Tierralta: civiles en riesgo de desplazamiento tras denunciar abusos de militares
Los pobladores de varias veredas de Tierralta (Córdoba) advierten un desplazamiento masivo por riesgos en su seguridad e incumplimientos del Estado.
La comunidad de El Manso en Tierralta (Córdoba), quienes denunciaron abusos por parte de la Fuerza Pública el pasado 11 de septiembre, advierten que, tras dar a conocer los hechos, podría presentarse un desplazamiento masivo. El motivo es que, las ayudas y compromiso a los que llegaron con el Estado, no han llegado hasta la zona. Incluso, aseguran que los atemoriza el aumento de la presencia de la Fuerza Pública en la zona.
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La preocupación de la gente fue dada a conocer a la Defensoría del Pueblo, según afirmó el defensor Carlos Camargo. De acuerdo con la entidad, la preocupación ha sido puesta de presente por los habitantes de las veredas Crucito, Bocas de Cruz Grande, San Pablo, Gilgal, Tucú, Ballenas, Sancón, Gloria 1, Gloria 2, Llanos del Tigre y Palestina. Los civiles manifiestan que fue aumentado el número de militares en la zona desde el 21 de septiembre.
El defensor Camargo manifiesta que “lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno Nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”.
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Por los recientes hechos de violencia ocurridos en Tierralta, la población civil pide que se tomen declaraciones, por lo cual la Defensoría le pidió a la Personería municipal que las realice de acuerdo con la ley (1448 del 2011). La entidad también expresó su deseo de ayudar a tomar los testimonios y le pidió a la Unidad de Víctimas que realice la valoración de los hechos narrados.
Por otra parte, el defensor Carlos Camargo expresó su preocupación por el posible desplazamiento masivo. En caso de materializarse la posibilidad, podría generar se una crisis humanitaria en el casco urbano de Tierralta, según advirtió el defensor, quien además señaló que esperan que “la respuesta institucional se dé prontamente para que las comunidades rurales no se desplacen; sin embargo, le solicitamos a la Alcaldía de Tierralta activar un plan de contingencia cuyo fin sea garantizar los mínimos vitales. A la Gobernación y la Unidad de Víctimas, activar el mecanismo de corresponsabilidad para un eventual apoyo subsidiario”.
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De igual manera, llamaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el posible escenario de desplazamiento. “A la Secretaría de Salud del departamento le solicitamos estar preparadas para atender hechos que puedan afectar a la población de Boca del Manso y de las demás veredas derivados de las dinámicas propias de un desplazamiento masivo”, dijo Camargo.
Asimismo, la Defensoría señala que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), deben estar atentas ante la posible emergencia humanitaria. “Como Defensoría del Pueblo continuamos acompañando a las familias afectadas y seguimos atentos para articular nuestra labor con las entidades competentes. Porque los derechos humanos de las comunidades deben ser garantizados por todo el aparato estatal”, concluyó el defensor del pueblo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La comunidad de El Manso en Tierralta (Córdoba), quienes denunciaron abusos por parte de la Fuerza Pública el pasado 11 de septiembre, advierten que, tras dar a conocer los hechos, podría presentarse un desplazamiento masivo. El motivo es que, las ayudas y compromiso a los que llegaron con el Estado, no han llegado hasta la zona. Incluso, aseguran que los atemoriza el aumento de la presencia de la Fuerza Pública en la zona.
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El defensor Camargo manifiesta que “lo que nos han manifestado las distintas comunidades es que harán un desplazamiento masivo para que sus peticiones sean atendidas por la institucionalidad. En consecuencia, llamamos al Gobierno Nacional, al departamental y al municipal para que actúen en beneficio de las familias. Es obligación del Estado atender sus reclamos y buscar las soluciones”.
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Por los recientes hechos de violencia ocurridos en Tierralta, la población civil pide que se tomen declaraciones, por lo cual la Defensoría le pidió a la Personería municipal que las realice de acuerdo con la ley (1448 del 2011). La entidad también expresó su deseo de ayudar a tomar los testimonios y le pidió a la Unidad de Víctimas que realice la valoración de los hechos narrados.
Por otra parte, el defensor Carlos Camargo expresó su preocupación por el posible desplazamiento masivo. En caso de materializarse la posibilidad, podría generar se una crisis humanitaria en el casco urbano de Tierralta, según advirtió el defensor, quien además señaló que esperan que “la respuesta institucional se dé prontamente para que las comunidades rurales no se desplacen; sin embargo, le solicitamos a la Alcaldía de Tierralta activar un plan de contingencia cuyo fin sea garantizar los mínimos vitales. A la Gobernación y la Unidad de Víctimas, activar el mecanismo de corresponsabilidad para un eventual apoyo subsidiario”.
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De igual manera, llamaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para que se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes ante el posible escenario de desplazamiento. “A la Secretaría de Salud del departamento le solicitamos estar preparadas para atender hechos que puedan afectar a la población de Boca del Manso y de las demás veredas derivados de las dinámicas propias de un desplazamiento masivo”, dijo Camargo.
Asimismo, la Defensoría señala que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), deben estar atentas ante la posible emergencia humanitaria. “Como Defensoría del Pueblo continuamos acompañando a las familias afectadas y seguimos atentos para articular nuestra labor con las entidades competentes. Porque los derechos humanos de las comunidades deben ser garantizados por todo el aparato estatal”, concluyó el defensor del pueblo.
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