Testigo Vélez, clave en juicio contra Diego Cadena, no cooperará más con Fiscalía
El martes de esta semana, el exparamilitar Carlos Enrique Vélez notificó esta determinación a la Fiscalía. Se trata de un testigo principal contra Diego Cadena, antiguo abogado del expresidente Álvaro Uribe llamado a juicio por presunta manipulación de testigos. ¿Puede la Fiscalía ganar el juicio contra Cadena sin Vélez a bordo?
Redacción Judicial e Investigación
Por estos días en que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos está en boga, con una solicitud de preclusión de la Fiscalía pendiente de resolverse en el Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, hay un juicio en paralelo andando que tiene todo que ver con ese caso: el de Diego Cadena. Se trata del hombre que, como abogado de Uribe, fue a distintas cárceles para conseguir testimonios que favorecieran al exmandatario. La Fiscalía, sin embargo, podría sufrir un duro revés a raíz de una comunicación que envió este martes 20 de abril un testigo clave llamado Carlos Enrique Vélez Ramírez. (La acusación contra Diego Cadena, antiguo abogado del expresidente Uribe)
“En virtud de lo expuesto, y por otras razones fácticas que me reservo, se ha tomado la decisión de no continuar con la colaboración con la Fiscalía General de la Nación”, le dijo Vélez al fiscal séptimo delegado ante el Tribunal de Distrito, Daniel Hernández, a través de una comunicación radicada por su abogado defensor, Óscar Lizarazo. En la misiva, conocida por El Espectador, se plasmaron varios reclamos. El primero, dice el penalista: “Desde que asumí la representación jurídica del señor Vélez Ramírez no ha sido posible sostener una entrevista personal y en privado con mi prohijado, dado que el INPEC no lo ha permitido ni siquiera de manera virtual”.
El segundo, manifestó el abogado Lizarazo, tiene que ver con la salud de Vélez. “Mi representado viene presentando extraños cuadros de salud, como malestar general y especialmente fuertes mareos que afectan considerablemente sus sentidos visuales y auditivos; y al parecer el Instituto (INPEC) se ha sustraído de brindar la atención médica correspondiente”. El tercero tiene que ver con el INPEC de nuevo y con el calabozo donde Vélez está dentro de la cárcel de Palmira. Llegó allí por su propia solicitud, por razones de seguridad, pero “carece de baño privado” y, aunque ha solicitado su reubicación a la celda vecina, “no ha sido posible”. (En interrogatorio con la Fiscalía, Diego Cadena pidió disculpas)
El último reproche del abogado de Vélez tiene que ver con el sobrino del testigo, José Fernando Ocampo Vélez. El penalista explica en su comunicación que Ocampo Vélez está detenido en la misma cárcel y que es otro de los testigos en el proceso contra Cadena y el socio de este, Juan José Salazar. Lizarazo expone que, “por razones obvias de seguridad”, se pidió que Ocampo Vélez fuera reubicado junto con Carlos Enrique Vélez, solicitud que, según el litigante, también ha caído en oídos sordos. Por esas razones, sostiene el abogado Lizarazo, Vélez guardará silencio “hasta tanto estén dadas las garantías y esté resguardada su integridad y la de su familia”.
“La Fiscalía puede usar mecanismos para obligarlo a declarar en juicio, pero en el escenario de que la situación no mejore, él le hará saber al juez por qué se abstiene de hacerlo. Si la Fiscalía no le garantiza seguridad, él no tiene por qué hablar”, le dijo a El Espectador el defensor de Vélez, Óscar Lizarazo. El litigante aseguró que él no tenía nada malo por decir del fiscal del caso, Daniel Hernández, y que, al contrario, “él ha sido muy diligente”. Pero que, debido a la connotación y la delicadeza de los casos en los que puede aportar Vélez, “buscamos es ejercer presión para que la Fiscalía, a su vez, logre que el INPEC cumpla con sus obligaciones”.
