Tramitan desacato contra Policía Nacional por negociar $26 millones en biblias

Ante el Juzgado 15 del Circuito Laboral de Bogotá se tramita un incidente de desacato promovido por la Asociación de Ateos de Bogotá, cuyo origen es la posible compra de 720 biblias por parte del Estado. El debate jurídico está en que, a pesar de que una tutela fue decidida en contra de la Policía Nacional, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) sigue colgado el negocio que la institución firmó con la Comercializadora Bendito SAS.

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La Policía Nacional buscó un oferente para adquirir 720 biblias católicas y estaba dispuesta a pagar $36 millones para abastecer la Capellanía General. El Espectador pudo constar que la institución firmó un contrato de compraventa, el pasado 27 de julio, por un valor de $26 millones 280 mil, resultando favorecida la Comercializadora Bendito SAS. Cada biblia le costaría $36 mil a la Policía, la cual se comprometió a realizar un solo pago contra-entrega.

El problema es que ese negocio debería estar suspendido, como lo ordenó el mismo Juzgado 15 Laboral de Bogotá el pasado 30 de julio. El fallo fue comunicado tres días después de que el Capellán General de la Policía, Gustavo Gonzáles, firmara el acuerdo con la Comercializadora Benito, con el aval de la patrullera Annhy Hernández, estructuradora del estudio previo. A pesar de la suspensión, el negocio está colgado entre los cientos de procesos de contratación de la Policía en el SECOP.

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Ante la negativa de la Policía Nacional, la Asociación de Ateos de Bogotá radicó un incidente de desacato, inclusive solicitando compulsar copias del expediente a la Fiscalía y a la Procuraduría. El abogado Nicolás Calderón, del departamento jurídico de la asociación, es quien ha presentado los recursos contra la Policía. Él radicó la primera acción de tutela y espera que el Juzgado 15 Laboral “tome las medidas necesarias”.

“La Constitución Política dice en su artículo 19 que todos los colombianos tenemos derecho a la libertad de culto. Este es un derecho de doble vía que no solo implica una facultad por parte de los ciudadanos de ejercer sus propios cultos, de creer en la religión que quieran y que el Estado se lo garantice, sino también una obligación por parte del Estado de abstenerse de promover algunas religiones, de invertir recursos en unas religiones”, explicó Calderón en diálogo con este diario.

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Según explicó el abogado Calderón, la biblia es un libro cristiano y, por tanto, su compra por parte del Estado implica una violación al deber de neutralidad ante todas las religiones consagrado en la Constitución. El Juzgado 15, dándole la razón a Calderón, consideró que el Estado no puede promocionar, patrocinar, impulsar o realizar cualquier actividad que incentive una confesión religiosa.

“El Estado es laico y debe proteger en igualdad de condiciones todas las religiones que se profesan en el país, sin tomar partido a favor de una de ellas y mucho menos invertir recursos para la promoción de las creencias o símbolos de alguna de ellas, razón por la cual consideramos que el proceso de contratación de mínima cuantía para la adquisición de 720 biblias para la Capellanía General de la Policía Nacional por un valor de $35.928.000 (valor estimado), resulta inconstitucional”, explicó el Juzgado.

Por su parte, la Policía Nacional, en su “identificación de la necesidad y justificación”, dijo que las actividades en la Capellanía General están orientadas a la atención espiritual y religiosa de los policías, así como de sus respectivas familias. “Es necesario que los funcionarios policiales se encuentren en optimas condiciones espirituales y anímicas con el fin de prestar un excelente servicio a las comunidades locales”, agregó.

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Y no solo eso. La institución sustento que “se pretenden adquirir (las biblias) para que puedan ser utilizadas y consultadas en diferentes climas y situaciones, por el personal que integra la institución, razón por la cual, fue determinada su adquisición con estuche, para que puedan protegerse del polvo, la lluvia y otros factores que se presentan en los diferentes escenarios del entorno policial”. El Espectador constató que la Policía tiene una “necesidad real” de 167.000 biblias.

