¿Tendrá Luis Fernando Andrade un juicio justo?

Para el fiscal Néstor Humberto Martínez, que Jorge Enrique Pizano hubiera recurrido a varios periodistas para entregarles las grabaciones y los documentos que recopiló en sus últimos años de vida sobre las irregularidades de Odebrecht, tiene una sola explicación: una conspiración en su contra. Y según él, el conspirador, con nombres y apellidos, fue Luis Fernando Andrade. Para Martínez, lo que han hecho Andrade y su familia en Estados Unidos desde que resultó investigado por el caso Odebrecht no hace parte del derecho a la defensa del expresidente de la ANI, sino que nace del deseo de enlodarlo a él “por haber osado imputar(lo)”. Para el fiscal, Andrade es un conspirador. Y su esposa, una mujer de “actitud panfletaria”.

Todo esto lo dejó saber Martínez durante el debate de control político por el tema Odebrecht del pasado martes. En el Congreso, y además en televisión —pues el debate fue transmitido por el canal institucional—, Martínez calificó este episodio como “el proceso de conspiración más vergonzoso contra la justicia colombiana en la historia”. Con esas palabras omitió, por ejemplo, recordar los ataques premeditados del cartel de Medellín contra jueces y magistrados cuando sus miembros intentaban evitar las cárceles estadounidenses, o el plan de desprestigio que se orquestó desde el DAS contra la Corte Suprema de Justicia, que investigaba la parapolítica.

(Le puede interesar: El fiscal Martínez implicó al presidente del BID en su hipótesis de conspiración)

Luego del debate y de la arremetida del fiscal contra Andrade, el interrogante que quedó en el aire es: ¿tiene el expresidente de la ANI opción de un juicio justo, si el fiscal lo considera su enemigo? El Espectador consultó, en primer lugar, al propio Andrade y a sus abogados. Su respuesta fue la siguiente: “El doctor Luis Fernando Andrade Moreno y su defensa no harán declaraciones públicas sobre lo que está sucediendo. Hoy como nunca experimentamos un desbordado estado de intimidación. Expresamos a los ciudadanos su solidaridad y solicitamos a la prensa libre y sus periodistas no bajar la guardia en su compromiso con la verdad”.

El próximo 11 de diciembre se hará la audiencia en la que el juez determinará qué pruebas y testimonios se admitirán en este juicio. Ahí comenzará la verdadera prueba de fuego para el proceso, el fiscal del caso, el propio Andrade y, en especial, para el juez 25 de conocimiento de Bogotá sobre quien ahora se posan los reflectores. En criterio del fiscal, la conspiración nació de una conversación —cuya grabación fue revelada el año pasado por Gustavo Rugeles— entre Andrade y su primo Luis Alberto Moreno, presidente del BID. “Usted tiene que pelear un poco esto en los medios”, le dijo Moreno a Andrade. Según el fiscal, esa frase prueba que Moreno se estaba inmiscuyendo en la justicia colombiana.

(Le puede interesar: "Confío en que Andrade pueda demostrar su inocencia": Luis Alberto Moreno)

En un comunicado, Moreno señaló que no ha intervenido ni piensa intervenir en investigaciones colombianas. “Claro que tiene garantías para un juicio justo”, asegura Carlos Andrés Gómez, abogado penalista y decano de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. “Es el sistema que enfrenta el que le da las garantías. Finalmente, la Fiscalía solo es una parte en el proceso. El fiscal solo puede presentar pruebas y pedir su condena, pero la decisión está en manos de un juez de conocimiento. Hoy, cualquier afectación a los derechos fundamentales que quiera la Fiscalía en contra de Andrade, tendrá que tramitarla ante un juez y la defensa estará en igualdad de armas. El juicio justo no lo garantiza la Fiscalía sino el juez”.

Según el litigante Gómez, la exposición de motivos del fiscal Martínez contra Andrade tiene un tinte más político que judicial. Señala que sus palabras podrían generar algo de presión sobre el juez, sin duda, pero que de igual forma podría provocar la reacción contraria: un juez en choque con esa posición. “Uno esperaría que los jueces, independientes y apegados al derecho, puedan sobrevenir a algo así”, dice. Otra cosa piensa Élmer Montaña, exfiscal y penalista. “Lo que hizo ayer Martínez fue inhabilitar a la Fiscalía para seguir alguna investigación contra Andrade mientras él sea el fiscal general”.

(En contexto: En debate en Congreso piden la renuncia del fiscal Martínez por caso Odebrecht)

Montaña cree que “a Andrade lo van a arrasar” y por ese motivo, “este sería otro caso para entregarle al fiscal ad hoc”, un tema que, por cierto, se discutirá en la Corte Suprema de Justicia con ponencia positiva. Es decir, el magistrado Gerardo Botero, ponente del tema, propuso a sus compañeros nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de los expedientes de Odebrecht que no puede manejar el fiscal Martínez y en los cuales la independencia de la vicefiscal, María Paulina Riveros, también está en duda. Se necesita que 16 magistrados de la Sala Plena aprueben su propuesta para que el fiscal ad hoc sea nombrado, lo cual sería inédito desde que se creó el organismo investigativo.

El abogado Montaña sostiene que en Colombia, si bien muchos jueces hacen respetar su autonomía, otros tiemblan ante la idea de que la Fiscalía les abra investigaciones por prevaricato (actuar contra las normas): “El sistema terminó en una perversión y la Fiscalía investiga a los jueces. Por eso a muchos les da pánico una decisión en derecho”. Otro abogado consultado por este diario, quien tiene defendidos en el caso Odebrecht y por eso prefirió omitir su nombre, expresó: “Considero que Andrade sí va a tener un juicio justo porque los jueces van a ver el trabajo de la Fiscalía, el de la defensa, y van a ponderar. Es que la Fiscalía tiene que probar su acusación. No tiene que absolver, eso lo hace el juez”.