El abogado Lizarazo dejó claro que Vélez no quiere ningún tratamiento especial. Que lo que quiere es baño propio para no tener que salir a exponerse con otros presos. “Carlos Enrique ha hecho los requerimientos al INPEC directamente. La relación con los dragoneantes es amable, pero con la directiva del establecimiento no es la mejor”, sostiene Lizarazo. En la audiencia preparatoria para el juicio a Cadena que tuvo lugar el pasado 14 de abril, el fiscal Hernández expuso que se ha reunido más de una vez con Vélez recientemente por las preocupaciones del recluso sobre su seguridad, y Hernández manifestó que ha estado atento a los requerimientos ante el INPEC.
El Espectador contactó también al INPEC, el cual aseguró que Lizarazo ha visitado a Vélez tres veces este año, aunque Lizarazo asegura que esos ingresos se dieron solo porque había diligencia programada con la Fiscalía. Sobre la salud de Vélez, el instituto sostiene que a él lo valoró un médico de la cárcel en febrero de este año, le hicieron exámenes e “inició un tratamiento médico” bajo supervisión. El INPEC dice tener un acta de policía judicial en la que Vélez constató que estaba bien en su celda y, en relación con su sobrino, este no puede ser reubicado porque sus delitos lo tienen en un pabellón de mediana seguridad. Vélez está en el de máxima seguridad.
¿Un traspié para el juicio a Cadena?
Esta decisión de no cooperar más con la Fiscalía podría poner en serios aprietos al ente investigativo, que llamó a juicio a Diego Cadena y a Juan José Salazar en 2020 por dos cargos, soborno en actuación penal y fraude procesal -los mismos delitos por los que está investigado Álvaro Uribe-. Para la Fiscalía, cuando Cadena y Salazar empezaron a visitar diferentes cárceles del país en busca de testigos que pudieran hablar a favor del exmandatario, los abogados cruzaron la frontera de la legalidad y terminaron ofreciendo pagos o prebendas a personas como Carlos Enrique Vélez, un antiguo integrante del frente Cacique Pipintá conocido con el alias de Víctor.
La gestión de Cadena y Salazar se tradujo en varias cartas -elaboradas por el propio Cadena- enviadas a la Corte Suprema en 2018, en las cuales algunos exparamilitares señalaron ofrecimientos del senador Iván Cepeda para incriminar al expresidente Uribe. Vélez fue uno de ellos, pero luego cambió de versión y terminó admitiendo un delito: que él había recibido dinero de Cadena para favorecer al exmandatario. El pasado 8 de febrero el grupo del fiscal Gabriel Jaimes, que maneja el caso Uribe, tomó declaración juramentada de Vélez y este reiteró su testimonio. Aseguró que Cadena le ofreció $200 millones y que alcanzó a recibir casi $50 millones.
En su escrito de acusación contra Diego Cadena y Juan José Salazar, la Fiscalía aseguró que tiene probados pagos por $48 millones a Vélez por medio de familiares: María Helena Vélez, su hermana, $5,8 millones; José Fernando Ocampo, su sobrino, $18 millones; Ricardo Diosa, su primo, $10 millones, y la lista continúa. Según Vélez, Diego Cadena lo visitó sin anuncio previo en la cárcel de Palmira en junio de 2017 y le ofreció la cantidad mencionada a cambio de acusar a Cepeda y desmentir a Pablo Hernán Sierra, exjefe del frente Cacique Pipintá que ha declarado que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe promovieron la aparición del bloque Metro.
