¿Tambalea el Ministerio de la Igualdad? Corte Constitucional estudia su futuro

El gobierno de Gustavo Petro no termina de salir de un escándalo para entrar en otra historia de polémicas. Mientras sigue cogiendo fuerza el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), y la presunta participación de congresistas y hasta uno de sus ministros, el Ejecutivo ya está a la retaguardia, pues podría recibir otro fuerte golpe, esta vez de parte de la Corte Constitucional. El alto tribunal tiene en sus manos decidir si la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, fue expedida bajo las reglas que exige la Constitución Política, o si incurrió en alguna falta que tumbaría una de las mayores apuestas durante el primer año del gobierno Petro.

En la tarde de este miércoles, la Sala Plena de la Corte estudiará una ponencia que elaboró la magistrada Paola Meneses, luego de una demanda que presentaron varios congresistas del Centro Democrático, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y el preso exsenador Ciro Ramírez. El recurso pide que se tumbe la ley con la que se creó el nuevo ministerio, argumentando que se desconoció el impacto fiscal que tendría y que, además, fue aprobada sin el quórum suficiente en el Congreso. Lo que la Corte debe resolver es si, en efecto, hubo errores en el trámite de la ley, no se tuvo en cuenta el costo de crear una nueva cartera ministerial, y si lo que corresponde es tumbar de tajo todo el proceso y pedirle al congreso que vuelva a repetir su debate y aprobación.

Como pocas veces ha ocurrido desde que el presidente Petro llegó a la presidencia, la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, está de acuerdo con mantener viva la política de gobierno. En su concepto, El Ministerio Público señala que en “el trámite parlamentario de la Ley 2281 de 2013 se tuvo en cuenta la afectación al fisco que se generaría con su aprobación, ya que se estudió la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica”. Por eso, dijo el ente de control, la creación de la cartera dirigida por Francia Márquez es constitucional. Agregó que, en el trámite de la norma, no se afectó el criterio de sostenibilidad fiscal, como dice la oposición.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación del gobierno Petro, le pidió al alto tribunal que desista de la demanda de los opositores, por considerar, al igual que la procuradora Cabello, que el trámite de la iniciativa estuvo en regla. “Consideramos que debe ser desestimada la demanda y, en consecuencia, la Corte debe declarar la exequibilidad de la disposición objeto de estudio”. La Agencia le manifestó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que no es cierto que no se haya estudiado ni socializado el impacto fiscal del proyecto, pues “durante su proceso legislativo se sometió a consideración y debate el concepto de Impacto Fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Otro de los puntos en los que convergieron la Procuraduría y el gobierno para pedirle a la Corte que deje en firme la ley es sobre las facultades que tiene el presidente Gustavo Petro. Los congresistas de la oposición señalaron en su demanda que “la ley que permite que el presidente de la República suprima, cree o fusiones entidades, es una extralimitación constitucional que genera una afectación al presupuesto fiscal de la Nación”. En la perspectiva de la jefa del Ministerio Público, las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al jefe de Estado en la ley solo lo facultan para que examine las competencias de las entidades existentes en la administración pública y determine las que, por afinidad, deben integrar el sector de igualdad y equidad.

“En este sentido, es claro que el legislador no le otorgó al Gobierno Nacional una competencia genérica para modificar la estructura del Estado que le permita sin criterio alguno crear o suprimir instituciones”, sostuvo la procuradora en el concepto que le entregó a la Corte. De igual manera, la Agencia de Defensa Jurídica señaló en el documento que le allegó al alto tribunal que no es cierto lo que señalan los congresistas del Centro Democrático, pues en el proyecto de ley está claramente explicado que las facultades otorgadas por el Congreso al jefe de Estado son solo en relación con esta cartera y no para cambiar estructuras estatales.

Durante el trámite que tuvo la iniciativa de la creación del Ministerio de la Igualdad en el Congreso, la oposición, durante las votaciones, abandonó el recinto buscando descompletar el quórum para impedir que avanzara. Sin embargo, la iniciativa siguió su camino en el Legislativo y, en diciembre de 2022, tras la aprobación en el Congreso con 75 votos a favor y 16 en contra de la Plenaria del Senado, fue sancionada la ley por el presidente Petro. Aunque han buscado argumentar que el proyecto avanzó sin que hubiera suficientes congresistas para que pudiera hacerlo, Ministerio Público y el gobierno han coincidido en que el trámite se surtió con el quorum suficiente para materializarse.

Por ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá en la tarde de este miércoles el futuro de la cartera de la Igualdad. Para 2024, el presupuesto que se le asignó a ese Ministerio fue de $1,3 billones y tiene en su nómina, por ahora, cinco viceministros, 20 directores técnicos, 461 profesionales universitarios y otros cargos. Entre unos y otros, son cerca de 740 puestos. En caso de que la Corte tumbe la ley, estos cargos caerían con el Ministerio. En caso de que la ley regrese al Congreso para que puedan ajustar su aprobación, el futuro de la cartera es incierto, pues la credibilidad del gobierno Petro está en duda en medio del escándalo de corrupción de la Ungrd y tendría que volver a tender puentes que tambalean en este momento con fuerzas políticas dentro del Capitolio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El gobierno de Gustavo Petro no termina de salir de un escándalo para entrar en otra historia de polémicas. Mientras sigue cogiendo fuerza el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), y la presunta participación de congresistas y hasta uno de sus ministros, el Ejecutivo ya está a la retaguardia, pues podría recibir otro fuerte golpe, esta vez de parte de la Corte Constitucional. El alto tribunal tiene en sus manos decidir si la ley con la que se creó el Ministerio de la Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, fue expedida bajo las reglas que exige la Constitución Política, o si incurrió en alguna falta que tumbaría una de las mayores apuestas durante el primer año del gobierno Petro.

