Terror en Zona Bananera por asesinatos y amenazas contra reclamantes de tierras

Tan solo un mes antes del asesinato del reclamante de tierras Roberto Suárez Ballena, cinco organizaciones sociales había hecho un “llamado urgente al Gobierno nacional y a la comunidad nacional e internacional” por las “graves amenazas” que se cernían sobre varios líderes de procesos de restitución de tierras en el municipio Zona Bananera (Magdalena). El llamado, que exhortaba a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía a investigar quienes estaban detrás de las amenazas, parece haber sido ignorado.

Tras la muerte de Suárez Ballena el pasado 15 de agosto, la Unidad Nacional de Restitución de Tierras emitió un comunicado en el que repudió el ataque contra el líder reclamante del predio La Mano de Dios, ubicado en Zona Bananera, así cómo la violencia de la que fueron víctimas su mamá, Rosa Suárez de Ballena, y sus hermanos Alirio y Libardo Suárez. “Solicitamos el acompañamiento de la Fuerza Pública para realizar las investigaciones de rigor que puedan determinar los móviles y actores de estos hechos de violencia”, decía el comunicado.

La solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras solo reitera lo que organizaciones como Somos Defensores vienen reclamando desde que inició el año, uno de los más violentos en lo que se refiere al asesinato de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. En su último informe, publicado esta semana, la organización Somos Defensores informó que en lo que va corrido del año han muerto asesinados 35 líderes sociales.

Tal como ocurrió con el asesinato de Suarez Ballesteros, los responsables de las muertes son grupos cuya identificación no es del todo clara. Según el informe semestral de Somos Defensores, en los últimos seis meses los llamados grupos “neoparamilitares” cada vez más toman tintes particulares y confusos, y  se consolidan como los mayores responsables de las agresiones a los dirigentes sociales.

Investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), le explicaron bajo reserva de fuente a El Espectador que en la zona donde fue asesinado Roberto Suárez Ballena, un municipio cercano a Fundación y Salamina, las amenazas contra líderes sociales y de la restitución comenzaron en 2013, a través de amenazas escritas firmadas por un llamado “Ejército Antirestitución de Tierras”. Y dijo que si bien desde entonces las amenazas son una constante, fue este año cuando el grupo delincuencial se reactivó.

“Desde hace rato se ha escuchado la inconformidad con el proceso de restitución y la supuesta necesidad de tomar fuertes medidas en contra del proceso. Sin embargo, fue después de los encuentros de San Ángel y San Alberto en las que las supuestas víctimas de la restitución se reunieron con acompañamiento del procurador Alejandro Ordoñez y Jose Félix Lafaurie, que las amenazas y atentados contra los reclamantes se intensificaron en los municipios de Zona Bananera, Fundación y Salamina (Magdalena)”, dijo Leonardo Díaz, del programa Somos Defensores.

Fue precisamente después de esos polémicos encuentros que otro líder de la región, Ildefonso Ramos López, recibió la cuarta amenaza en menos de seis meses. Ya en agosto del 2015 el líder había sido intimidado por dos hombres armados, quienes “cubiertos con pasamontañas llegaron a su casa realizando actos intimidatorios con las motos en las que se movilizaban, retirándose luego. Posteriormente, el 19 de octubre de 2015, un hombre armado, también en motocicleta, abordó al líder y lo amenazó ordenándole no continuar con el proceso de restitución de tierras”, informaron varias organizaciones defensoras de derechos en el comunicado conjunto.

Debido a las amenazas, la Unidad Nacional de Protección calificó el riesgo de Ildefonso López como “riesgo extraordinario”. Sin embargo, las únicas medidas de protección otorgadas fueron un chaleco antibalas y un celular. Por esta razón, el líder tuvo que abandonar la zona, que ya desde finales del año comenzaba a llenarse panfletos amenazantes firmados por el Ejército Antirestitución.

Por si fuera poco, precisamente en el primer semestre de este año quedó en libertad José Gregorio Mangonez Lugo, alias “Carlos Tijeras”, el exjefe paramilitar que despojó a la mayoría de campesinos de esa región. Leonardo Díaz comenta: “si bien él tiene prohibido ir allá, nos han dicho que se pasea con bastante libertad en distintos municipios de la zona. La Fiscalía nos responde que no hay información oficial al respecto y por eso no ha tomado acciones concretas. En Origüeca, Prado, Sevilla y Fundación se ha visto la evidencia y el rearme de los Ejércitos AntiRestitución por la presencia de “Tijeras”.

La suma de factores está tornando la situación de Zona Bananera y sus municipios aledaños en ambientes cada vez más hostiles para los reclamantes de tierras y quienes los acompañan. En mayo, una funcionaria de la alcaldía de Zona Bananera fue asesinada, y el 13, 14 y 15 de julio pasado el hermano de Ildefonso, Manuel Ramos López, recibió a hombres armados y encapuchados en su casa, quienes amenazaron con asesinarlo a él y a su familia si su hermano no volvía “a dar la cara”. Ahora, con la muerte de Roberto Suárez Ballena, la emergencia sigue escalando, sin que haya reacciones evidentes por parte de las autoridades. 