Cadena, por su parte, tiene otra versión de esos pagos: no los niega, sino que asevera que se hicieron por razones “humanitarias”. En su interrogatorio el 5 de noviembre de 2019, diligencia que duró más de ocho horas, el abogado le dijo al fiscal Daniel Hernández: “Reconozco que se cometieron errores, imprudencias, pero en ningún momento aquí se sobornó a una persona para que cambiara, ocultara o mintiera en sus declaraciones (...) como el fiscal del caso, le presento mis disculpas de mis actuaciones, que no fueron de pronto… créame que esto me deja una gran experiencia”. (Caso Uribe: Diego Cadena ante los ojos de la Corte Suprema vs. los de la Fiscalía)
“¿A usted no le pareció esto supremamente irresponsable?”, lo cuestionó el fiscal Hernández en ese momento. “Doctor Daniel, actué de buena fe”, contestó Cadena. “Le acepto la buena fe porque es un principio que nos rige a absolutamente todos, pero usted es abogado y es penalista y lleva años en esto. Le pregunto nuevamente: ¿no es como mínimo una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra respecto de una información que le suministrara un testigo? (…) Es poco creíble que un abogado se ponga a hacer un documento para un testigo, o sea, realmente se lo digo acá, es que no tengo cómo creerle...”, cerró el fiscal.
El pasado 24 de febrero, Cadena declaró bajo juramento ante el grupo del fiscal Gabriel Jaimes, en calidad de testigo, en el marco de la investigación contra el expresidente Uribe. En la diligencia, que duró tres horas largas y se hizo en Cali, el fiscal que le hizo preguntas le aclaró que no estaba obligado a “declarar en contra de su cliente” y, en más de una ocasión, Cadena respondió que se abstenía de responder “por secreto de profesional”. Dijo que Uribe lo contrató para verificar información, nunca para sobornar testigos. Que él ni siquiera los buscó por iniciativa propia, sino que Uribe o su asesor Fabián Rojas le daban los nombres de los testigos potenciales.
Así, se supone, fue que Diego Cadena llegó hasta Carlos Enrique Vélez a la cárcel de Palmira en 2017. El penalista, sin embargo, le dijo a la Fiscalía que su misión era encontrar personas que pudieran decir la verdad. “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe”, declaró Cadena. Su juicio ya está en la etapa preparatoria, la última audiencia se realizó el pasado miércoles 14 de abril y continuará el 15 de junio. Pero, como los testimonios solo adquieren valor de prueba si la persona declara y es contrainterrogada en juicio, la pregunta del millón es si la Fiscalía puede ganar el juicio contra Cadena sin Carlos Enrique Vélez.
Vea: Hoy pagan Ingreso Solidario: así puede saber si es beneficiario y cómo reclamarlo
Por estos días en que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos está en boga, con una solicitud de preclusión de la Fiscalía pendiente de resolverse en el Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, hay un juicio en paralelo andando que tiene todo que ver con ese caso: el de Diego Cadena. Se trata del hombre que, como abogado de Uribe, fue a distintas cárceles para conseguir testimonios que favorecieran al exmandatario. La Fiscalía, sin embargo, podría sufrir un duro revés a raíz de una comunicación que envió este martes 20 de abril un testigo clave llamado Carlos Enrique Vélez Ramírez. (La acusación contra Diego Cadena, antiguo abogado del expresidente Uribe)
“En virtud de lo expuesto, y por otras razones fácticas que me reservo, se ha tomado la decisión de no continuar con la colaboración con la Fiscalía General de la Nación”, le dijo Vélez al fiscal séptimo delegado ante el Tribunal de Distrito, Daniel Hernández, a través de una comunicación radicada por su abogado defensor, Óscar Lizarazo. En la misiva, conocida por El Espectador, se plasmaron varios reclamos. El primero, dice el penalista: “Desde que asumí la representación jurídica del señor Vélez Ramírez no ha sido posible sostener una entrevista personal y en privado con mi prohijado, dado que el INPEC no lo ha permitido ni siquiera de manera virtual”.
