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A través de una carta, el fiscal Francisco Barbosa se enteró de la tensión entre los magistrados Cristina Lombana y César Augusto Reyes, luego de que la Corte Suprema de Justicia enviara al ente investigador cuatro expedientes contra Armando Benedetti. La togada Lombana, a través del documento, solicitó la devolución a la alta corte de un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito del nuevo embajador en Venezuela.
En contexto: Las cuatro investigaciones de Benedetti que quedaron en manos de la Fiscalía
La magistrada Lombana explicó que, desde octubre de 2020, ella era la ponente del expediente de Benedetti, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. No obstante, hace unos días el magistrado Reyes elaboró el documento con el cual la alta corte se desprendió del proceso del político. Esto porque Lombana estaba recusada, y mientras se decidía si ella se apartaba del caso, el expediente momentáneamente quedó en manos de Reyes.
Entonces, para la magistrada Lombana, “la decisión sobre el decaimiento de la competencia correspondía emitirla al magistrado (a) ponente”. Incluso, la togada mencionó el caso del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, en juicio por supuestamente torcer testigos a favor de Álvaro Uribe. En su caso particular, fueron todos los magistrados de la Sala de Instrucción quienes decidieron mantener la investigación en la Corte.
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Para Lombana, el magistrado Reyes solo tenía la responsabilidad de construir el texto para decidir si ella quedaba fuera de la investigación de Benedetti, es decir, la decisión sobre la recusación. “No fue la Sala de Instrucción ni la suscrita, como magistrada ponente, las que adoptaron el decaimiento de la competencia”, allegó Lombana al fiscal general Barbosa.
La Sala de Instrucción, la semana pasada, remitió a la Fiscalía cuatro investigaciones que tiene Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia. Las decisiones las tomaron en los despachos de los magistrados Héctor Alarcón, César Reyes y Misael Rodríguez.
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La Corte decidió que no había competencia para investigar al exsenador debido a que solo tendría esa responsabilidad si tuviese fuero como congresista. El magistrado Héctor Alarcón remitió el expediente que vincula la violación de comunicaciones, que relaciona un escándalo de supuestas “chuzadas”. El proceso de tráfico de influencias fue remitido por el magistrado Misael Rodríguez y vincula irregularidades en contratos Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y el magistrado César Reyes envió el de injuria y calumnia, así como el de enriquecimiento ilícito.
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