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El canciller Álvaro Leyva está suspendido desde el pasado 24 de enero, por orden de la Procuraduría, la cual lo llamó a juicio, al mismo tiempo, por dos faltas disciplinarias relacionadas con los fallidos procesos de licitación de pasaportes y posterior conciliación de la Cancillería y la firma Thomas Greg and Sons. La misma Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría notificó al presidente Gustavo Petro.
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A través de un oficio firmado por Diana Carolina Hortúa, secretaria de la Sala Disciplinaria de Instrucción, la Procuraduría le notificó oficialmente al alto Gobierno de la decisión de suspensión provisional, por tres meses y sin derecho a remuneración.
Así se lo notificó en uno de sus párrafos: “Para mayor ilustración, en el aparte correspondiente de la parte resolutiva de la decisión se concretó: ‘Segundo. Suspender, provisionalmente, del ejercicio del cargo de ministro de Relaciones Exteriores a Álvaro Leyva Durán, por el término de tres (3) meses. Contra la suspensión provisional no procede recurso alguno’”.
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El primer cargo que la Procuraduría le endilgó a Leyva tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Son.
Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público.
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Y el segundo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de decretar la urgencia manifiesta, luego de que esa misma entidad declarar desierta la licitación. El problema, para la Procuraduría, es que Leyva, al parecer, no tenía los argumentos para haber declarado esa urgencia, pues en el proceso de licitación sí había una empresa que cumplía con los requisitos exigidos por el Estado para quedarse con el contrato. Thomas Greg & Sons.
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