El segundo, manifestó el abogado Lizarazo, tiene que ver con la salud de Vélez. “Mi representado viene presentando extraños cuadros de salud, como malestar general y especialmente fuertes mareos que afectan considerablemente sus sentidos visuales y auditivos; y al parecer el Instituto (INPEC) se ha sustraído de brindar la atención médica correspondiente”. El tercero tiene que ver con el INPEC de nuevo y con el calabozo donde Vélez está dentro de la cárcel de Palmira. Llegó allí por su propia solicitud, por razones de seguridad, pero “carece de baño privado” y, aunque ha solicitado su reubicación a la celda vecina, “no ha sido posible”. (En interrogatorio con la Fiscalía, Diego Cadena pidió disculpas)
El último reproche del abogado de Vélez tiene que ver con el sobrino del testigo, José Fernando Ocampo Vélez. El penalista explica en su comunicación que Ocampo Vélez está detenido en la misma cárcel y que es otro de los testigos en el proceso contra Cadena y el socio de este, Juan José Salazar. Lizarazo expone que, “por razones obvias de seguridad”, se pidió que Ocampo Vélez fuera reubicado junto con Carlos Enrique Vélez, solicitud que, según el litigante, también ha caído en oídos sordos. Por esas razones, sostiene el abogado Lizarazo, Vélez guardará silencio “hasta tanto estén dadas las garantías y esté resguardada su integridad y la de su familia”.
“La Fiscalía puede usar mecanismos para obligarlo a declarar en juicio, pero en el escenario de que la situación no mejore, él le hará saber al juez por qué se abstiene de hacerlo. Si la Fiscalía no le garantiza seguridad, él no tiene por qué hablar”, le dijo a El Espectador el defensor de Vélez, Óscar Lizarazo. El litigante aseguró que él no tenía nada malo por decir del fiscal del caso, Daniel Hernández, y que, al contrario, “él ha sido muy diligente”. Pero que, debido a la connotación y la delicadeza de los casos en los que puede aportar Vélez, “buscamos es ejercer presión para que la Fiscalía, a su vez, logre que el INPEC cumpla con sus obligaciones”.
El abogado Lizarazo dejó claro que Vélez no quiere ningún tratamiento especial. Que lo que quiere es baño propio para no tener que salir a exponerse con otros presos. “Carlos Enrique ha hecho los requerimientos al INPEC directamente. La relación con los dragoneantes es amable, pero con la directiva del establecimiento no es la mejor”, sostiene Lizarazo. En la audiencia preparatoria para el juicio a Cadena que tuvo lugar el pasado 14 de abril, el fiscal Hernández expuso que se ha reunido más de una vez con Vélez recientemente por las preocupaciones del recluso sobre su seguridad, y Hernández manifestó que ha estado atento a los requerimientos ante el INPEC.
El Espectador contactó también al INPEC, el cual aseguró que Lizarazo ha visitado a Vélez tres veces este año, aunque Lizarazo asegura que esos ingresos se dieron solo porque había diligencia programada con la Fiscalía. Sobre la salud de Vélez, el instituto sostiene que a él lo valoró un médico de la cárcel en febrero de este año, le hicieron exámenes e “inició un tratamiento médico” bajo supervisión. El INPEC dice tener un acta de policía judicial en la que Vélez constató que estaba bien en su celda y, en relación con su sobrino, este no puede ser reubicado porque sus delitos lo tienen en un pabellón de mediana seguridad. Vélez está en el de máxima seguridad.
¿Un traspié para el juicio a Cadena?
Esta decisión de no cooperar más con la Fiscalía podría poner en serios aprietos al ente investigativo, que llamó a juicio a Diego Cadena y a Juan José Salazar en 2020 por dos cargos, soborno en actuación penal y fraude procesal -los mismos delitos por los que está investigado Álvaro Uribe-. Para la Fiscalía, cuando Cadena y Salazar empezaron a visitar diferentes cárceles del país en busca de testigos que pudieran hablar a favor del exmandatario, los abogados cruzaron la frontera de la legalidad y terminaron ofreciendo pagos o prebendas a personas como Carlos Enrique Vélez, un antiguo integrante del frente Cacique Pipintá conocido con el alias de Víctor.