Tan solo un mes antes del asesinato del reclamante de tierras Roberto Suárez Ballena, cinco organizaciones sociales había hecho un “llamado urgente al Gobierno nacional y a la comunidad nacional e internacional” por las “graves amenazas” que se cernían sobre varios líderes de procesos de restitución de tierras en el municipio Zona Bananera (Magdalena). El llamado, que exhortaba a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Fiscalía a investigar quienes estaban detrás de las amenazas, parece haber sido ignorado.

Tras la muerte de Suárez Ballena el pasado 15 de agosto, la Unidad Nacional de Restitución de Tierras emitió un comunicado en el que repudió el ataque contra el líder reclamante del predio La Mano de Dios, ubicado en Zona Bananera, así cómo la violencia de la que fueron víctimas su mamá, Rosa Suárez de Ballena, y sus hermanos Alirio y Libardo Suárez. “Solicitamos el acompañamiento de la Fuerza Pública para realizar las investigaciones de rigor que puedan determinar los móviles y actores de estos hechos de violencia”, decía el comunicado.

La solicitud de la Unidad de Restitución de Tierras solo reitera lo que organizaciones como Somos Defensores vienen reclamando desde que inició el año, uno de los más violentos en lo que se refiere al asesinato de defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. En su último informe, publicado esta semana, la organización Somos Defensores informó que en lo que va corrido del año han muerto asesinados 35 líderes sociales.

Tal como ocurrió con el asesinato de Suarez Ballesteros, los responsables de las muertes son grupos cuya identificación no es del todo clara. Según el informe semestral de Somos Defensores, en los últimos seis meses los llamados grupos “neoparamilitares” cada vez más toman tintes particulares y confusos, y  se consolidan como los mayores responsables de las agresiones a los dirigentes sociales.

Investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), le explicaron bajo reserva de fuente a El Espectador que en la zona donde fue asesinado Roberto Suárez Ballena, un municipio cercano a Fundación y Salamina, las amenazas contra líderes sociales y de la restitución comenzaron en 2013, a través de amenazas escritas firmadas por un llamado “Ejército Antirestitución de Tierras”. Y dijo que si bien desde entonces las amenazas son una constante, fue este año cuando el grupo delincuencial se reactivó.

“Desde hace rato se ha escuchado la inconformidad con el proceso de restitución y la supuesta necesidad de tomar fuertes medidas en contra del proceso. Sin embargo, fue después de los encuentros de San Ángel y San Alberto en las que las supuestas víctimas de la restitución se reunieron con acompañamiento del procurador Alejandro Ordoñez y Jose Félix Lafaurie, que las amenazas y atentados contra los reclamantes se intensificaron en los municipios de Zona Bananera, Fundación y Salamina (Magdalena)”, dijo Leonardo Díaz, del programa Somos Defensores.

Fue precisamente después de esos polémicos encuentros que otro líder de la región, Ildefonso Ramos López, recibió la cuarta amenaza en menos de seis meses. Ya en agosto del 2015 el líder había sido intimidado por dos hombres armados, quienes “cubiertos con pasamontañas llegaron a su casa realizando actos intimidatorios con las motos en las que se movilizaban, retirándose luego. Posteriormente, el 19 de octubre de 2015, un hombre armado, también en motocicleta, abordó al líder y lo amenazó ordenándole no continuar con el proceso de restitución de tierras”, informaron varias organizaciones defensoras de derechos en el comunicado conjunto.

Debido a las amenazas, la Unidad Nacional de Protección calificó el riesgo de Ildefonso López como “riesgo extraordinario”. Sin embargo, las únicas medidas de protección otorgadas fueron un chaleco antibalas y un celular. Por esta razón, el líder tuvo que abandonar la zona, que ya desde finales del año comenzaba a llenarse panfletos amenazantes firmados por el Ejército Antirestitución.

Por si fuera poco, precisamente en el primer semestre de este año quedó en libertad José Gregorio Mangonez Lugo, alias “Carlos Tijeras”, el exjefe paramilitar que despojó a la mayoría de campesinos de esa región. Leonardo Díaz comenta: “si bien él tiene prohibido ir allá, nos han dicho que se pasea con bastante libertad en distintos municipios de la zona. La Fiscalía nos responde que no hay información oficial al respecto y por eso no ha tomado acciones concretas. En Origüeca, Prado, Sevilla y Fundación se ha visto la evidencia y el rearme de los Ejércitos AntiRestitución por la presencia de “Tijeras”.

La suma de factores está tornando la situación de Zona Bananera y sus municipios aledaños en ambientes cada vez más hostiles para los reclamantes de tierras y quienes los acompañan. En mayo, una funcionaria de la alcaldía de Zona Bananera fue asesinada, y el 13, 14 y 15 de julio pasado el hermano de Ildefonso, Manuel Ramos López, recibió a hombres armados y encapuchados en su casa, quienes amenazaron con asesinarlo a él y a su familia si su hermano no volvía “a dar la cara”. Ahora, con la muerte de Roberto Suárez Ballena, la emergencia sigue escalando, sin que haya reacciones evidentes por parte de las autoridades.