En la tarde de este miércoles, la Sala Plena de la Corte estudiará una ponencia que elaboró la magistrada Paola Meneses, luego de una demanda que presentaron varios congresistas del Centro Democrático, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y el preso exsenador Ciro Ramírez. El recurso pide que se tumbe la ley con la que se creó el nuevo ministerio, argumentando que se desconoció el impacto fiscal que tendría y que, además, fue aprobada sin el quórum suficiente en el Congreso. Lo que la Corte debe resolver es si, en efecto, hubo errores en el trámite de la ley, no se tuvo en cuenta el costo de crear una nueva cartera ministerial, y si lo que corresponde es tumbar de tajo todo el proceso y pedirle al congreso que vuelva a repetir su debate y aprobación.

Como pocas veces ha ocurrido desde que el presidente Petro llegó a la presidencia, la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, está de acuerdo con mantener viva la política de gobierno. En su concepto, El Ministerio Público señala que en “el trámite parlamentario de la Ley 2281 de 2013 se tuvo en cuenta la afectación al fisco que se generaría con su aprobación, ya que se estudió la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica”. Por eso, dijo el ente de control, la creación de la cartera dirigida por Francia Márquez es constitucional. Agregó que, en el trámite de la norma, no se afectó el criterio de sostenibilidad fiscal, como dice la oposición.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en representación del gobierno Petro, le pidió al alto tribunal que desista de la demanda de los opositores, por considerar, al igual que la procuradora Cabello, que el trámite de la iniciativa estuvo en regla. “Consideramos que debe ser desestimada la demanda y, en consecuencia, la Corte debe declarar la exequibilidad de la disposición objeto de estudio”. La Agencia le manifestó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que no es cierto que no se haya estudiado ni socializado el impacto fiscal del proyecto, pues “durante su proceso legislativo se sometió a consideración y debate el concepto de Impacto Fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.

Otro de los puntos en los que convergieron la Procuraduría y el gobierno para pedirle a la Corte que deje en firme la ley es sobre las facultades que tiene el presidente Gustavo Petro. Los congresistas de la oposición señalaron en su demanda que “la ley que permite que el presidente de la República suprima, cree o fusiones entidades, es una extralimitación constitucional que genera una afectación al presupuesto fiscal de la Nación”. En la perspectiva de la jefa del Ministerio Público, las facultades extraordinarias concedidas por el Congreso al jefe de Estado en la ley solo lo facultan para que examine las competencias de las entidades existentes en la administración pública y determine las que, por afinidad, deben integrar el sector de igualdad y equidad.

“En este sentido, es claro que el legislador no le otorgó al Gobierno Nacional una competencia genérica para modificar la estructura del Estado que le permita sin criterio alguno crear o suprimir instituciones”, sostuvo la procuradora en el concepto que le entregó a la Corte. De igual manera, la Agencia de Defensa Jurídica señaló en el documento que le allegó al alto tribunal que no es cierto lo que señalan los congresistas del Centro Democrático, pues en el proyecto de ley está claramente explicado que las facultades otorgadas por el Congreso al jefe de Estado son solo en relación con esta cartera y no para cambiar estructuras estatales.

Durante el trámite que tuvo la iniciativa de la creación del Ministerio de la Igualdad en el Congreso, la oposición, durante las votaciones, abandonó el recinto buscando descompletar el quórum para impedir que avanzara. Sin embargo, la iniciativa siguió su camino en el Legislativo y, en diciembre de 2022, tras la aprobación en el Congreso con 75 votos a favor y 16 en contra de la Plenaria del Senado, fue sancionada la ley por el presidente Petro. Aunque han buscado argumentar que el proyecto avanzó sin que hubiera suficientes congresistas para que pudiera hacerlo, Ministerio Público y el gobierno han coincidido en que el trámite se surtió con el quorum suficiente para materializarse.

Por ahora, la Sala Plena de la Corte Constitucional debatirá en la tarde de este miércoles el futuro de la cartera de la Igualdad. Para 2024, el presupuesto que se le asignó a ese Ministerio fue de $1,3 billones y tiene en su nómina, por ahora, cinco viceministros, 20 directores técnicos, 461 profesionales universitarios y otros cargos. Entre unos y otros, son cerca de 740 puestos. En caso de que la Corte tumbe la ley, estos cargos caerían con el Ministerio. En caso de que la ley regrese al Congreso para que puedan ajustar su aprobación, el futuro de la cartera es incierto, pues la credibilidad del gobierno Petro está en duda en medio del escándalo de corrupción de la Ungrd y tendría que volver a tender puentes que tambalean en este momento con fuerzas políticas dentro del Capitolio.

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