La gestión de Cadena y Salazar se tradujo en varias cartas -elaboradas por el propio Cadena- enviadas a la Corte Suprema en 2018, en las cuales algunos exparamilitares señalaron ofrecimientos del senador Iván Cepeda para incriminar al expresidente Uribe. Vélez fue uno de ellos, pero luego cambió de versión y terminó admitiendo un delito: que él había recibido dinero de Cadena para favorecer al exmandatario. El pasado 8 de febrero el grupo del fiscal Gabriel Jaimes, que maneja el caso Uribe, tomó declaración juramentada de Vélez y este reiteró su testimonio. Aseguró que Cadena le ofreció $200 millones y que alcanzó a recibir casi $50 millones.
En su escrito de acusación contra Diego Cadena y Juan José Salazar, la Fiscalía aseguró que tiene probados pagos por $48 millones a Vélez por medio de familiares: María Helena Vélez, su hermana, $5,8 millones; José Fernando Ocampo, su sobrino, $18 millones; Ricardo Diosa, su primo, $10 millones, y la lista continúa. Según Vélez, Diego Cadena lo visitó sin anuncio previo en la cárcel de Palmira en junio de 2017 y le ofreció la cantidad mencionada a cambio de acusar a Cepeda y desmentir a Pablo Hernán Sierra, exjefe del frente Cacique Pipintá que ha declarado que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe promovieron la aparición del bloque Metro.
Cadena, por su parte, tiene otra versión de esos pagos: no los niega, sino que asevera que se hicieron por razones “humanitarias”. En su interrogatorio el 5 de noviembre de 2019, diligencia que duró más de ocho horas, el abogado le dijo al fiscal Daniel Hernández: “Reconozco que se cometieron errores, imprudencias, pero en ningún momento aquí se sobornó a una persona para que cambiara, ocultara o mintiera en sus declaraciones (...) como el fiscal del caso, le presento mis disculpas de mis actuaciones, que no fueron de pronto… créame que esto me deja una gran experiencia”. (Caso Uribe: Diego Cadena ante los ojos de la Corte Suprema vs. los de la Fiscalía)
“¿A usted no le pareció esto supremamente irresponsable?”, lo cuestionó el fiscal Hernández en ese momento. “Doctor Daniel, actué de buena fe”, contestó Cadena. “Le acepto la buena fe porque es un principio que nos rige a absolutamente todos, pero usted es abogado y es penalista y lleva años en esto. Le pregunto nuevamente: ¿no es como mínimo una actitud irresponsable generar un documento, escribirlo con su puño y letra respecto de una información que le suministrara un testigo? (…) Es poco creíble que un abogado se ponga a hacer un documento para un testigo, o sea, realmente se lo digo acá, es que no tengo cómo creerle...”, cerró el fiscal.
El pasado 24 de febrero, Cadena declaró bajo juramento ante el grupo del fiscal Gabriel Jaimes, en calidad de testigo, en el marco de la investigación contra el expresidente Uribe. En la diligencia, que duró tres horas largas y se hizo en Cali, el fiscal que le hizo preguntas le aclaró que no estaba obligado a “declarar en contra de su cliente” y, en más de una ocasión, Cadena respondió que se abstenía de responder “por secreto de profesional”. Dijo que Uribe lo contrató para verificar información, nunca para sobornar testigos. Que él ni siquiera los buscó por iniciativa propia, sino que Uribe o su asesor Fabián Rojas le daban los nombres de los testigos potenciales.
Así, se supone, fue que Diego Cadena llegó hasta Carlos Enrique Vélez a la cárcel de Palmira en 2017. El penalista, sin embargo, le dijo a la Fiscalía que su misión era encontrar personas que pudieran decir la verdad. “Que digan la verdad incluso si me perjudica, me decía Uribe”, declaró Cadena. Su juicio ya está en la etapa preparatoria, la última audiencia se realizó el pasado miércoles 14 de abril y continuará el 15 de junio. Pero, como los testimonios solo adquieren valor de prueba si la persona declara y es contrainterrogada en juicio, la pregunta del millón es si la Fiscalía puede ganar el juicio contra Cadena sin Carlos Enrique Vélez.
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