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Leonardo Luis Pinilla no podrá ejercer su profesión de abogado durante los próximos tres años. Así lo decidió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual además le impuso una multa de 10 salario mínimos por participar en actos de corrupción. Su pecado, según confesó, fue haber intentado frenar el caso por el cartel de la hemofilia, torciendo con dinero al fiscal que entonces estaba a cargo de la investigación: el acusado y capturado Daniel Fernando Díaz, cuyo proceso sigue en curso.
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El cartel de la hemofilia es el nombre que recibió la red de corrupción que tejieron en Córdoba, entre 2013 y 2014, funcionarios y particulares para robar dineros públicos disfrazados de pagos por pacientes que supuestamente sufrían de esa enfermedad. Entre los poderosos beneficiados estarían el exgobernador de ese departamento Alejandro Lyons, el exgobernador Edwin Besaile y su hermano, el exsenador Musa Besaile.
El expediente disciplinario contra Pinilla inició por una compulsa de copias que años atrás adelantó la extinta Sala Disciplinaria de la Judicatura contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, señalado de recibir dinero para favorecer al exsenador Besaile. El pasado 15 de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien se alió con Moreno para gestionar procesos a conveniencia en la Corte Suprema de Justicia. El cartel de la toga. En esa sentencia, el Tribunal consideró que esa sociedad criminal metió mano en procesos contra Besaile.
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En el lío judicial de Besaile y otros reconocidos políticos de la región, el cartel de la hemofilia, Pinilla aceptó que “como representante y asesor de dos implicados en el escándalo de la defraudación económica al sistema de salud del departamento de Córdoba, canceló gastos de hospedaje y alimentación del fiscal que investigaba el caso”, reseñó la Comisión de Disciplina. Además, que puso plata para que no fuera vinculado al caso José Jaime Pareja, secretario de Salud de Córdoba en la administración de Edwin Besaile.
“Fue desleal con la administración de justicia y los fines del Estado, al valerse de acciones por fuera de la legalidad, para congraciarse y obtener el beneplácito del Fiscal encargado de resolver el asunto en favor de su cliente. Rompió el principio de igualdad y la posibilidad de construir un orden equitativo y justo en el ejercicio de la acción penal, pues con ello pretendió incidir indebidamente en la imparcialidad que debía acompañar al Fiscal destinatario de las citadas atenciones”, consideró la Comisión.
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En enero de 2018, Pinilla encendió el ventilador por el cartel de la hemofilia. Entonces, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía para hablar de Besaile y 12 personas más. Según quedó en el documento, al parecer ofreció dinero al exfiscal Daniel Díaz, quien era uno de los hombres de confianza de Luis Gustavo Moreno en la Unidad Anticorrupción del ente investigador. Díaz fue detenido en 2017, pues la Fiscalía tendría cómo probar que sí recibió el dinero e incluso desvió la investigación por el cartel.
Las irregularidades fueron advertidas desde 2016, cuando la fiscal Martha Sepúlveda, quien llevaba el caso de cartel antes de Díaz, comenzó a recibir “presiones indebidas” una vez el exfiscal Anticorrupción Moreno se posesionó en la unidad. El propósito de Moreno, según la Fiscalía, fue “desplazar y reemplazar el equipo de trabajo” que lideraba Sepúlveda para que Díaz se apropiara de la investigación.
Otra de las personas en ese listado de Pinilla fue Sara Piedrahíta Lyons, quien pasó de ser señorita Córdoba con 19 años a ser representante a la Cámara por el Partido de la U (2014-2018). La Corte Suprema de Justicia la citó a indagatoria el pasado 22 de octubre, pues es investigada por presuntamente aprovecharse del cartel de la hemofilia para recibir recursos para su campaña. Piedrahita Lyons es prima de Alejandro Lyons, en cuya administración, según la Contraloría, hubo un detrimento de hasta $44.812 millones por el caso.
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Edwin Besaile y Alejandro Lyons, por su parte, fueron acusados por la Fiscalía el pasado 15 de septiembre, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La hipótesis daría cuenta de que Lyons habría firmado, durante su periodo en la Gobernación, contratos con Eps e Ips, entre 2013 hasta 2015, a través de sus secretarios de Salud, sin cumplir con las reglas que la contratación requería. Lo mismo habría hecho Edwin Besaile. Para la Fiscalía, ambos exgobernadores trabajaron en dúo para defraudar al departamento con el dinero de contratos que debían destinarse para pacientes que padecían hemofilia.