En un tribunal de Florida (Estados Unidos) terminó la fase probatoria del juicio contra la multinacional exportadora de banano Chiquita Brands, quien fue demandada por miles de campesinos y pobladores colombianos, quienes buscan responsabilizarla por crímenes en Córdoba y el Urabá antioqueño durante los noventa. Según el expediente, Chiquita Brands podría responder por los efectos de haber financiado a los grupos paramilitares con US$1,7 millones, como la empresa misma lo aceptó y como fue sentenciado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2007.
En contexto: Lo que debe saber del juicio contra Chiquita Brands por crímenes en Colombia
El Espectador conoció que los jurados están reunidos a partir de hoy para tomar su veredicto y, aunque en principio estaba presupuestado que la decisión final tomará alrededor de tres semanas, la realidad es que podría tomar únicamente horas o días. El juicio empezó el pasado 30 de abril y desde entonces se han expuesto, de manera reservada, testimonios, pruebas documentales y alegatos a favor y en contra de Chiquita Brands.
El juicio contra la bananera inició el pasado 30 de abril y desde esa fecha se ha movido a toda máquina el caso en el país norteamericano. En esa ocasión, las víctimas presentaron una línea del tiempo contando lo ocurrido desde la llegada de la empresa, hasta los pagos que le hicieron a los paramilitares y las afectaciones que sufrieron por esos hechos.
Por su parte, los abogados de Chiquita Brands admitieron que la compañía sí realizo estos pagos, pero que estos habrían sido producto de extorsión y amenazas de las AUC, argumentando que las regiones bananeras en Colombia estaban controladas por “violentas pandillas narcotraficantes”. La compañía se presentó como víctima de la situación, planteando también que sus acciones fueron realizadas para proteger sus operaciones y a sus empleados, hechos que estarían protegidos bajo la ley estadounidense.
El centro de la controversia está en que, mientras Chiquita Brands entregaba el dinero, en 2001, el gobierno de Estados Unidos designó a los paramilitares como una organización terrorista extranjera. “Como cualquier empresa criminal, una organización terrorista necesita un flujo de financiamiento para respaldar sus operaciones”, señaló el entonces fiscal general de la División de Seguridad Nacional, Kennet Weinstein. A pesar de ello, Chiquita Brands siguió haciendo los pagos por tres años más.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que “lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”.
Lo que se sabe hasta el momento, es que el jurado tomó la decisión de no alargar tanto el veredicto final y, aunque en principio se informó que la decisión estaría dentro de tres semanas, podría estar mucho antes de lo pensado.
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