Colombia tendrá 12 nuevos juzgados de restitución: Giovanni Yule

El líder indígena Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución, cumplió un año a cargo de la entidad que devuelve la tierra a las víctimas de la guerra despojadas. Los resultados que presenta en esta entrevista van desde las etapas preliminares del proceso de restitución, para la cual al parecer logró que las solicitudes sean aceptadas por los jueces en un 65%; y para fortalecer la etapa judicial, gestionó la creación de 12 nuevos juzgados de restitución, entre ellos ocho para solicitudes étnicas. Considera que su gestión va viento en popa, al punto de que para 2024 espera cumplir con todas las órdenes que los jueces le han impuesto a la Unidad en todas las sentencias.

El líder indígena Giovanni Yule, director de la Unidad de Restitución, cumplió un año a cargo de la entidad que devuelve la tierra a las víctimas de la guerra despojadas. Los resultados que presenta en esta entrevista van desde las etapas preliminares del proceso de restitución, para la cual al parecer logró que las solicitudes sean aceptadas por los jueces en un 65%; y para fortalecer la etapa judicial, gestionó la creación de 12 nuevos juzgados de restitución, entre ellos ocho para solicitudes étnicas. Considera que su gestión va viento en popa, al punto de que para 2024 espera cumplir con todas las órdenes que los jueces le han impuesto a la Unidad en todas las sentencias.

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Después de un año de trabajo, ¿cree que necesita más jueces de restitución?

Desde el último año tenemos demandas de víctimas que acumulan más o menos 2′500.000 hectáreas y que están en proceso judicial. Es decir, en manos de los jueces de restitución, quienes, además, tienen las demandas sin resolver de gobiernos anteriores, que obedecen a 5′500.000 hectáreas. Eso quiere decir que tenemos un cuello de botella. Si la Rama Judicial nos ayuda a desembotellar esos procesos estaríamos dándole una muy buena noticia al país.

También logramos perfilar una propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura en el sentido de aumentar cuatro juzgados de restitución, pero aún más importante, constituir ocho juzgados y un tribunal étnicos. Logramos hablar con el presidente de la República, Gustavo Petro, para que orientara unos recursos en la Rama Judicial para que se instituyan estos juzgados.

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¿Para cuándo?

El próximo año contaremos con estos jueces. Para nosotros es importante porque se trata de constituir juzgados étnicos, porque en la Rama Judicial prácticamente no hay esta figura. Y un Tribunal que atienda específicamente comunidades indígenas y comunidades afro. Y esto es esencial porque el mayor rezago en etapa judicial son justamente los procesos étnicos. Tenemos solo 27 sentencias durante toda la vigencia de la Ley, es decir, desde 2011.

Hablemos sobre lo que considera importante para destacar en el último año

Lo que hemos desarrollado en este año es un proceso de cambios en la etapa administrativa, judicial y posterior al fallo de restitución. En la administrativa, hicimos transformaciones frente a agilizar los procesos. Cuando llegamos había una negación del 65% de las solicitudes, pero ahora invertirnos la cifra. Nos están aprobando el 65% de las demandas los jueces. Era muy preocupante para nosotros esa cifra que había en estos 12 años de vida de la Unidad.

En la etapa judicial, lograremos contar con los juzgados y el tribunal del que hablamos. Y en la etapa de posterior al fallo de restitución, lo que hicimos fue la reglamentación del fondo para el cumplimiento de las sentencias. Tenemos un acumulado de sentencias que no se han cumplido desde hace cinco o seis años. Por ejemplo, 2.017 entregas materiales que están en proceso. Esperamos el próximo año estar a paz y salvo con las sentencias.

¿Cómo van las propuestas de ley trabajadas por la Unidad?

Tenemos una reforma que está siendo liderada por ministerio de Justicia y Unidad de Víctimas, en la que le estamos apostando a contar con funciones jurisdiccionales que nos permitan simplificar los trámites en etapa administrativa de aquellos casos que no tengan oposición. Nos permitirá entregar predios vía resolución directamente. Aunque esas entidades aun no radican el proyecto, esta propuesta también fue presentada por el representante Alejandro Toro y en ese caso surtió sus primeros debates y se retoma en esta legislatura. Estamos revisando por cuál de las dos vías logra este propósito.

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¿Ha hablado con el Ministerio de Defensa para no depender de la Fuerza Pública para entregar predios o hacer los primeros trabajos administrativos?

Tenemos más de 17.000 procesos que están estancados por eso. Hemos manifestado abrir la posibilidad de que sea la fuerza organizativa de la comunidad, la guardia indígena, la guardia cimarrona, o campesina, la que nos permita a nosotros tener la ruta para entrar a los territorios. Precisamente estamos por lograr un decreto para establecer esa ruta. Pero también hemos venido trabajando y operando con el Alto Comisionado para la Paz, el cual dialoga con actores armados para que nosotros podamos entrar a hacer los trabajos en zonas de conflicto.

Danilo Rueda, el alto comisionado, nos ha venido orientando en tres regiones. Por ejemplo, en Catatumbo logramos entrar en 19 veredas en zonas donde anteriormente no se había logrado. En Guaviare logramos entrar a zonas urbanas de dos municipios, de Calamar y El Retorno. En sur de Córdoba también pudimos estar en el sur del departamento.

Hace unos días la Comisión Quinta los citó para que respondan por la ejecución del presupuesto, luego de que el presidente Petro alertara una baja ejecución por parte de sus ministerios. En este caso, el de Agricultura. ¿Cómo se defendieron?

