Entre las 303 víctimas de falsos positivos que dejó la Brigada XVI del Ejército en Casanare, hubo trabajadoras sexuales, jóvenes que se identificaban con la cultura punk y un hombre de la población LGBTIQ. Al imputar a 22 militares, un exagente del DAS y dos civiles por estas muertes ilegítimas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que un porcentaje de las víctimas fueron escogidas por su condición de vulnerabilidad, con el fin de suprimir identidades diversas, excluidas y estigmatizadas en el departamento, como una forma de ejercer control territorial en Yopal.
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En el auto anunciado este 25 de julio, con el que la JEP llamó a reconocer responsabilidad al general en retiro Henry Torres Escalante y otros 21 exmiembros del Ejército, la Sala de Reconocimiento aseguró: “En aras de escarmentar y disuadir a los habitantes del Casanare de que pudiesen ser, pertenecer a grupos sociales o realizar actividades que los efectivos del Ejército considerasen –según sus parámetros— desviados y de mantener el control microterritorial, en determinados municipios, barrios y zonas, por parte de las unidades tácticas, los efectivos de la Brigada XVI etiquetaron a la población casanareña como ‘gente de bien [o] bandidos’”.
Uno de los grupos sociales perseguidos por el Ejército fue a la población con orientación sexual o identidad de género diversa. De hecho, un hombre inocente que pertenecía a la población LGBT fue asesinado y presentado como un guerrillero muerto en combate. Un testigo le contó a la JEP lo que le decían los militares antes de matarlo: “Que era un marica detestable, que qué asco, que severa flor, (…) qué haremos con el mariquita, siga llorando mariquita y le pegaban, y él obviamente se ponía a llorar y ellos no dejaban de golpearlo, le daban por todos lados y obvio lo insultaban, malparido, vicioso”.
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La JEP encontró que “la estigmatización se presentaba, fundamentalmente, en barrios de las zonas urbanas de Yopal, Aguazul y Tauramena donde existían bares o prostíbulos de cuyas instalaciones sacaban a las víctimas, en algunos casos puestas en estado de alicoramiento y engañadas por los efectivos de las unidades, para proceder con su ejecución, con un ‘se tiene que morir’ sentenciaban a las víctimas”. De hecho, entre las víctimas también hubo trabajadoras sexuales, que fueron engañadas, asesinadas y luego presentadas como bajas en combate porque pensaban que nadie las extrañaría.
Uno de los hechos que halló la JEP lo ejecutaron hombres del Gaula militar de Casanare, unidad responsable de gran parte de los falsos positivos en este departamento. Un cabo le ofreció a la trabajadora sexual $50 mil a cambio de pasar la noche con él en un hotel. La mujer accedió y, cuando iban en carretera, militares del Gaula los detuvieron. La hicieron subir a un carro del Ejército y “los seis integrantes de la patrulla del Gaula obligaron a la mujer a cambiarse de ropa, le entregaron una sudadera azul oscura, y unas botas de caucho, con las que tuvo que vestirse antes de ser asesinada”. Le dispararon de frente y le pusieron un revólver en la mano.
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“La condición de género, labor, cultura, condiciones cognitivas y nivel económico de las víctimas eran motivos suficientes de estigmatización y señalamiento que determinaban ser identificados por el personal del Ejército como susceptibles de ser eliminadas puesto que ‘no servían al desarrollo de una comunidad’”, aseguró la JEP en el auto de determinación de hechos y conductas. Además, al momento de reportar las bajas, las autoridades no hacían mayor esfuerzo por asegurarse plenamente de que los muertos reportados pertenecieran a la guerrilla.
Esas percepciones estigmatizantes que los militares tenían hacia la población civil, según la JEP, están explícitas es varios manuales del Ejército. Y también fueron asesinadas personas que habían sido previamente víctimas de “censos”: los habían detenido en la calle bajo supuestas sospechas de ser milicianos. “La Sala ha podido documentar cómo las víctimas denunciaron retenciones arbitrarias por parte de los efectivos de la brigada, en las que fueron acusadas de ser colaboradores de la guerrilla, llevadas a la Brigada XVI, fotografiadas y, en algunos casos, maltratadas”, explicó la JEP.
Tal fue el caso de Kemel Mauricio Arteaga Cuartas y Andrés Fabián Garzón Lozano, dos jóvenes que fueron asesinados y presentados como bajas en combate, pero, como resumieron sus familiares: “su único pecado era escuchar su música punk”. En marzo de 2007, Garzón Lozano había sido detenido y amenazado. Al cabo de unos días de que lo dejaran en libertad, estaba tomando cerveza en un bar con Arteaga Cuartas cuando fueron abordados por militares, que los engañaron y los llevaron a otro lugar abandonado, para matarlos. Uno de los militares implicados reconoció: “Yo di la orden. Las víctimas estaban de pie, lo único que se les puso fue botas de caucho. Se sindicaban como banda delincuencial, Bacrim. No había ningún indicio”.
En esta investigación la sala determinó que 303 personas fueron asesinadas para ser presentadas como falsas bajas en combate, en 218 acciones realizadas en Casanare. También halló que algunas víctimas fueron trasladadas desde Boyacá, Meta y Arauca. pic.twitter.com/TH4IwBj9Hz
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) July 25, 2022
Para la JEP, “el oprobioso accionar de los efectivos del Birno y del Gaula Casanare, al eliminar a integrantes de la población del Casanare por sus características y condiciones sociales, supone un gran impacto en el reconocimiento de la sociedad como diversa e inclusiva, promoviendo, así, una visión totalitaria que niega la individualidad y libertad de los integrantes de la sociedad”. Falta ver si los militares implicados aceptan estos señalamientos y reconocen, como concluyó la Sala de Reconocimiento, que establecieron una política para eliminar a personas vulnerables.
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