(Le puede interesar también: Las alertas de corrupción que no fueron oídas en la Ruta del Sol)

Para el fiscal Néstor Humberto Martínez, que Jorge Enrique Pizano hubiera recurrido a varios periodistas para entregarles las grabaciones y los documentos que recopiló en sus últimos años de vida sobre las irregularidades de Odebrecht, tiene una sola explicación: una conspiración en su contra. Y según él, el conspirador, con nombres y apellidos, fue Luis Fernando Andrade. Para Martínez, lo que han hecho Andrade y su familia en Estados Unidos desde que resultó investigado por el caso Odebrecht no hace parte del derecho a la defensa del expresidente de la ANI, sino que nace del deseo de enlodarlo a él “por haber osado imputar(lo)”. Para el fiscal, Andrade es un conspirador. Y su esposa, una mujer de “actitud panfletaria”.

Todo esto lo dejó saber Martínez durante el debate de control político por el tema Odebrecht del pasado martes. En el Congreso, y además en televisión —pues el debate fue transmitido por el canal institucional—, Martínez calificó este episodio como “el proceso de conspiración más vergonzoso contra la justicia colombiana en la historia”. Con esas palabras omitió, por ejemplo, recordar los ataques premeditados del cartel de Medellín contra jueces y magistrados cuando sus miembros intentaban evitar las cárceles estadounidenses, o el plan de desprestigio que se orquestó desde el DAS contra la Corte Suprema de Justicia, que investigaba la parapolítica.

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Luego del debate y de la arremetida del fiscal contra Andrade, el interrogante que quedó en el aire es: ¿tiene el expresidente de la ANI opción de un juicio justo, si el fiscal lo considera su enemigo? El Espectador consultó, en primer lugar, al propio Andrade y a sus abogados. Su respuesta fue la siguiente: “El doctor Luis Fernando Andrade Moreno y su defensa no harán declaraciones públicas sobre lo que está sucediendo. Hoy como nunca experimentamos un desbordado estado de intimidación. Expresamos a los ciudadanos su solidaridad y solicitamos a la prensa libre y sus periodistas no bajar la guardia en su compromiso con la verdad”.

El próximo 11 de diciembre se hará la audiencia en la que el juez determinará qué pruebas y testimonios se admitirán en este juicio. Ahí comenzará la verdadera prueba de fuego para el proceso, el fiscal del caso, el propio Andrade y, en especial, para el juez 25 de conocimiento de Bogotá sobre quien ahora se posan los reflectores. En criterio del fiscal, la conspiración nació de una conversación —cuya grabación fue revelada el año pasado por Gustavo Rugeles— entre Andrade y su primo Luis Alberto Moreno, presidente del BID. “Usted tiene que pelear un poco esto en los medios”, le dijo Moreno a Andrade. Según el fiscal, esa frase prueba que Moreno se estaba inmiscuyendo en la justicia colombiana.

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En un comunicado, Moreno señaló que no ha intervenido ni piensa intervenir en investigaciones colombianas. “Claro que tiene garantías para un juicio justo”, asegura Carlos Andrés Gómez, abogado penalista y decano de Derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. “Es el sistema que enfrenta el que le da las garantías. Finalmente, la Fiscalía solo es una parte en el proceso. El fiscal solo puede presentar pruebas y pedir su condena, pero la decisión está en manos de un juez de conocimiento. Hoy, cualquier afectación a los derechos fundamentales que quiera la Fiscalía en contra de Andrade, tendrá que tramitarla ante un juez y la defensa estará en igualdad de armas. El juicio justo no lo garantiza la Fiscalía sino el juez”.

Según el litigante Gómez, la exposición de motivos del fiscal Martínez contra Andrade tiene un tinte más político que judicial. Señala que sus palabras podrían generar algo de presión sobre el juez, sin duda, pero que de igual forma podría provocar la reacción contraria: un juez en choque con esa posición. “Uno esperaría que los jueces, independientes y apegados al derecho, puedan sobrevenir a algo así”, dice. Otra cosa piensa Élmer Montaña, exfiscal y penalista. “Lo que hizo ayer Martínez fue inhabilitar a la Fiscalía para seguir alguna investigación contra Andrade mientras él sea el fiscal general”.

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Montaña cree que “a Andrade lo van a arrasar” y por ese motivo, “este sería otro caso para entregarle al fiscal ad hoc”, un tema que, por cierto, se discutirá en la Corte Suprema de Justicia con ponencia positiva. Es decir, el magistrado Gerardo Botero, ponente del tema, propuso a sus compañeros nombrar un fiscal ad hoc que se encargue de los expedientes de Odebrecht que no puede manejar el fiscal Martínez y en los cuales la independencia de la vicefiscal, María Paulina Riveros, también está en duda. Se necesita que 16 magistrados de la Sala Plena aprueben su propuesta para que el fiscal ad hoc sea nombrado, lo cual sería inédito desde que se creó el organismo investigativo.

El abogado Montaña sostiene que en Colombia, si bien muchos jueces hacen respetar su autonomía, otros tiemblan ante la idea de que la Fiscalía les abra investigaciones por prevaricato (actuar contra las normas): “El sistema terminó en una perversión y la Fiscalía investiga a los jueces. Por eso a muchos les da pánico una decisión en derecho”. Otro abogado consultado por este diario, quien tiene defendidos en el caso Odebrecht y por eso prefirió omitir su nombre, expresó: “Considero que Andrade sí va a tener un juicio justo porque los jueces van a ver el trabajo de la Fiscalía, el de la defensa, y van a ponderar. Es que la Fiscalía tiene que probar su acusación. No tiene que absolver, eso lo hace el juez”.

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