En esta vigencia, nosotros tenemos un presupuesto de $424.000 millones, los cuales se distribuyen en tres rubros. Cumplimiento de órdenes, implementación y de fortalecimiento. Por ejemplo, en el primero, tenemos $218.000, de los cuales tenemos en compromiso $110.000 millones y en obligación $79.000 millones. En porcentaje de cumplimiento de órdenes, lo que tenemos en compromiso es el 65% del presupuesto. Ya en ejecución, el 41%. Y si hablamos del presupuesto general, los $424.000 millones, está en el 43% de ejecución. No estamos tan rezagados con respecto a otras entidades adscritas.

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Si el 43% de ejecución no lo consideran como bajo, ¿entonces qué lo hubiera sido?

Es una pregunta que se debe hacer en contexto. Es el primer año de Gobierno. Si nos comparamos con los primeros años de los diferentes gobiernos, en el compromiso global estamos por encima de todos. No es igual la ejecución de un primer año, a un resto de gobierno. Insistimos mucho en que el rubro más alto que hoy tenemos en inversión está en ordenes judiciales. Si miramos lo ejecutado al momento, ya hemos superado la suma total de la ejecución de 2020 y 2021, y ya estamos casi al 100% de lo ejecutado en 2022.

Yo creo que referirse a un porcentaje depende del contexto de cada una de las entidades. Nosotros tuvimos unas primeras demoras en los meses por ejemplo al firmar contrato con la fiducia a través de la cual hacemos el pago de las ordene judiciales. Ya tenemos, por ejemplo, programado cómo vamos a evitar que los primeros meses del 2024 no se corte a través de establecer acciones futuras.

A pesar del porcentaje, a la Unidad fue la unidad adscrita que mejor le fue en ejecución. Por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural solo ejecutó el 5% de sus obligaciones.

Sí. El informe que dimos en la Comisión Quinta, algunos senadores felicitaron a la Unidad de Restitución. Así como tenemos una ejecución, también estamos tratando de mirar cómo logramos establecer una gestión con el Ministerio de Hacienda para una adición del próximo año, porque necesitamos gestionar recursos de $192.000 millones. Necesitamos fortalecer la etapa judicial y la administrativa.

Pero la ciudadanía podría preguntarse, ¿cómo es que no se llega a ejecutar hasta el 90% o 100% del prepuesto?

Con el trabajo que se ha hecho estimamos que podríamos sobrepasar el 95% el próximo año en ejecución. Estamos organizando procesos para hacer mucho más agiles los pagos. Es importante saber que los primeros meses, en el Estado, el nivel de ejecución o de trabajo no necesariamente son los meses de mayor actividad. Marzo en un mes en el que ya empieza a haber una actividad fuerte a nivel estatal, sobremodo por la firma de convenios. Y estamos en agosto. Además, el presupuesto no se puede ejecutar de cualquier manera. No es que la plata que me sobró de los servicios la voy a pagar para el mercado.

Qué me dice nuestro proyecto de inversión: 218.000 millones se deben usar para cumplir órdenes judiciales. Es decir, a las víctimas que no pueden regresar a su predio y se les ordenó compensación, se les compra predio en otro lado o se les paga dinero; también se entregan proyectos productivos; alivios de deudas; además a los opositores que logran demostrar buena fe exenta de culpa, se les compensa; a segundos ocupantes, vulnerables y que no tuvieron nada que ver con el despojo, se les entrega tierras.

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Uno encuentra que la compra de predios no es sencilla. No es suficiente hoy en día con recibir una orden, debo buscar el predio, encontrar que sea el que la persona considera. Encontramos, antes del cambio, que había un número de pasos innecesarios y que hacían más compleja la compra. Se está agilizando. En proyectos productivos, debe surtirse la etapa de diseño y funcionamiento. Normalmente el segundo semestre concentra una mayor ejecución.

¿El presidente puede estar tranquilo con la Unidad?

Puede estar tranquilo. Además de una ejecución presupuestal, también hemos venido construyendo un proceso organizativo con las estructuras del movimiento social, que nos ha permitido llegar a los territorios, a las regiones.

¿Qué otros resultados pueden contarles a los lectores?

Tenemos que decir que logramos restituir en el último año un total de 28.851 héctareas, a través de 942 sentencias que resolvieron las solicitudes en 26 departamentos. Además, en la ruta étnica, se logró la restitución de 1.668 hectáreas en tres sentencias, a favor de 424 familias de comunidades indígenas. Además, en el último año se entregaron materialmente 335 predios, que corresponden a casi 9.000 hectáreas, dos de ellos colectivos. Cumplimos con 2.436 órdenes judiciales, implementamos 875 proyectos productivos, compensamos a 21 terceros que demostraron buena fe y compensamos a 21 segundos ocupantes que no tenían que ver con los despojos en las tierras que habitaban.

A las víctimas debemos cumplirles. Si nosotros logramos restituirles a las víctimas los territorios que fueron despojados en el marco del conflicto, la guerra y la violencia en Colombia, logramos que estas personas tengan la posibilidad de ser reivindicadas. Es una reconciliación. No habrá paz total si no hay restitución de tierras. Debemos sanar esas heridas y esos dolores. Vamos a seguir restituyendo los territorios para armonizar las vidas de las personas. Armonizar es equilibrar espiritualmente. Curar.

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