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Un juez le dio luz verde a la negociación de la Fiscalía con José Manuel Barrera, exgerente de la Empresa de Aseo Municipal en Bucaramanga (Emab). Barrera tendrá inmunidad por un año mientras sirve de testigo contra un puñado de exfuncionarios y empresarios de la capital de Santander, entre los que destacan el candidato presidencial Rodolfo Hernández y su hijo, Luis Carlos Hernández Olivos. La decisión judicial se da en medio del caso Vitalogic.
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Por este caso, la Fiscalía imputó al candidato presidencial Rodolfo Hernández desde 2020. En concreto, se le reprochan contratos de la Emab que habrían beneficiado a su hijo, negociaciones de las que habría sido testigo el exgerente Barrera. El hijo del candidato presidencial, Luis Carlos Hernández, al parecer, suscribió un acuerdo en donde estipulaba repartir comisiones si se llegaban a adjudicar contratos relacionados con el relleno sanitario de El Carrasco a la empresa Vitalogic.
La negociación de Barrera con la Fiscalía implica que ahora el exgerente se volverá testigo en procesos judiciales contra Rodolfo Hernández Suárez, su hijo, así como contra César Augusto Fontecha Rincón, Jorge Hernán Alarcón Ayala, Rubén Enrique Amaya Vanegas, Abelardo Durán Leiva y Abigail León Nieves. A cambio, aceptó haber cometido seis delitos, pero no será procesado por ellos en el próximo año, en la medida que continúe colaborando en el proceso judicial.
(En contexto: Alcalde de Bucaramanga niega lobby de su hijo en contrato, pero admite que fue imprudente)
Entre los procesados de los que hablará Barrera está el abogado Jorge Hernán Alarcón, quien habría tenido un rol protagónico en el entramado. Alarcón fue contratado como asesor de la Emab para proyectar los pliegos del contrato de El Carrasco. La comisión que, supuestamente, negoció el hijo de Rodolfo Hernández también entraría a los bolsillos de Alarcón como prima de éxito en el caso de que el contrato llegara a ser adjudicado a la compañía Vitalogic.
Los particulares envueltos en este escándalo son investigados por los delitos de falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. El exalcalde y aspirante a la Presidencia ha mantenido como bandera política la lucha contra la corrupción y aunque ha reconocido que hubo errores de su hijo en la negociación de este contrato, ha negado que haya delitos. Entre otras cosas, porque la Procuraduría intervino en la licitación y el contrato nunca se celebró.
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