Por último, el abogado Calderón espera que no lo estigmaticen en razón de su labor: “Siento, porque he conversado con algunos cristianos, que ellos piensan que nuestras acciones los están persiguiendo. Sin embargo, ellos no entienden que esto se trata de la protección de los derechos fundamentales de todos los colombianos. No todos en el país son católicos, hay cristianos protestantes, hay judíos, etc. Entonces, cuando el Estado se casa con una religión y decide invertir los recursos de todos en una sola religión, eso crea un gran problema para todos los ciudadanos”.

Ante el Juzgado 15 del Circuito Laboral de Bogotá se tramita un incidente de desacato promovido por la Asociación de Ateos de Bogotá, cuyo origen es la posible compra de 720 biblias por parte del Estado. El debate jurídico está en que, a pesar de que una tutela fue decidida en contra de la Policía Nacional, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) sigue colgado el negocio que la institución firmó con la Comercializadora Bendito SAS.

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La Policía Nacional buscó un oferente para adquirir 720 biblias católicas y estaba dispuesta a pagar $36 millones para abastecer la Capellanía General. El Espectador pudo constar que la institución firmó un contrato de compraventa, el pasado 27 de julio, por un valor de $26 millones 280 mil, resultando favorecida la Comercializadora Bendito SAS. Cada biblia le costaría $36 mil a la Policía, la cual se comprometió a realizar un solo pago contra-entrega.

El problema es que ese negocio debería estar suspendido, como lo ordenó el mismo Juzgado 15 Laboral de Bogotá el pasado 30 de julio. El fallo fue comunicado tres días después de que el Capellán General de la Policía, Gustavo Gonzáles, firmara el acuerdo con la Comercializadora Benito, con el aval de la patrullera Annhy Hernández, estructuradora del estudio previo. A pesar de la suspensión, el negocio está colgado entre los cientos de procesos de contratación de la Policía en el SECOP.

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“La Constitución Política dice en su artículo 19 que todos los colombianos tenemos derecho a la libertad de culto. Este es un derecho de doble vía que no solo implica una facultad por parte de los ciudadanos de ejercer sus propios cultos, de creer en la religión que quieran y que el Estado se lo garantice, sino también una obligación por parte del Estado de abstenerse de promover algunas religiones, de invertir recursos en unas religiones”, explicó Calderón en diálogo con este diario.

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Según explicó el abogado Calderón, la biblia es un libro cristiano y, por tanto, su compra por parte del Estado implica una violación al deber de neutralidad ante todas las religiones consagrado en la Constitución. El Juzgado 15, dándole la razón a Calderón, consideró que el Estado no puede promocionar, patrocinar, impulsar o realizar cualquier actividad que incentive una confesión religiosa.

“El Estado es laico y debe proteger en igualdad de condiciones todas las religiones que se profesan en el país, sin tomar partido a favor de una de ellas y mucho menos invertir recursos para la promoción de las creencias o símbolos de alguna de ellas, razón por la cual consideramos que el proceso de contratación de mínima cuantía para la adquisición de 720 biblias para la Capellanía General de la Policía Nacional por un valor de $35.928.000 (valor estimado), resulta inconstitucional”, explicó el Juzgado.

Por su parte, la Policía Nacional, en su “identificación de la necesidad y justificación”, dijo que las actividades en la Capellanía General están orientadas a la atención espiritual y religiosa de los policías, así como de sus respectivas familias. “Es necesario que los funcionarios policiales se encuentren en optimas condiciones espirituales y anímicas con el fin de prestar un excelente servicio a las comunidades locales”, agregó.

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Por último, el abogado Calderón espera que no lo estigmaticen en razón de su labor: “Siento, porque he conversado con algunos cristianos, que ellos piensan que nuestras acciones los están persiguiendo. Sin embargo, ellos no entienden que esto se trata de la protección de los derechos fundamentales de todos los colombianos. No todos en el país son católicos, hay cristianos protestantes, hay judíos, etc. Entonces, cuando el Estado se casa con una religión y decide invertir los recursos de todos en una sola religión, eso crea un gran problema para todos los ciudadanos”.