las obras que tiene proyectadas no pueden avalarse a través de un nuevo plan de manejo ambiental. En realidad, solo se le puede otorgar a través de una nueva licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), según la normatividad vigente.
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Tras evidenciar las capacidades del muelle 13, el Juzgado le otorgó la razón a la Andje: “Como puede observarse, desde el año 2020 el Grupo Portuario S.A. demuestra que cuenta con la capacidad de movilizar carga igual o superior a 1′500.000 toneladas/año, configurándose los requisitos para ser catalogado como puerto marítimo de gran calado, según las pruebas obrantes en el proceso y allegadas por la parte demandante. Es decir, que a la fecha de la solicitud de la modificación y actualización del Plan de Manejo Ambiental -31 de enero de 2023-, la competencia para tramitar la correspondiente licencia ambiental la tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA”.
La Andje también puso de presente algunas supuestas irregularidades en el EPA Buenaventura, al momento de modificar el plan de manejo ambiental. Por ejemplo, que supuestamente no se zonificó el área de manglar, al tratarse de una zona de preservación. Tampoco se habría solicitado concepto técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo para intervenir el manglar. Ni se evidenciaron las acciones de compensación por pérdida de biodiversidad que contemplen la restauración ecológica en áreas de manglar.
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En su contestación el Grupo Portuario S.A. explicó que, de todas maneras, no planea ejecutar actividad alguna de las previstas en la modificación al plan de manejo ambiental, por lo menos hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firme un otrosí al contrato de concesión portuaria de 2005, para que, a partir de 2025, el grupo pueda operar durante 20 años más en el muelle 13. De todas maneras, la ANI ya reversó su decisión inicial de firmar el otrosí y a la fecha, con decisiones de jueces de la República que la respaldan, se mantienen firmes en no prorrogarles la gestión.
El Grupo Portuario S.A. dejó por escrito que “lo que sí es evidente y deberá ser tenido en cuenta para decidir, es que, de decretarse la medida cautelar, se causarían graves perjuicios a Grupo Portuario, perjuicios que la sociedad no está obligada a soportar”. Sin embargo, en la sentencia conocida por este diario no quedó explicita la manera en que resultaría afectado el grupo. Así las cosas, el Juzgado de Buenaventura suspendió el plan de manejo ambiental, mientras toma una decisión de fondo. Con ello, ya son dos grandes derrotas del inversionista, el cual, parece, dejará de operar en 2025.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) logró que el Juzgado Segundo de Buenaventura decretara medidas cautelares y, por consiguiente, suspendiera el Plan de Manejo Ambiental que había permitido una inversión para ampliar el Muelle 13 de Buenaventura, en 2023. Se trata de uno de los principales muelles del puerto de esa ciudad, que estaba concesionado a favor de la Sociedad Portuaria S.A., al cual el gobierno nacional le ha negado recientemente operar la zona por 20 años más y al que, ahora, la justicia le niega el plan ambiental con el que contaba a su favor.
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El expediente se enmarca en una acción de nulidad presentada por la entidad dirigida por César Palomino contra la resolución N. 2023-072 de febrero de 2023, proferida por el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA), máxima autoridad ambiental en la región. Gracias a esa resolución, la Sociedad Portuaria S.A. logró que un nuevo plan de manejo ambiental le permitiera la construcción y operación de la segunda parte de la placa portuaria del muelle 13. Un vacío existente entre los muelles 13 y 14.
La Andje explicó ante el Juzgado que, dado que el puerto del muelle 13 es de gran calado y tiene una capacidad para movilizar carga igual o superior a 1′500.000 toneladas al año, las obras que tiene proyectadas no pueden avalarse a través de un nuevo plan de manejo ambiental. En realidad, solo se le puede otorgar a través de una nueva licencia ambiental expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), según la normatividad vigente.
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Tras evidenciar las capacidades del muelle 13, el Juzgado le otorgó la razón a la Andje: “Como puede observarse, desde el año 2020 el Grupo Portuario S.A. demuestra que cuenta con la capacidad de movilizar carga igual o superior a 1′500.000 toneladas/año, configurándose los requisitos para ser catalogado como puerto marítimo de gran calado, según las pruebas obrantes en el proceso y allegadas por la parte demandante. Es decir, que a la fecha de la solicitud de la modificación y actualización del Plan de Manejo Ambiental -31 de enero de 2023-, la competencia para tramitar la correspondiente licencia ambiental la tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA”.
La Andje también puso de presente algunas supuestas irregularidades en el EPA Buenaventura, al momento de modificar el plan de manejo ambiental. Por ejemplo, que supuestamente no se zonificó el área de manglar, al tratarse de una zona de preservación. Tampoco se habría solicitado concepto técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo para intervenir el manglar. Ni se evidenciaron las acciones de compensación por pérdida de biodiversidad que contemplen la restauración ecológica en áreas de manglar.
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En su contestación el Grupo Portuario S.A. explicó que, de todas maneras, no planea ejecutar actividad alguna de las previstas en la modificación al plan de manejo ambiental, por lo menos hasta que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firme un otrosí al contrato de concesión portuaria de 2005, para que, a partir de 2025, el grupo pueda operar durante 20 años más en el muelle 13. De todas maneras, la ANI ya reversó su decisión inicial de firmar el otrosí y a la fecha, con decisiones de jueces de la República que la respaldan, se mantienen firmes en no prorrogarles la gestión.
El Grupo Portuario S.A. dejó por escrito que “lo que sí es evidente y deberá ser tenido en cuenta para decidir, es que, de decretarse la medida cautelar, se causarían graves perjuicios a Grupo Portuario, perjuicios que la sociedad no está obligada a soportar”. Sin embargo, en la sentencia conocida por este diario no quedó explicita la manera en que resultaría afectado el grupo. Así las cosas, el Juzgado de Buenaventura suspendió el plan de manejo ambiental, mientras toma una decisión de fondo. Con ello, ya son dos grandes derrotas del inversionista, el cual, parece, dejará de operar en 2025.
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