Tensiones en la Fiscalía por caso de la comercializadora de oro CIJ Gutiérrez

Una jueza especializada de Medellín anuló toda la actuación penal que la Fiscalía General había adelantado contra trece integrantes y proveedores de la comercializadora de oro más importante y más antigua de Colombia: CIJ Gutiérrez. La empresa operó en Medellín hasta abril de 2019, cuando miembros del CTI de la Fiscalía se tomaron sus oficinas como pieza clave de la investigación contra una supuesta red de lavado de activos por cerca de $2,4 billones.

Una jueza especializada de Medellín anuló toda la actuación penal que la Fiscalía General había adelantado contra trece integrantes y proveedores de la comercializadora de oro más importante y más antigua de Colombia: CIJ Gutiérrez. La empresa operó en Medellín hasta abril de 2019, cuando miembros del CTI de la Fiscalía se tomaron sus oficinas como pieza clave de la investigación contra una supuesta red de lavado de activos por cerca de $2,4 billones.

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El argumento de la jueza para anularlo es que el escrito de acusación no fue claro sobre qué hechos iban a ser llamados a juicio los trece procesados, requisito clave que se exigen por ley. Señaló que esta situación particular estaba violando el derecho a la defensa y al debido proceso y que la imputación de cargos contra los investigados también carecía de claridad en la descripción de los hechos jurídicamente relevantes, los cuales señalan por qué una persona está afrontando un proceso penal.

Desde mayo de 2020, este diario alertó sobre los constantes llamados de atención que hizo la jueza al ente investigador en este proceso, por el que pasaron tres fiscales desde que se imputaron cargos (abril de 2019) hasta hoy. Este diario supo, a través de una alta fuente de la Fiscalía, que este golpe judicial causó un gran malestar con el último fiscal del caso: Carlos Enrique Vieda, quien llevó otras investigaciones contra miembros de comercializadoras señalados de lavar activos y de tener peligrosas alianzas con antiguos mafiosos o exparamiltares.

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Durante este primer semestre de 2020 la acusación se intentó hacer en cuatro oportunidades. La primera, en enero, cuando la jueza del caso le pidió al fiscal cambiar el escrito porque era extenso y poco claro. Las otras tres audiencias se truncaron tras el inicio de la cuarentena por el COVID-19, un aplazamiento del juzgado y, hace tres semanas, porque el fiscal del proceso modificó el escrito de acusación a última hora y los abogados de la defensa no alcanzaron a revisarlo.

Fuentes cercanas al expediente le contaron en mayo pasado a este diario que parte del problema con el escrito de acusación radica en el constante cambio de fiscales que ha tenido el caso. Durante la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, en abril de 2019, estuvo el fiscal Rafael Francisco Rojas. Sin embargo, la entonces cabeza de la Dirección Contra el Lavado de Activos, Luz Ángela Bahamón Flórez, lo removió luego de que este no solicitara detención preventiva contra los 13 capturados.

Luego de que una fiscal de Medellín momentáneamente se hiciera cargo del proceso, llegó a manejarlo Luis Enrique González. Fue él quien presentó el primer escrito de acusación, y recibió el llamado de atención por parte de la jueza al no ser claro y concreto el documento judicial. Este fue removido y su lugar fue ocupado por el fiscal Carlos Enrique Vieda, quien fungió como director de la Dirección contra el Lavado de Activos, mientras Bahamón Flórez pasó, por un corto período, a ser la directora contra las Finanzas Criminales durante el interinato del fiscal general (e) Fabio Espitia.

“El fiscal recibirá un fuerte llamado de atención por lo que pasó. Sospechosamente estaba mal hecho ese escrito de acusación”, señaló el alto funcionario. Y agregó que este fiscal era uno de los protegidos de los “agentes gringos que ya sabemos”. La alta fuente se refería a los agentes William Neff, Tarik Rashidi, Marc Samara, quienes fueron mencionados en una investigación periodística de este diario que podrían tener conocimiento o ser parte de un red de corrupción al interior de la Fiscalía. Sin embargo, dos fuentes al interior de la Fiscalía y otra que conoce procesos relacionados con entidades gringas señalan que, aunque Vieda es cercano a entidades de los EE.UU, no es de sus protegidos.

En este caso eran procesados el representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Viera Gutiérrez; la exgerente de la comercializadora, Margarita Escobar; el exrevisor fiscal de la sociedad, Juan Muñoz Zapata, además del contador, Guillermo Antonio Rojas. También serán llamados a juicio los proveedores de oro Sebastián Vélez Flórez, Henry Hernández Remolina, Adolfo Olano León, Marisela Sanes Olmos, Elkin Pérez Yepes, Saúl Rojas Arroyave, José Ortiz Olarte, (hijo de un exalcalde de Marmato, municipio minero de Caldas), Joaquín Pérez Yepes y Enrique Tejada Segundo. Sus empresas, de acuerdo con la Fiscalía, habrían sido parte de ese presunto lavado de activos.

Fabio Humar, abogado que encabezó la defensa del caso, señaló: "Vimos con sorpresa la imputación de la Fiscalía. Siempre ofrecimos el interrogatorio de nuestros clientes, pero el ente investigador nunca atendió tales solicitudes. La Fiscalía, en un actuar que no dudo en calificar de apresurado, imputó cargos. Cómo defensa desplegamos intensas labores investigativas y pudimos constatar, entre otras cosas, que desde la cúpula de la Fiscalía hubo presiones para que la imputación se hiciera. Mis clientes, Andrés Viera y Margarita Rosa Escobar, siempre han mostrado su absoluto interés por el caso, así que era innecesaria la orden de captura.

El penalista también aseguró que “con el tiempo, y luego de conocer el escrito de acusación, se hicieron más de 80 solicitudes de aclaración al fiscal del caso (Vieda). La juez fue generosa en tiempo, ya que le dio dos oportunidades al fiscal para que arreglara el escrito de acusación. La misma jueza (...) calificó lo hecho por la fiscalía como incomprensible, deshilvanado y no dudó en tildar de que lo hecho desde la imputación era evidentemente violatorio del debido proceso y del ordenamiento jurídico”.

* Actualización de esta noticia: Con posterioridad a esta publicación, El Espectador tuvo conocimiento de la respuesta de fecha 28/01/2021 dada por la Fiscalía General de la Nación a la petición hecha por los apoderados de los representantes legales actuales de las sociedades Standar Gold de Colombia S.A.S., Navar Asociados S.A.S. y Mineros Asociados del Nordeste S.A.S.,  cuyos nombres responden a las iniciales FAHN y RFAV, en la que se afirma  respecto a cada uno de ellos, que “a la fecha NO se encuentra vinculado a una investigación ni por nombre ni por número de cédula”.